La defensa cerrada del PSOE asturiano a los ex altos cargos señalados por la comisión parlamentaria sobre el accidente de la mina de Zarréu, Degaña, ha terminado por aislar políticamente a los socialistas en mitad de uno de los mayores fraudes de la reciente historia industrial asturiana. La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, salía este jueves en defensa de los antiguos responsables políticos y funcionarios señalados por el informe de la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, de Somos Asturies, al considerar “de todo punto irresponsable” exigirles responsabilidades personales por la tragedia, de la que ahora se cumple un año, y en la que murieron cinco trabajadores cuando extraían carbón, de manera ilegal, y sin apenas medidas de seguridad, para la empresa Blue Solving.
La delegada del Gobierno rechazó cualquier vínculo entre la actuación de la Administración autonómica y el siniestro mortal ocurrido en la explotación minera de Zarréu, contradiciendo así el propio informe de Inspección General de Servicios del Principado de Asturias, que no solo detectó graves negligencias en la Consejería de Industria, sino también el uso y abuso de la fórmula del Pérmiso de Investigación Complementario, para amparar así la reaperura de minas de carbón que permanecían cerradas desde 2018.
Tal y como viene informando NORTES desde hace un año, la reapertura de minas de carbón solo es posible en España previa devolución de las ayudas públicas recibidas para financiar su cierre. Extraer carbón no está prohibido en España, pero sí cobrar por cerrar, y al mismo tiempo seguir extrayendo mineral. Da igual que la mina haya cambiado de propietario. Los permisos de investigación, de 60.000 toneladas en el caso de Zarréu, y hasta de 90.000 en la de Cangas del Narcea, fueron el subterfugio usado por la ex directora de Minas, y posterior consejera, Belarmina Díaz, para saltarse la ley y que nuevos empresarios pudieran comprar minas cerradas y reabrirlas sin devolver ayudas.
Este fraude fue denunciado por Ecoloxistes n´Aición d´Asturies en 2018, pero también por el empresario leonés Victorino Alonso, antiguo dueño de varias de las explotaciones carboníferas reabiertas, y que el pasado mes de abril llevó el tema a la Fiscalía.
Cuatro ex altos cargos bajo el foco
La comisión de investigación ha situado en el centro del debate político a cuatro ex responsables del Ejecutivo autonómico: Nieves Roqueñí, exconsejera de Transición Ecológica y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Xixón; Enrique Fernández, exconsejero de Industria y actual presidente de la empresa pública Hunosa; Belarmina Díaz, exconsejera de Industria; e Isaac Pola, exviceconsejero de Industria. Junto a ellos, también se han reclamado responsabilidades para tres funcionarios de la administración autonómica.
El borrador presentado por la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, y la coportavoz de Somos Asturies, Laura Tuero, sostiene que existieron fallos graves de supervisión y control en una explotación minera que ya acumulaba irregularidades, y sobre la que, tras otro accidente mortal en 2022, pesaban antecedentes suficientes como para haber extremado la vigilancia administrativa.
Entre las mayores irregularidades detectadas en Zarréu, se encontraba la práctica, bastante habitual, de pactar con la empresa las inspecciones a las minas. Sin embargo, el dictamen de Tomé no se queda solo en las irregularidades en materia de vigilancia y seguridad, sino que también entra en el verdadero fondo del asunto: el uso fraudulento de los permisos de investigación para reabrir las minas de carbón sin devolver las millonarias ayudas públicas recibidas para financiar su cierre.
Entre las mayores irregularidades detectadas, se encontraba la práctica, bastante habitual, de pactar con la empresa las inspecciones a las minas.
El Instituto de Transición Justa estudia ahora si reclama las ayudas públicas a las otras tres minas de carbón que fueron reabiertas en el suroccidente asturiano. En caso de hacerlo, algo a lo que podría estar obligado por ley, los empresarios mineros muy probablemente tendrían que echar el cierre, lo cual supondría la destrucción de unos 160 empleos, la mayoría de ellos en TYC Narcea, explotación en la que otros dos trabajadores murieron en 2025, el año más trágico de la minería desde 1995, cuando el carbón todavía empleaba a 20.000 asturianos.
El PSOE, aislado frente a un amplio frente crítico
La posición oficial de la Federación Socialista Asturiana contrasta con la de la práctica totalidad de agentes políticos, sindicales y sociales implicados en el debate. Mientras la dirección socialista niega cualquier relación causal entre la actuación administrativa y el accidente, el resto de fuerzas coincide en reclamar responsabilidades políticas y una revisión profunda de los mecanismos de control.
Tanto desde el sindicato SOMA-FITAG-UGT como desde CCOO se ha insistido en la necesidad de depurar todas las responsabilidades, una posición que también han apoyado Ecoloxistes n´Aición, contraria a la reapertura de las minas, así como AMA Asturies.
En el plano parlamentario, si bien las críticas más duras han venido por parte de las derechas, que han pedido incluso la dimisión de Adrián Barbón, en la izquierda el presidente no está encontrando apoyos. Por ello, lo de Barbón parece cada vez una huida hacia adelante sin demasiado futuro, excepto prolongar la agonía. Ni siquiera IU-Convocatoria por Asturies, socio de gobierno del PSOE, parece dispuesto a echar un cable al presidente asturiano, al que la tormenta política le pilla de viaje oficial en México.
Una reunión clave en la FSA
En este contexto, la Federación Socialista Asturiana ha convocado para este viernes una reunión con los secretarios generales de sus agrupaciones locales. Prietas las filas.
El objetivo es analizar el borrador del informe sobre el accidente y evitar fisuras internas en un partido que parece empeñado en repetir los errores del pasado año, cuando Barbón trató de salvar a toda costa a la consejera de Industria, Belarmina Díaz, y más tarde abortar la comisión de investigación. Fracasó en ambos objetivos.
La cita del viernes evidencia la preocupación interna en el partido por el impacto político del caso. Aunque la dirección socialista insiste en defender la actuación de los ex consejeros y limitar las responsabilidades a los dueños de Blue Solving, la empresa que explotaba Zarréu, la versión del partido ya no convence a nadie. Está por ver cuánto más podrá aguantar Barbón este desgaste.
