Sira Rego (Valencia, 1973) es ministra de Juventud e Infancia, y militante de IU. Recientemente estuvo en Oviedo/Uviéu en el Congreso “Emociona Educación”, celebrado en el Palacio de Congresos de la capital asturiana. Sobre su mesa de trabajo la regulación del acceso a las redes sociales de los jóvenes, una reforma de la ley de protección a la infancia y las dramáticas cifras de pobreza infantil que registra año tras año España. En el corto plazo sacar adelante el decreto sobre vivienda que puede congelar las rentas de casi tres millones de inquilinos e inquilinas.
¿Qué va a pasar con el Decreto de vivienda?
El Real Decreto ya está en vigor desde el pasado domingo. Esto significa que todas las inquilinas cuyo contrato caduque en 2026 o en 2027 pueden pedir una prórroga. Y es importante que esta información llegue a todas las personas arrendatarias, para que puedan hacer valer sus derechos. ¿Qué pasará dentro de tres semanas? Que el Congreso de los Diputados tiene que elegir si está del lado de las familias o de los fondos buitres y los especuladores. Los últimos datos de Oxfam nos dicen que una de cada tres personas jóvenes sufrió un desahucio invisible en el último año como consecuencia de las subidas abusivas del alquiler, y la mitad de ellos tuvieron que volver a vivir con sus padres. Es una situación insoportable para millones de personas que ven que al finalizar su contrato, tienen que soportar incrementos del alquiler inasumibles. Tenemos que abandonar ya la fantasía neoliberal que trata de vendernos que “el mercado se autorregula”. Es falso, y eso tiene un nombre: abuso. El Real Decreto es urgente para no dejar desprotegidas a más de 2,5 millones de personas. Para que la vivienda deje de ser un lujo es imprescindible intervenir en el mercado. Y no nos cansaremos de pelear por esto: en las instituciones y en las calles. Tenemos unas semanas para presionar y que el Congreso convalide este Decreto que, insisto, es de mínimos.
Todo el mundo está obsesionado por sacar a los jóvenes de las pantallas, pero, ¿qué alternativas tienen? ¿Pasar la tarde en el centro comercial? ¿Dónde están los espacios físicos para socializar?
Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con el enfoque que haces en la pregunta. Por eso el trabajo que hemos hecho desde el Ministerio ha estado orientado precisamente a abordar toda la cuestión del espacio público digital desde la perspectiva también de lo que necesitamos en el espacio público físico. Necesitamos consolidar el derecho de la infancia y de la juventud a la ciudad. Creo que es muy obvio ahora mismo, sobre todo en las grandes ciudades —aunque también en ciudades más pequeñas—, que el diseño del espacio público no tiene en cuenta en absoluto las necesidades de niños y niñas. De hecho, a mucha gente parece molestarles verles jugando a la pelota. Lo que antes era algo común —encontrar espacios en la ciudad donde la infancia jugaba, corría, reía, gritaba— ahora ha desaparecido: están completamente expulsados del espacio público. De hecho, donde gobierna el Partido Popular en muchas comunidades autónomas lo que nos estamos encontrando es que cada vez se cierran más los espacios relacionados con la participación juvenil: las casas de juventud, pero también las estructuras de participación juvenil. Esto es una constante.
Son transformaciones sociales que exceden el Ministerio de Infancia y Juventud
Sí, por ejemplo la reducción de la jornada laboral es obviamente una mejora para la clase trabajadora de este país, pero también es un derecho para los niños y niñas disponer de más tiempo con sus familias, con la gente que les cuida y les atiende.
En España a partir de los años 80 y 90 todo pueblo pasó a tener su Casa de la Cultura, sin embargo no se logró nada parecido con las Casas de la Juventud. ¿Desde el Ministerio hay algún planteamiento con eso?
Bueno, esto tiene que ver sobre todo con las competencias que tienen los gobiernos autonómicos y también con algunas implicaciones relacionadas con los gobiernos locales, los gobiernos municipales. Ahí, desgraciadamente, estamos muy en manos de lo que decida cada gobierno en cada nivel de responsabilidad. Esto significa que hay lugares donde gobiernan —y lo digo así abiertamente— fuerzas de izquierdas o progresistas donde sí ha habido una apuesta por impulsar políticas de juventud y de infancia, con más habilitación de espacios; y donde gobierna la derecha estamos viendo que, primero, nunca hubo un gran despliegue y, segundo, está habiendo un retroceso en los espacios y una merma en todos los proyectos que tienen que ver con dar instrumentos y garantías para el desarrollo de programas de juventud. Siempre pongo como ejemplo la Comunidad de Madrid, donde la señora Ayuso se ha cargado el Consejo de la Juventud y los espacios asociados a él.
¿Se puede hacer algo desde el Gobierno de España?
A través de la Ley de Juventud habilitamos y garantizamos los espacios y procesos de participación política juvenil mediante una ley estatal, aunque reconociendo el límite competencial: muchas concreciones dependen de gobiernos autonómicos y locales. También hay que recordar que una parte de la juventud siempre ha estado movilizada y que muchas conquistas relacionadas con espacios juveniles han venido de la mano de la movilización. Hay que prestar mucha atención a esto y apoyar esa demanda de espacios y derechos.
Por seguir con el tema digital. ¿Cómo valora la decisión o el anuncio del presidente de limitar las redes sociales a los 16 años?
