La Unión de Consumidores de Asturias ha urgido este viernes al Gobierno del Principado a que sancione a la empresa Aucalsa por el cobro indebido de unos 200 millones de euros en el peaje del Huerna (AP-66), tras haber denunciado a la concesionaria ante la Fiscalía por un presunto delito de engaño y estafa continuada a los usuarios.
La entidad defensora de los derechos de los consumidores calcula en unos 200 millones de euros el montante de los peajes cobrados desde octubre de 2021, cuando la Comisión Europea declaró ilegal la prórroga de la concesión hasta el año 2050, de los cuales 12 millones de euros fueron facturados a pesar de que el 40 % del recorrido está afectado desde hace meses por las obras.
En una rueda de prensa celebrada tras la presentación de la denuncia ante la Fiscalía de Asturias, el presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso, ha considerado que el Principado debe abrir el expediente sancionador porque la empresa ha incurrido en un “abuso manifiesto” al cobrar peajes “a sabiendas de que eran ilegales” desde el dictamen desfavorable de la Unión Europea sobre la legalidad de la prórroga, concedida en 2020.
Además, Alonso ha considerado “doloso” para los usuarios el pago íntegro del peaje cuando la circulación está restringida en 34 de los 74 kilómetros de la principal vía de comunicación entre Asturias y León, lo que le habría proporcionado cerca de 12 millones de euros de “beneficio ilícito”.
Según la Unión, los usuarios pagan el peaje completo pese a que la autopista se encuentra en obras en una parte sustancial de su recorrido
La denuncia ante Fiscalía
El presidente de Unión, Dacio Alonso, ha dicho que la entidad ha recurrido a la Fiscalía Superior de Asturias “en defensa del interés general de los usuarios”, al considerar que la prórroga “constituye un acto administrativo nulo de pleno derecho, del que es cómplice la propia concesionaria, que conocía su ilegalidad y no puede exigir indemnización alguna”.
“Lo que es ilegal no puede generar perjuicio a los consumidores; la Fiscalía tiene que investigar si los más de 200 millones de euros pagados desde octubre de 2021 bajo una prórroga ilegal constituyen un beneficio ilícito”, ha remarcado Alonso.
Según la Unión, los usuarios pagan el peaje completo pese a que la autopista se encuentra en obras en una parte sustancial de su recorrido, sin que el servicio se preste en condiciones normales, una tarifa que además se incrementó el 1 de enero en un 3,64 %.
En su denuncia ante el Ministerio Público, también alega que la planificación de las obras se ha incumplido porque éstas continúan pese a que debían haber concluido en diciembre del pasado año, con lo que se aprecia una “gestión inadecuada que perjudica a los usuarios”.
El Gobierno asturiano anunció esta semana que planteará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para que se declare nula la decisión adoptada en el año 2000 de prorrogar el peaje del Huerna después de que el Ministerio de Transportes haya desestimado la acción de nulidad planteada por la administración autonómica.
De forma paralela a la judicialización del conflicto con el recurso ante el Supremo, el Principado remitió el pasado martes sendos requerimientos formales al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la sociedad concesionaria Aucalsa en los que requiere que se adecue el peaje al estado de la vía, que se encuentra en obras en gran parte de su recorrido.
