La autocrítica ha brillado por su ausencia este viernes en el barrio ovetense de La Ería, donde se ubica el cuartel general de los socialistas asturianos. Los secretarios generales de las agrupaciones locales de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) han respaldado este viernes el rechazo al borrador de dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente minero de Zarréu. El partido cierra así filas con los ex consejeros Nieves Roqueñí, actual presidenta del Musel, y Enrique Fernández, actual presidente de HUNOSA, y cortocircuita, por el momento, las críticas que estaban comenzando a aflorar en la FSA, empezando por el SOMA, que había apostado por depurar responsabilidades políticas.
En una reunión convocada por la dirección de la FSA, los responsables locales han refrendado el criterio de la Comisión Ejecutiva Autonómica y han considerado “inaceptable el señalamiento de responsabilidades personales, tanto de índole política como técnica”.
La FSA ha insistido en que “ninguno de los hechos conocidos hasta el momento justifica la atribución de responsabilidades individuales por la tragedia” de Zarréu, como hace el borrador elaborado por la diputada de Somos Asturies y presidenta de la comisión parlamentaria de investigación, Covadonga Tomé.
Los dirigentes socialistas han evitado referirse al fondo del informe de Inspección General de Servicios del Principado, un documento del que Tomé no hizo sino tomar las principales ideas para su dictamen, y que alude al posible uso de los Permisos de Investigación Complementarios para encubrir la reapertura ilegal de minas de carbón, evitando devolver las ayudas que recibieron para su cierre.
El tratamiento del informe de Inspección, contrasta con la utilización que se hizo de otro documento de este mismo servicio para destituir a en febrero de 2025 a Pablo de Soto, director de LABoral Centro de Arte. Si el informe que le costó el puesto a De Soto contenía apreciaciones críticas, pero no irregularidades estructurales en su gestión, el emitido sobre Zarréu señalaba situaciones tan graves como inspecciones a la mina pactadas con la empresa.
Todo se hizo bien
Como viene siendo la tónica desde el suceso que costó la vida a cinco mineros, la FSA-PSOE ha vuelto a poner el foco en la empresa Blue Solving, esquivando la responsabilidad de Industria en autorizar una mina con permisos para “investigar” 60.000 toneladas de carbón. El partido ha reiterado que el accidente que costó la vida a cinco mineros ocurrió en “una explotación ilegal que carecía de amparo administrativo alguno, puesto que “ningún permiso administrativo ni ningún proyecto de investigación autorizaba la extracción de carbón por parte de la empresa Blue Solving”. Y es que, ciertamente, el subterfugio usado por Belarmina Díaz para pemitir la extracción de carbón fue siempre disfrazar esta de “investigación”.
También ha insistido en que ni los trabajos de la comisión parlamentaria de investigación, a la que siempre se opuso, ni el informe de la Inspección General de Servicios, elaborado por iniciativa del presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, permiten establecer “una relación de causa efecto entre el proceder de la Administración y el accidente”, de modo que “la única responsabilidad directa y comprobable es la de la empresa, que violentó la ley para su beneficio económico con una actividad nunca autorizada”.
Además, ha incidido en que el dictamen “incurre en varios errores materiales, tales como la atribución de manifestaciones no realizadas”, unos “fallos, intencionados o no”, que “se suman a auténticos saltos en el vacío en los razonamientos, todo ello orientado a intentar dar una aparente consistencia a la carga de responsabilidades técnicas y políticas, como si estuvieran fijadas de antemano”.
La FSA también ha cargado contra la líder de Somos Asturies, señalando “la intencionalidad política” de un borrador que “ha merecido a coro el elogio unánime del Partido Popular, Vox y el diputado de Foro Asturias”, cunado “la derecha jamás ha tenido interés en conocer la verdad de lo sucedido”.
El partido ha subrayado que la investigación judicial abierta determinará “cuáles son las responsabilidades penales, si las hubiera, derivadas del accidente”, y ha asegurado que “no va a contribuir a ocultarlas ni a distorsionarlas con el señalamiento de responsabilidades individuales”, a la vez que ha reiterado “su compromiso con la verdad y su respeto y solidaridad con las familias de las víctimas”.
Los socialistas revisan su posición sobre las indemnizaciones tras las críticas de la oposición
El Gobierno del Principado habilitará una nueva línea autonómica de ayudas para víctimas de accidentes laborales de la que se podrán beneficiar las familias de la víctimas del accidente de la mina de Zarréu, ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.
Peláez, que el jueves cosechó críticas de toda la oposición al argumentar que no era jurídicamente posible adelantar de forma específica las ayudas para las víctimas de Zarréu, ha explicado este viernes que la nueva línea incluirá a todo tipo de accidentes laborales.
El portavoz y consejero ha subrayado que el Gobierno del Principado de Asturies “está actuando con rigor y con prudencia” y ha “explorado las posibilidades legales para hacer ese acompañamiento desde ya a las familias de las víctimas”.
Peláez ha avanzado que las ayudas que se detallarán próximamente serán “absolutamente compatibles” con las indemnizaciones por responsabilidad civil o patrimonial que puedan reconocerse en el ámbito judicial o administrativo, y también con las cantidades percibidas por conceptos de seguros de vida, tanto individuales como colectivos, a los que puedan tener derecho.
Tras remarcar que al Ejecutivo “nadie” le va a “dar lecciones de solidaridad ni de sensibilidad con las víctimas de los accidentes laborales”, Peláez ha subrayado que el Gobierno “ha estado trabajando bajo un consenso” para “ofrecer el acompañamiento necesario a las víctimas desde ya”, con “rigor y con prudencia”.
A este respecto, ha criticado que la oposición haya presentado esa prudencia como “una falta de sensibilidad” y ha remarcado que son “absolutamente intolerables los insultos que se han vertido en los últimos días, instrumentalizando una tragedia para obtener provecho político”.
La diputada de Somos y presidenta de la comisión parlamentaria de investigación del accidente de Cerredo, Covadonga Tomé, que anteriormente había calificado de “inhumana” la negativa gubernamental, ha celebrado que el Gobierno del Principado haya anunciado “una rectificación” de su posición y que “atienda a su propuesta de indemnización anticipada a las familias de las víctimas”.
