El Servicio de Minas del Principado pudo utilizar la figura del ‘proyecto de investigación complementaria” (PIC) para autorizar la extracción de carbón y eludir así la aplicación del cierre de la minera no competitiva y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Ambas normas exigen la devolución de las ayudas estatales percibidas “como requisito ineludible para autorizar explotación en minas sometidas a cierre”, según recoge el informe que la Inspección General de Servicios del Principado ha elaborado a raíz del accidente registrado hace ahora un año en la mina de Zarréu.
Esa hipótesis, avanzada por NORTES desde hace un año dejaría en el aire la continuidad de la minería de carbón asturiana, apuntando a la responsabilidad política no solo de Belarmina Díaz, ex consejera de Industria, sino también a los dos consejeros con los que Díaz fue directora de Energía y Minería, Enrique Fernández, en la actualidad presidente de HUNOSA, y su sucesora, Nieves Roqueñí, ahora al frente del puerto de El Musel.
El Gobierno asturiano encargó el informe tras la explosión registrada el 31 de marzo del pasado año en la que perdieron la vida cinco trabajadores leoneses y otros cuatro resultaron heridos cuando se encontraban en el nivel tercero de la explotación realizando labores de extracción de mineral.
Según el informe emitido hace un par de semanas por el Servicio de Minas del Principado, la empresa titular de los derechos de explotación, Blue Solving, llevaba a cabo una actividad “clandestina”, no estaba autorizada para la extracción de carbón, se incumplían medidas de seguridad y organización de los trabajos, y no había un sistema adecuado de ventilación de las galerías.
Blue Solving tenía autorizada la extracción de materiales achatarrable y acopios de carbón y había solicitado un PIC que le permitía extraer hasta 60.000 toneladas de carbón no térmico, si bien el Principado mantiene que nunca llegó a estar operativo porque la empresa no llegó a presentar un plan de labores, como era preceptivo.
El informe elaborado ahora por la Inspección de Servicios, y dado a conocer este lunes por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, también señala que los PIC no tienen una regulación explícita en la normativa minera, que en el Principado no contaba con planes anuales de inspecciones de minas, y que hay margen de mejora en la planificación de esas visitas y en los expedientes sancionadores.
Siempre según el consejero, también se hace referencia a la falta de comunicación con el Instituto de Transición Justa (ITJ) a la hora de conceder autorizaciones a explotaciones susceptibles de cierre, situación en la que se encontraba la mina de Cerredo, que además cambió varias veces de empresa titular de los derechos de explotación.
El consejero ha evitado hablar de si a raíz de este informe se van a depurar responsabilidades y se ha limitado a señalar que el hecho de haber elaborado este informe ya es, en sí mismo, una muestra de responsabilidad política.
Asimismo, ha incidido en que la figura del PIC “es perfectamente legal”, aunque haya que “regular y clarificar su régimen jurídico” para que tenga que estar sometido siempre a tramitación ambiental y deba ser consultado con el ITJ para determinar si hay que devolver las ayudas estatales recibidas en el proceso de cierre.
Este tipo de permisos son a los que se han acogido el resto de minas de carbón reabiertas en el suroccidente asturiano. El Principado también los está tratando de usar en la sierra de Peñamayor, donde han sido denunciados por el movimiento vecinal Salvemos Peñamayor.
