Dacio Alonso es el fundador y presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, una organización que desde 1989 lleva peleando por organizar al atomizado consumidor frente a los abusos de bancos y grandes corporaciones. Con oficinas en las principales localidades asturianas y un potente equipo legal, la Unión de Consumidores atesora cientos de denuncias ganadas y cientos de miles de euros recuperados para sus asociados.
Ferroviario jubilado, con más de 40 años de servicio en FEVE, Dacio es un tipo afable, educado y tranquilo, pero al que no le tiemblan ni el pulso ni la voz cuando se trata de denunciar las ilegalidades cometidas por el poder económico con la complicidad del poder político. Es un partisano, apunta alto, y ahora se ha marcado un objetivo ambicioso: lograr la devolución de 60 millones de euros cobrados por Aucalsa a los usuarios del Huerna mientras la autopista se encuentra en obras.
¿Qué le están pidiendo al Principado con respecto al peaje del Huerna?
Queremos que el Gobierno asturiano ejerza sus competencias para proteger los derechos económicos de los consumidores y sancione a Aucalsa por practicas y clausulas abusivas en el cobro del peaje. Pagar íntegro el peaje cuando el 40% de los 74 kilómetros de autopista está en obras es una estafa. Por eso exigimos la máxima sanción que contempla la ley para que sea realmente disuasoria. Además, queremos que devuelvan lo cobrado de forma abusiva y de oficio, tal como conseguimos que lo hiciera la DGT por un radar ilegal en Oviedo. Conseguimos que devolvieran mas de 14.000 euros en multas.
¿Les ha dicho ya algo el Principado?
Hemos de ser prudentes y respetuoso con los tiempos, nosotros cumplimos con nuestra obligación como asociación representativa de los consumidores: presentar la denuncia y acreditar los abusos, conforme establece la legislación. Ahora la Administraccion tiene que cumplir con el suyo: acreditar lo denunciado, incoar el expediente y a nuestro juicio sancionar a Aucalsa con proporcionalidad al daño provocado. Además pedimos declarar como abusiva la practica de cobrar de forma desproporcionada por un servicio que no se presta. Exigimos ponderar el precio mientras permanezcan las obras y devolver lo cobrado de forma ilícita para evitar su enriquecimiento.
¿Qué posibilidades tienen los usuarios de recuperar el dinero?
La ley de consumidores contempla la posibilidad de dar a la empresa infractora la posibilidad de reparar el daño provocado con su conducta abusiva si manifiesta su voluntad de reparar el daño y habilita un procedimiento de oficio para que todas los usuarios sean compensados. De este modo se pueden beneficiar al ver reducida la sanción. De lo contrario tenemos que esperar que se confirme la sanción y la declaración administrativa de la practica abusiva. A continuación acudir con esa declaración firme a la vía judicial para obtener una condena reparadora del daño.
¿Por qué esa insistencia del ministro Óscar Puente en mantener la situación actual una vez que se ha sabido que el peaje es ilegal?
Es difícil de justificar su posición porque si, como dice, tiene que defender el interés general, el interés general hoy lo representa lo que le ha exigido el dictamen de la Comisión Europa: restaurar la legalidad que se vio alterada por la prórroga arbitraria e ilegal acordada en el año 2.000 para favorecer a Aucalsa y perjudicar al conjunto de los ciudadanos hasta el año 2050. Con su indolencia el Gobierno está favoreciendo y legitimando la corrupta decisión que tomó el Gobierno de Aznar.
¿Realmente se conoce todo el expediente del Ministerio autorizando la prórroga?
¿Por qué el Gobierno de Aznar cometió esta ilegalidad?
Lo que no se conoce de la ilegalidad denunciada en su día de forma valiente por el exdiputado Daniel Ripa es el precio y los beneficiarios de una decision que permite al Fondo Nearlandes propietario de Aucalsa beneficiarse ilegalmente con mas de 1.500 millones hasta el año 2050. Alguien tuvo que ser muy bien compensado por este pelotazo. ¿Realmente se conoce todo el expediente del Ministerio autorizando la prórroga?
¿Qué pasos debería ser los siguientes para sacar a Aucalsa de la gestión del Huerna?
Que el Gobierno asuma cuanto antes la exigencia de revisar de oficio el acto administrativo del año 2.000. Declarando la nulidad radical de ese acto administrativo y por tanto la nulidad de esa prórroga se abriría la puerta a reclamar lo pagado de forma ilegal desde octubre de 202, la fecha en la que empezó el plazo de la prorroga de la concesión.
¿Puede haber una demanda de Aucalsa?
Aucalsa sabía y conocía que la prebenda de la prórroga era ilegal y requería según el derecho nacional y comunitario un nuevo concurso publico. No tiene derecho a exigir indemnización alguna al ser cómplice necesario; más bien tiene que devolver lo cobrado de forma ilegal desde octubre de 2021.
¿Cómo podría gestionarse esa autopista en el futuro? ¿Titularidad estatal o traspaso autonómico?
Formaría parte de la red nacional de autovías del Estado, ostentando a todos los efectos su titularidad.
Transporte, vivienda, Costco
¿Cómo valoran los números de la tarjeta CONECTA y el incremento del transporte público?
Me parece que la tarjeta ha sido un pleno acierto de la Consejería de movilidad, pero el déficit del transporte ferroviario sigue siendo nuestra mayor debilidad.
¿Qué puede hacer Asturias ante los problemas ferroviarios? ¿Es la gestión autonómica la solución?
El abandono de las cercanías de FEVE, gracias a la presión ejercida por ALSA es el mayor escándalo de la historia política de Asturias. Ahora ya no es un problema de gestión estatal o autonómica, es un problema de inversión. No aprovechar los fondos comunitarios para tener la mejor red publica de transporte ferroviario., demuestra el poder real que tiene la multinacional ALSA.
¿Cómo valora la Unión las políticas del Principado en materia de Vivienda?
Creo que está haciendo una apuesta valiente y decida para abordar un problema tan grave para muchas familias, y especialmente los jóvenes. El paso siguiente es reconocer el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo exigible a los poderes públicos. Esta seria la mejor intervención en el mercado de la vivienda y la prioridad política para dar respuesta a este problema.
¿Qué sabemos de la nueva ley de consumidores del Principado? ¿Qué derechos va a pedir la Unión que se reconozcan en ella?
Ademas de otras muchas cosas, que refuerce su capacidad sancionadora, sobre todo a los poderosos. Si se sancionara a los bancos que acaban de presentar unos beneficios superiores a los 34.000 millones de euros y que de forma indecente se niegan a devolver a sus clientes el dinero que les adeudan por imponer clausulas declaradas abusivas por todos los tribunales, incluido el TJUE en los contratos hipotecarios, se estaría descongestionando la Justicia. Además podría recaudar más de 1.800 millones de euros a políticas publicas de vivienda. Es decir, tenemos la oportunidad con esta ley de pasar de proteger a los mercados y a los mercaderes a proteger a los ciudadanos como consumidores.
Una última cuestión: Costco
Es evidente que la licencia de apertura a Costco no responde a una necesidad real de los consumidores sino al pulso del alcalde que lo acaba de ganar. Veremos si es suficiente para conformarle.
