El activista asturiano Sergio Oceransky, director de la fundación Yansa, ha solicitado protección internacional tras su reciente detención en el estado mexicano de Jalisco, según ha informado a NORTES su grupo de apoyo.
Nacido en Oviedo/Uviéu en 1973, ha formado parte desde su juventud de diferentes movimientos sociales. Estuvo involucrado en las protestas antiglobalización de principios del siglo XXI y en una comunidad neorrural en L.lena, Escanda, antes de marchar a México, tierra de origen de su madre, Aída Oceransky, líder de la comunidad judía asturiana.
En México Sergio ha participado en proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, los derechos de los indígenas y el desarrollo de las energías renovables a pequeña escala. A pesar de contar con una orden federal de protección como defensor de derechos humanos, Oceransky fue detenido el pasado 9 de abril bajo un presunto cargo de extorsión, relacionado con las controversias desatadas en torno al trabajo de la fundación. El ovetense, que cuenta con el respaldo de varias organizaciones sociales, siempre ha relacionado estas críticas con campañas de difamación por parte de los grupos inmobiliarios que combate la fundación que dirige.
Tras permanecer incomunicado en dependencias policiales, el activista fue puesto en libertad con medidas cautelares que incluyen la obligación de presentarse diariamente ante las autoridades.
Paralelamente, se le ha notificado la reactivación de un proceso judicial en el estado de Yucatán, iniciado en 2022 y que permanecía paralizado por falta de pruebas, lo que, según el propio Oceransky, no es casual y responde a un patrón de criminalización de su labor.
El entorno del activista denuncia que estos procedimientos forman parte de represalias por su apoyo a comunidades locales que se oponen a proyectos inmobiliarios, energéticos y agroindustriales a gran escala, entre ellos un megaproyecto que afectaría a unas 1.000 hectáreas de hábitat frágil y zonas de pesca de comunidades indígenas.
El caso será presentado ante instancias internacionales, incluidas Naciones Unidas, con el objetivo de reclamar garantías de protección para defensores de derechos humanos en México y exigir una investigación independiente.