Este anuncio llega cuando ya llevamos un tiempo tramitando la Ley de entornos digitales seguros, la cual ahora mismo está en el Congreso de los Diputados en tramitación parlamentaria, por lo que puede aprobarse en poco tiempo. Plantea dos elementos fundamentales: garantizar los derechos de niños, niñas y jóvenes, y limitar o democratizar la industria tecnológica mediante mecanismos concretos. Mientras somos capaces de ordenar y regular determinados aspectos de las plataformas, creo que debemos ser muy garantistas con el acceso de niños y niñas a los entornos digitales, porque ahora mismo ese es el desafío. Soy más partidaria de regular a las grandes tecnológicas y exigir que cumplan la ley. A partir de ahí, hay que garantizar derechos, procesos de acompañamiento, herramientas pedagógicas y de aprendizaje. La ley contempla medidas restrictivas porque la información del grupo de expertos —académicos, pedagogos y profesionales de salud pública— señala que el entorno digital actual es problemático y pone en riesgo los derechos de la infancia. Mientras se regula el marco completo, hay que proteger a la infancia.
Las posibilidades de que los chavales salten ese límite son muy altas.
Bueno, esto es relativo. Planteamos un conjunto de medidas para evitarlo.
¿Cuáles son?
Controles parentales por defecto en todos los dispositivos, sencillos y eficaces. Una herramienta de verificación de edad —ya en pruebas— que limita el acceso a contenidos inadecuados y es garantista en privacidad. Seguimiento desde atención primaria para detectar usos problemáticos. También proponemos un itinerario curricular de alfabetización digital en términos de derechos y libertades, acceso a la información y detección de bulos y desinformación, que suponen un problema democrático. Es un mapa muy completo de medidas que dificultará hacer trampas para esquivar la regulación.
¿Cómo se posiciona el Ministerio en el debate sobre el porno?
El porno mainstream actúa como una forma de socialización sexual que reproduce desigualdades de género, cosifica los cuerpos y distorsiona el consentimiento, y esto es un problema especialmente para niños, niñas y adolescentes, que están construyendo sus referentes. Por eso, además de limitar el acceso temprano, es imprescindible una educación afectivo-sexual obligatoria que permita identificar estas violencias y construir tanto una sexualidad como relaciones libres, basadas en la igualdad, el respeto y la autodeterminación.
Otro tema cuando se habla de infancia es la pobreza infantil. España es uno de los países con más pobreza infantil de la UE.
Es una brecha muy importante y dramática en un país con cifras macroeconómicas positivas. Es un fenómeno estructural que arrastramos desde hace décadas. Un país desarrollado con tantos recursos debe ser capaz de resolverlo. Se hace con mecanismos de justicia económica, como la prestación universal por crianza: 200 euros mensuales de 0 a 18 años, universal, como en otros países europeos. Estudios señalan que podría sacar a 700.000 niños de la pobreza antes de 2030.
¿Qué impide ponerla en marcha?
Voluntad política. Desde Sumar apostamos claramente por ello. El debate gira también en torno a la fiscalidad: si es un derecho universal, debe financiarse con un sistema fiscal justo, donde quien más tiene más aporte. Ahí está uno de los principales escollos
En Asturias empieza a ser gratuita la educación infantil. ¿Tienen medidas para avanzar hacia la universalidad?
Es una línea de trabajo, aunque depende de las comunidades. Andalucía devolvió fondos para escuelas infantiles 0-3 por diferencias de modelo. En Asturias, en cambio, se está apostando por escuelines públicas y universales.
¿Cuáles son las líneas maestras de la futura reforma de la Ley de Protección de la Infancia?
Buscamos ampliar derechos ante las diferentes violencias que sufren niños, niñas y adolescentes. Planteamos el derecho a la escucha, reforzar la perspectiva de infancia en justicia, reconocer la violencia institucional, formar profesionales, garantizar defensa jurídica propia para menores y regular cuestiones como el acceso a espectáculos de violencia animal. Es una reforma integral que aborda la prevención y erradicación de violencias con un enfoque completo.
¿En qué consiste el derecho a la escucha?
El derecho a la escucha es clave: ha habido casos en los que no se ha escuchado a menores por su edad. Queremos garantizar su escucha con garantías técnicas y profesionales. También cancelar regímenes de visitas a hombres investigados por violencia o abuso sexual infantil. Un maltratador no puede ser un buen padre. La ampliación tiene un enfoque más garantista e integral y sitúa al niño en el centro, exigiendo que la sociedad se adapte a esa perspectiva.
¿Qué países europeos pueden ser modelo en políticas de juventud e infancia?
Depende del ámbito. Finlandia destaca en educación; Alemania ha resuelto mejor la pobreza infantil. España también es referencia: la LOPIVI es pionera en Europa y en derechos digitales estamos a la vanguardia. Aun así queda mucho por hacer, como ha señalado el Comité de Derechos del Niño de la ONU, aunque la evaluación general fue positiva.
Confluencia. ¿Cómo está la cosa?
Se ha abierto un debate importante. Debemos hacernos preguntas y dialogar también con la sociedad civil organizada. Eso puede permitir llegar a 2027 con una herramienta electoral útil. El proyecto político y el electoral no siempre van de la mano. Hay que repensar el proyecto político de la izquierda más allá de la institución.
¿Cómo ve la propuesta de Rufián?
Ha abierto un debate interesante. Está bien incomodarnos y agitarnos dentro de la izquierda. Eso obliga a hacernos preguntas y a responderlas. Ahora necesitamos respuestas: el cómo y el qué del programa. En lo programático solemos tener menos contradicciones; el cómo será la gran cuestión y, al final, quizá el quién.
