La próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría modificar de forma sustancial la respuesta que actualmente ofrecen las entidades bancarias españolas ante los casos de fraude digital por phishing, smishing o vishing. La Unión de Consumidores de Asturias sostiene que el dictamen previo emitido por el Abogado General de la UE, que suele anticipar el sentido de la resolución final, respalda las reclamaciones de los usuarios frente a prácticas habituales de la banca, como negar devoluciones alegando una supuesta negligencia grave del cliente sin pruebas concluyentes.
La organización asturiana asegura haber logrado ya más de 400 sentencias favorables y recuperado más de dos millones de euros para personas afectadas por fraudes bancarios digitales, y ha animado a nuevas víctimas a reclamar las cantidades sustraídas.
La Unión de Consumidores de Asturias considera que una sentencia en esta línea obligaría al Banco de España a revisar sus criterios
Según explica la entidad, el criterio planteado por el Abogado General del TJUE obligaría a los bancos a devolver de manera inmediata el dinero sustraído en operaciones no autorizadas, incluso antes de determinar si existió negligencia por parte del cliente. Solo posteriormente podría analizarse si el usuario actuó de forma negligente, y correspondería a la entidad financiera demostrarlo.
La futura sentencia europea llega en un contexto de aumento de los fraudes digitales y también de elevados beneficios en el sector bancario español. Según recuerda la Unión de Consumidores de Asturias, los seis principales bancos del país —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— cerraron 2025 con beneficios conjuntos de 34.000 millones de euros, un 7% más que el año anterior.
En el caso de Unicaja, la entidad obtuvo un beneficio de 632 millones de euros, frente a los 573 millones registrados el año anterior, lo que supone un incremento del 10,3%. Su rentabilidad sobre activos tangibles alcanzó el 12,1%.
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, criticó que numerosos afectados continúen recurriendo a los tribunales para recuperar su dinero tras fraudes masivos sufridos hace años. “Es intolerable que miles de familias asturianas tengan que seguir desfilando por los juzgados para que Unicaja les devuelva el importe sustraído en el phishing masivo hace cuatro años”, señaló.
Alonso responsabiliza a Unicaja de no haber invertido lo suficiente en ciberseguridad para frenar el phising masivo.
Un caso en Polonia que puede cambiar el sistema
La organización explica que, en la actualidad, el procedimiento habitual en España consiste en que el banco analice el caso y rechace el reembolso alegando negligencia grave del cliente. A partir de ese momento, el usuario debe iniciar una reclamación ante el Banco de España o acudir a los tribunales para intentar recuperar el dinero perdido.
Si el TJUE confirma la interpretación del Abogado General, este procedimiento cambiaría de forma significativa. Las entidades financieras tendrían que reembolsar de forma inmediata el importe sustraído y solo podrían negarse si existieran indicios razonables de que el propio cliente participó en el fraude, debiendo además comunicarlo a la autoridad competente.
El caso que ha motivado esta interpretación procede de Polonia, donde una mujer fue víctima de un fraude digital tras acceder a un enlace falso que simulaba pertenecer a su banco. La entidad rechazó devolverle el dinero alegando negligencia grave, lo que llevó a los tribunales polacos a consultar al TJUE sobre si esa actuación era compatible con la directiva europea de servicios de pago PSD2.
En sus conclusiones, el Abogado General considera que no lo es y defiende que la normativa europea protege al usuario desde el primer momento, incluso cuando la víctima haya podido cometer algún error al caer en el engaño.
La Unión de Consumidores de Asturias considera que una sentencia en esta línea obligaría al Banco de España a revisar sus criterios y forzaría a las entidades a reforzar sus sistemas de prevención y detección de fraude digital.
La organización también apunta que este cambio podría reducir notablemente la litigiosidad actual en los tribunales, al evitar que miles de consumidores tengan que recurrir a procesos judiciales para recuperar su dinero. Además, recuerda que la protección prevista en la directiva PSD2 también se extiende a numerosos casos que afectan a autónomos y pequeñas y medianas empresas.
