Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo aumento del SMI para 2026, fijándolo en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 9,55 euros por hora y representa un alza del 3,1% respecto a 2025. La subida fue pactada por el Gobierno, CCOO y UGT, pero no contó con la firma de la CEOE. Desde 2021 la patronal se ha negado a apoyar la subida del salario mínimo, pese a la coyuntura expansionista que vive la economía española.
La cuantía, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, beneficiará a más de 1,6 millones de trabajadores, sobre todo mujeres, jóvenes y ocupados en los sectores más precarios, con menor sindicación y capacidad de negociación colectiva, como la agricultura o la hostelería.
El salario mínimo se creó en 1963, en pleno régimen franquista, para proteger a los trabajadores más vulnerables. Se trataba de la versión low cost de una herramienta existente en otros países europeos por la que el Estado, al margen de la negociación colectiva y los convenios, decreta un suelo salarial. En España su cobertura era muy limitada y no pasó de cantidades muy bajas hasta la Transición, con el Estado espoleado por la conflictividad social que caracterizó al final de la dictadura.
Entre 1973 y 1979, con unos sindicatos especialmente fuertes, jugando a la ofensiva, y el país sumido en una espiral inflacionista, el SMI experimentó un fuerte salto que empezaría a moderarse al inicio de los años 80. Fue precisamente a partir de 1982, con la victoria del PSOE, cuando el salario mínimo dejó de crecer a doble dígito. Con el felipismo España vuelve a especializarse en ser un país de salarios bajos, ya no tanto en el sector industrial, como en todo lo relacionado con el turismo, los servicios y la agricultura destinada a la exportación. Hasta finales de la década de 1990 el SMI permanecerá practicamente estancado.
A principios del siglo XXI los incrementos salariales se mantuvieron contenidos en el 2 %, si bien con la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, el SMI comenzó a experimentar incrementos de entre el 4 y el 6 %, pasando de los 460,5 euros a los 641,40. Con el inicio de la crisis de 2008 vuelve a estancarse, llegando a quedar congelado en 2012 y 2014, años en los que los gobiernos de Mariano Rajoy logran una fortísima bajada de los salarios.
Será tras la moción de censura a Rajoy, con el primer pacto presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos, todavía en la oposición, cuando se produzcan las mayores subidas salariales de la historia.
Desde 2018, cuando el SMI estaba en 735,90 euros mensuales, la senda de incrementos ha sido ininterrumpida: el suelo salarial español ha ascendido un 66%, hasta unos 1.200 euros que parecían inimiaginables en 2019, cuando el economista Nacho Álvarez, de Unidas Podemos, lanzó esa propuesta en la presentación del programa económico de la coalición de izquierdas. Aquella propuesta, que fue combatida por la entonces ministra de Economía Nadia Calviño, del PSOE, es hoy una realidad, y el presidente Pedro Sánchez, necesitado de exhibir triunfos sociales en una legislatura marcada por el bloqueo del Congreso, no quiso faltar el lunes a la firma del acuerdo con los sindicatos.
En Austria y los países nórdicos, con una alta sindicación, el SMI no se considera necesario, ya que los trabajadores tienen una alta capacidad de negociación colectiva
España es el séptimo país de la UE con un mayor salario mínimo, por detrás de Luxemburgo, Irlanda, Alemania, Holanda, Bélgica, Irlanda y Francia. El salario mínimo bruto en los 21 países de la UE oscila entre los 2.704 euros mensuales en 12 pagas de Luxemburgo y los 620 euros de Bulgaria, si bien cinco países europeos no tienen un salario mínimo: Dinamarca, Italia, Austria, Finlandia y Suecia.
En Austria y los países nórdicos, con una alta sindicación, el SMI no se considera necesario, ya que los trabajadores tienen una alta capacidad de negociación colectiva. En Italia en cambio, la instauración del SMI es una histórica reivindicación de los sindicatos.
Vaticinios de destrucción de empleo que nunca llegaron
La primera gran subida, en 2018, provocó una avalancha de advertencias desde analistas y algunos organismos institucionales como el Banco de España. Se afirmó que un salto tan abrupto en el coste mínimo de la mano de obra podría reducir la creación de empleo, sobre todo en pymes y sectores de baja productividad, o incluso provocar destrucción de puestos de trabajo. El entonces gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, llegó a vaticinar la destrucción de 150.000 empleos. También el PP y Vox cargaron contra la subida del SMI, alertando del impacto que tendría en el empleo. Los pronósticos no se cumplieron. Al contrario, España ha ganado ocupación y ha reducido el desempleo desde que el Gobierno empezó a elevar el SMI de forma continuada. No obstante, es difícil aislar con precisión el efecto de esas subidas de otros factores macroeconómicos.
Lo que sí ha desmontado la evidencia empírica es que los costes laborales no influyen de manera tan decisiva como otros factores en la creación de empleo. Es decir, la coyuntura económica y las expectativas de negocio importan bastante más que la subida de los salarios a la hora de que una empresa se decida a hacer más contrataciones.
Lo que el Premio Nobel de Economía David Card demostró a pequeña escala, estudiando la industria de la comida rápida en Nueva Jersey y Pennsylvania a finales de los años 90, se ha probado ahora a gran escala en la España de los gobiernos de coalición.
Una herramienta contra la pobreza que sigue limitada
La recuperación de los salarios más bajos ha sido uno de los factores que explican la reducción de la desigualdad de hogares en España desde 2020, según análisis recientes que atribuyen gran parte de esa mejora a la mejora de las rentas salariales y de las ayudas públicas. Sin embargo, esa transformación no ha borrado el problema de la pobreza. Datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 (INE) muestran que más de una cuarta parte de la población sigue en riesgo de pobreza o exclusión social.
Las expectativas de negocio pueden importar bastante más que la subida de los salarios a la hora de que una empresa se decida a hacer más contrataciones
Trabajar y no salir de la pobreza sigue siendo una realidad para un buen número de hogares, especialmente entre quienes tienen empleos parciales o temporales. Las subidas del SMI han aliviado esta situación para muchos, pero no han resuelto —ni por sí solas podían hacerlo— problemas como la temporalidad del empleo o la falta de horas suficientes para alcanzar niveles de ingreso dignos.
En lo que parece existir consenso es en que las subidas del SMI han beneficiado sobre todo a las mujeres y los jóvenes, los dos grupos con peores empleos y los salarios más bajos.
El SMI como motor de consumo… con frenos
Los incrementos del SMI han tenido efectos expansivos sobre el consumo de los hogares más pobres de la clase trabajadora, un grupo que tiende a gastar una mayor proporción de su renta, al no tener capacidad de ahorro, alimentando así la demanda interna en bienes y servicios. No obstante, el impacto de estas mejoras salariales, difícil de medir, se ha visto lastrado por dos grandes factores estructurales: la inflación persistente, que ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y el encarecimiento de los alquileres, que afecta precisamente a los sectores más pobres, sin vivienda propia, y entre los que es más frecuente cobrar el salario mínimo.
Estos factores muestran que, aunque el SMI ha funcionado como motor de impulso al consumo y como instrumento redistributivo, su impacto se ha visto mitigado por tendencias macroeconómicas y sectoriales que dibujan una realidad más compleja.
