La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), junto a cinco asociaciones del transporte de viajeros y mercancías por carretera, ha interpuesto este viernes una acción de nulidad de pleno derecho contra el decreto que amplió en veintinueve años el plazo concesional de la autopista del Huerna.
La patronal asturiana señala en una nota que “arranca así” la batalla jurídica contra el peaje del Huerna, y añade que el Consejo de Ministros tiene seis meses para responder a esta petición de nulidad contra la ampliación de la concesión.
Con esta iniciativa, asesorada por Ontier, el tejido empresarial asturiano activa la vía legal para revisar una decisión que ha supuesto un “sobrecoste injusto” y “sostenido en el tiempo” para las empresas asturianas.
FADE, ASETRA-CETM Asturias, ASTRA, CESINTRA, ASVIPYMET y CAR defienden que la ampliación del plazo constituyó una “modificación sustancial” de la concesión originaria que, conforme a los principios de libre concurrencia, igualdad y transparencia recogidos en la normativa europea, “debería haber dado lugar a una nueva adjudicación y no a una mera modificación contractual”.
El peaje del Huerna “no es solo” una infraestructura, sino un factor que “condiciona la competitividad” de la industria, del transporte y de la logística asturiana, subraya FADE, que advierte de que otras regiones operan “sin este coste adicional” en sus principales vías de salida mientras que las empresas asturianas “soportan una carga diferencial que impacta directamente en precios, márgenes y capacidad de atraer inversión”.
La presidenta de FADE, María Calvo, ha dicho que no se trata de un “debate técnico” sino de una cuestión de “igualdad”, por lo que Asturias “no puede competir con una desventaja estructural” en su principal vía de conexión.
“Esta acción se une a la emprendida por el Gobierno de Asturias, que ha puesto en marcha el proceso para impugnar la prórroga de la concesión del peaje.”
Defender la supresión de este “lastre”, ha indicado, es hacerlo por el empleo, la inversión y el futuro de la región.
La acción se dirige al Consejo de Ministros, que dispone de seis meses para resolver, y en caso de desestimación o silencio administrativo, se abriría la vía contencioso-administrativa, que FADE pretende “emprender si fuese necesario”.
También subraya la patronal que la iniciativa es compatible con el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea frente a España por posible vulneración de las normas comunitarias de contratación pública en relación con esta ampliación concesional.
Una eventual sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea “reforzaría la posición jurídica” defendida por las organizaciones empresariales, concluye FADE.
Esta acción se une a la emprendida por el Gobierno de Asturias, que ha puesto en marcha el proceso para impugnar la prórroga de la concesión del peaje a través de una solicitud formal de revisión de oficio.
