El Gobierno de España rompe su silencio sobre las responsabilidades políticas en el accidente de la mina de Zarréu, Degaña, y su relato no deja bien parado al Principado de Asturias. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) confirman que el Instituto para la Transición Justa no tenía constancia de minas activas en marzo de 2025, cuando se produjo la tragedia que costó la vida a cinco trabajadores. Las explotaciones carboníferas tampoco aparecían en la estadística minera estatal, elaborada a partir de los datos remitidos por las comunidades autónomas. ¿Por qué se le ocultó esta información?
El comunicado del ITJ pone el foco en algo que NORTES lleva señalando desde sus primeras informaciones sobre el accidente: cualquier mina que haya reabierto sin devolver las ayudas que recibió para financiar su cierre es completamente ilegal.
La forma patrocinada por la ex directora general de minería, y más tarde consejera de Industria, Belarmina Díaz, para eludir esta obligación de devolver las ayudas fueron los llamados permisos de investigación complementaria. En teoría son de carácter experimental y sirven para evaluar recursos. En la práctica funcionan como patentes de corso para sacar carbón sin devolver ayudas.
El fraude de los permisos de investigación
El caso de la mina de Zarréu es paradigmático. Según reveló NORTES, el Principado de Asturias concedió a esta empresa un permiso de investigación complementaria “a medida”, un documento que ni siquiera fue sometido a información pública.
Un buen conocedor de la minería de carbón, y también de sus fraudes, Victorino Alonso, afirmaba el pasado mes de enero en la comisión de investigación parlamentaria sobre el accidente de Zarréu que todas las minas del suroccidente están abiertas con un “permiso inventado”. Según Alonso, los permisos de investigación complementaria, son “un invento moderno de estos especialistas para engañar al Ministerio, al Instituto de Transición y a todo el mundo”.
Promining, empresa vinculada al empresario leonés, presentó tras el accidente de Zarréu una denuncia ante la Fiscalía de Asturias para advertir de que en Zarréu lejos de hacerse labores de investigación se sacaba carbón para calefacciones y usos industriales. El carbón ha subido de precio y su explotación vuelve a resultar rentable, sobre todo si las medidas de seguridad se relajan, tal y como pasaba en Zarréu.
Que en Zarréu se sacaba carbón era un secreto a voces. Solo el Principado parecía ignorarlo. Antes del accidente, a mediados de marzo, Promining denunciaba ante la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación de Asturias y al Instituto para la Transición Ecológica un escrito denunciando irregularidades en Zarréu. ¿Cómo es posible que el empresario leonés supiera de la extracción ilegal y no el Principado, que cuenta con servicios de inspección?
Tras la presión del Instituto de Transición Justa, el Gobierno asturiano empieza a hacer su trabajo
Tras el accidente, el Gobierno de España ha comenzado a reconstruir el mapa real de explotaciones. El Instituto para la Transición Justa ha solicitado información al Principado de Asturias para identificar minas activas y determinar si los empresarios mineros deben devolver ayudas públicas que recibieron del Estado para financiar un cierre no traumático de las explotaciones. Desde el Ministerio recuerdan que la explotación de minas de carbón está sujeta a la obligación de reintegro de ayudas públicas. Nadie les impide reabrir las minas, la extracción de carbón no está prohibida en España, pero lo que no es legal es cobrar ayudas por cerrar y luego reabrir por la puerta de atrás sin devolver un solo euro.
El Gobierno de Asturias ha comunicado este miércoles a TYC Narcea Special Research que la aprobación del proyecto de explotación para la reapertura de su mina de Veiga de Rengos, Cangas del Narcea, está condicionada a la posible devolución de las ayudas percibidas al cierre.
Así se recoge en una comunicación remitida por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo que su titular, Borja Sánchez, y el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, han trasladado a la propiedad y a la dirección facultativa de TYC Narcea.
Esta comunicación condiciona en este momento cualquier autorización que pueda adoptar el Principado en relación con la explotación de Veiga de Rengos, ha informado el Principado.
De acuerdo con la comunicación recibida, resultado de los intercambios de información entre la Consejería de Ciencia y el ITJ a raíz de las denuncias presentadas en marzo del año pasado, TYC Narcea deberá tramitar un procedimiento ante el ITJ para determinar la cuantía de las ayudas a devolver y su posterior abono.
Sánchez ha manifestado la disposición de la consejería a tramitar el proyecto de explotación de TYC Narcea una vez que la empresa resuelva el procedimiento ante el ITJ y ha afirmado que la posible reapertura de la explotación, “con estricto encaje en el marco legal”, puede ser fuente de empleo y actividad económica para el suroccidente de Asturias.
El consejero ha reiterado la voluntad del gobierno de aplicar el máximo rigor a todas las decisiones relacionadas con la actividad minera y que no va a moverse de ese planteamiento: “certeza jurídica, rigor administrativo y máxima seguridad a todos los efectos”
