El Consejo de Gobierno dará luz verde a mediados de marzo a la declaración de doce zonas tensionadas de mercado residencial ubicadas en los concejos de Xixón, Avilés, Llanes, Gozón y Cabrales y que aglutinan a 36.428 personas.
El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, lo ha avanzado este martes en el pleno del parlamento asturiano en respuesta a una pregunta planteada por la diputada del Somos Asturies, Covadonga Tomé.
Zapico ha indicado que, en estos momentos, estas doce zonas tensionadas están en fase de exposición pública y están distribuidas en cinco concejos: Xixón (La Arena y Cimavilla), Avilés (La Magdalena), Llanes (núcleo urbano, Posada, Barro, Poo, Celorio y Nueva), Gozón (Luanco) y Cabrales (Poo y Arenas). Quedaría sin embargo fuera Oviedo/Uviéu, que a pesar de cumplir con los requisitos, no ha sido incluida por la Consejería, decisión que ha motivado las críticas del PSOE local y de Podemos Asturies.
¿Qué son y cómo están funcionando?
Las zonas tensionadas son una figura creada en la Ley de Vivienda de 2023 para intervenir los mercados del alquiler donde el acceso a una vivienda se ha vuelto especialmente difícil. La normativa permite poner límite a la subida del alquiler en contratos nuevos y renovaciones, la congelación o reducción de precios para los grandes propietarios, así como intivos fiscales a pequeños propietarios que bajen el alquiler.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Vivienda, destinó 35 millones de euros en 2025 para subvencionar la compra pública y la construcción de vivienda asequible en las zonas tensionadas.
El Gobierno español, a través del Ministerio de Vivienda, destinó 35 millones de euros en 2025 para subvencionar la compra pública y la construcción de vivienda asequible en las zonas tensionadas. A pesar de estas facilidades, pocos gobiernos se han adherido a una medida combatida desde el primer momento por la derecha y los medios conservadores. Y es que desde que la ley permitió a los gobiernos autonómicos regular mercados “tensionados”, el número de municipios adheridos ha crecido muy lentamente.
Catalunya, País Vasco y Navarra son las únicas comunidades que han puesto en marcha la regulación, a la que se oponen el PP y el PSOE de Emilano García Page. Una excepción es A Coruña, gobernada por el PSOE y el BNG, y en la que la medida se aplicará gracias a un acuerdo con la Xunta de Galicia, en manos del PP.
En Catalunya, donde llevan funcionando desde marzo de 2024, y ya alcanza a 271 municipios, los primeros datos oficiales parecen confirmar una moderación de los precios. Tras más de un año de aplicación, los alquileres residenciales han experimentado un ligero descenso: alrededor de -3,7% de media y hasta -6,4% en Barcelona según el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).
Más recientemente, en Navarra, el promedio de alquiler bajó un 8,6% tras seis meses de intervención, pasando de 848 a 774 euros, cifras que las autoridades autonómicas presentan como prueba de que la intervención puede ser eficaz sin reducir la actividad del mercado.
En el País Vasco todavía no existen datos oficiales de las zonas tensionadas, de más reciente aplicación, y que abarcan Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irún, Galdakao, Donostia-San Sebastián, Bilbao, Astigarraga, Usurbil, Vitoria-Gasteiz, Hernani, Lezo y Tolosa, localidades en las que vive más de la mitad de la población de la comunidad.
La otra cara: oferta que se retrae y presión que persiste
La otra cara de la moneda en Catalunya y Navarra ha sido la búsqueda por parte de los propietarios de contratos que eluden la regulación, como los de temporada.
Desde los sindicatos de inquilinos confían en que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ponga fin a este fraude masivo, ya que con la reforma se extendería el límite de precios también a los contratos de temporada y de habitaciones. La medida está pactada con el bloque progresista y el PNV, pero depende de los votos de Junts.
