Victorino Alonso sabe mucho de dos cosas en esta vida: de carbón y de fraudes. Este viernes el empresario leonés, condenado por delitos contra el medio ambiente, y que en la actualidad cumple un tercer grado penitenciario, arrojó mucha luz en su comparecencia, vía telemática, ante la comisión parlamentaria que trata de depurar responsabilidades políticas por el accidente en la mina de Zarréu. Una explotación que un día fue la joya de la corona de su imperio minero, y que según su antiguo dueño, conserva todavía dos millones de toneladas de carbón por extraer.
Para Alonso, conocido popularmente como Don Vito, no existe duda de que “la administración sabía perfectamente” que en la explotación de Degaña se estaba sacando carbón. Según el empresario, el permiso de investigación complementario no existe, “es un invento moderno de estos especialistas para engañar al Ministerio, al Instituto de Transición y a todo el mundo”.
Se trata de la misma tesis que esta misma semana sostenían desde la plataforma Salvemos Peñamayor, y que también han apuntado en Ecoloxistes n´Aición d´Asturies. Según estas entidades, así como diferentes especialistas consultados por NORTES, los permisos de investigación complementaria se han convertido en el “coladero” para poder reabrir las minas de carbón sin devolver las ayudas públicas que recibieron para financiar su cierre. Un subterfugio legal que lleva el sello de Belarmina Díaz, ex directora general de Minería y Energía entre 2017 y 2025, y posteriormente consejera de Industria.
Alonso ha señalado que, tras una vida entera dedicada a la minería, nunca había oído hablar de un proyecto de investigación complementaria y ha considerado que se trata de un “invento” que se hizo para “poder explotar carbón ilegalmente y tener un poco cubierto el contexto”.
“La administración sabía perfectamente que se estaba sacando carbón y buscó las formas para que pudieran seguir haciéndolo, eso está más claro que el agua. Hasta un niño pequeño lo ve. Otra cosa es que no sé a qué nivel de la administración llega”, ha dicho Alonso a preguntas de los grupos parlamentarios.
Victorino Alonso, que comparecía desde la Asamblea de Madrid, ha considerado “imposible” que un inspector que acuda a esta mina desconociese lo que allí se está haciendo, “salvo que no quiera ir porque si ve eso tenga que pararlo y eso un compromiso y entonces ya no va”. “Lo sabía todo el mundo. Lo sabía el Principado, lo sabía el pueblo y lo sabía el Ayuntamiento”, ha insistido sobre la actividad que se estaba desarrollando en la explotación minera.
Alonso ha señalado que cuando estaba en activo los funcionarios de Minas eran “muy escrupulosos” y las inspecciones se realizaban de manera regular, cada dos o tres meses, si bien ha dicho no conocer a los que trabajan ahora porque “los antiguos se han debido de jubilar todos”. “Entonces no pasaban estas cosas y ahora pasan estas cosas. Ustedes sabrán lo que tienen en Minas”, ha añadido en relación a esta cuestión.
Jesús Rodríguez, un “chamicero”
Alonso también aprovechó la comparecencia para “disparar” contra el empresario Jesús Rodríguez Morán, del que dijo que le “ha robado desde hace quince años hasta la fecha”.
“Se dedica a robar a todo el mundo que pilla, no tiene ningún tipo de formación y compró voluntades a precio de saldo. Era un carbonero no un minero”, ha apuntado tras advertir de que el conocido como Chus Mirantes puede denominarse como un “chamicero”.
Alonso ha criticado la falta de medidas de seguridad, a su juicio, de la mina en el momento del siniestro, por lo que un accidente “era cuestión de tiempo”. En este punto, ha asegurado que el director facultativo de Blue Solving, José Antonio Fernández Casillas, al que no conoce, “no va a poder dormir en toda su vida” al permitir “negligencias de todo tipo en la seguridad” de la explotación.
“Se estipula que en minería tradicional, hay un muerto por cada millón de toneladas. Nosotros teníamos un cuarto de muerto por cada millón y estos señores tienen como 3.500 millones de muertos por cada millón de toneladas”, ha recalcado en su intervención.
Denuncia de Promining
Promining, empresa vinculada al empresario leonés Victorino Alonso, presentó tras el accidente de marzo una denuncia ante la Fiscalía de Asturias para advertir de que en Cerredo lejos de hacerse labores de investigación se sacaba carbón para calefacciones y usos industriales. Asimismo, registró antes del accidente, a mediados de marzo, ante la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación de Asturias y al Instituto para la Transición Ecológica un escrito denunciando irregularidades.
Alonso, que ha precisado que él no tiene ninguna relación con Promining, si bien es administrador de “alguna sociedad” propietaria de esta empresa, ha dicho que él no ordenó formular sendas denuncias, pero ha reconocido que las leyó “someramente por encima una vez”.
