La policía nacional ha ejecutado esta mañana el desahucio de una familia ovetense en el barrio de Les Campes. Desiré, su hija menor de edad, y la actual pareja de la madre, han tenido que abandonar su casa, en la que residían desde hace años, al no poder seguir afrontando los gastos del alquiler (500 euros), así como los suministros de luz y gas. La pareja, sin ingresos desde febrero de 2025, dejó de pagar el alquiler hace un año, si bien seguía, según la madre, pagando los recibos de los suministros básicos.
La familia se encontraba hasta ahora cubierta por la moratoria antidesahucios del Gobierno, un “escudo social” que protegía a los inquilinos de pequeños propietarios, compensados económicamente por la administración pública a cambio de no desahuciar.
Sin embargo, el final de la moratoria, tumbada por los partidos de la derecha, deja a familias como la de Desiré sin ninguna cobertura. “Tenía que elegir entre comer o pagar el alquiler” declaraba esta mañana la madre. Ella y su actual compañero han denunciado acoso inmobiliario a lo largo de estos meses por parte del propietario, presente en el desahucio.
La pareja ha encontrado esta mañana el apoyo de amigos y vecinos y del movimiento por el derecho a la vivienda. Activistas de la PAH, el Sindicatu Vivienda y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos se concentraban a primera hora en las inmediaciones de la casa para tratar de frenar el desalojo. El despliegue policial se lo ha impedido y se han vivido incluso algunos momentos de tensión con los policías, abucheados por los manifestantes.
Andrés Bros, portavoz del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Asturies, presente en el desalojo, ha denunciado que casos como este “ponen de manifiesto un modelo rentista incapaz de garantizar el derecho a la vivienda”. Bros también ha criticado que la Consejería de Vivienda no haya tratado de mediar u ofrecer una alternativa habitacional.
Desiré y su familia serán acogidos por una familiar mientras buscan una alternativa en un mercado inmobiliario desregulado, sin control público, y donde cada vez resulta más difícil encontrar una vivienda asequible.
