Familiares de víctimas de accidentes laborales en Asturies han reclamado este miércoles al Gobierno del Principado que explique por qué la futura línea de ayudas para familias de trabajadores fallecidos dejaría fuera a quienes perdieron a un ser querido antes de 2025, fecha del accidente de Zarréu y de TYC Narcea, y han advertido de que “no puede haber muertos de primera y de segunda”.
En un comunicado, las familias consideran “positivo” que el Ejecutivo asturiano impulse una fórmula de apoyo público para quienes sufren una muerte laboral, pero cuestionan que la medida tenga efectos únicamente desde 2025, ya que eso permitiría incluir a las familias de los trabajadores fallecidos este año en la minería y excluiría a víctimas anteriores.
Según las informaciones conocidas en los últimos días, las ayudas podrían alcanzar los 72.000 euros por unidad familiar, serían compatibles con indemnizaciones, seguros u otras compensaciones y se articularían como una línea general vinculada a la siniestralidad laboral para garantizar “encaje legal, seguridad jurídica e igualdad entre víctimas”.
Sin embargo, las familias sostienen que fijar el año 2025 como punto de partida “contradice” el propio principio de igualdad que el Principado asegura perseguir. “El Gobierno no puede invocar la igualdad para justificar una ayuda general y, al mismo tiempo, fijar una frontera temporal que deja fuera a familias que sufrieron exactamente la misma pérdida”, señalan.
En ese sentido, recuerdan que la viuda del trabajador fallecido en la mina de Zarréu en 2022 ya expresó públicamente que dejar fuera a las víctimas anteriores supondría “una injusticia”.
Las familias insisten en que no pretenden enfrentar a unas víctimas con otras, sino evitar que se creen “víctimas de primera y de segunda por una fecha administrativa”. “El dolor de una familia no empieza a contar en una fecha administrativa. Una vida perdida en el trabajo no vale menos porque el accidente haya ocurrido en 2024, en 2022 o años atrás”, añaden.
Además, reclaman que las familias afectadas participen en el diálogo anunciado por el Principado con los sindicatos en el marco de la concertación social para definir el alcance de las ayudas. “Una medida que afecta directamente a familias de trabajadores fallecidos no puede diseñarse sin escuchar también a las propias familias”, sostienen.
En el comunicado, preguntan al Ejecutivo autonómico qué criterio objetivo justifica dejar fuera a víctimas anteriores a 2025 y si prevé habilitar alguna vía complementaria para esos casos.
Entre las posibles soluciones, plantean una disposición transitoria, una línea específica o un procedimiento para familias que acrediten situaciones de especial desprotección, procesos judiciales prolongados o ausencia de reparación efectiva. Las familias también subrayan que las ayudas públicas no pueden sustituir la investigación de los accidentes ni la depuración de responsabilidades empresariales, administrativas o políticas.
“El apoyo económico a las familias no puede sustituir la prevención de riesgos laborales, la labor inspectora ni el esclarecimiento de lo ocurrido en cada accidente”, remarcan.
Por ello, reclaman al Gobierno asturiano que diseñe una respuesta “con seguridad jurídica, pero también con humanidad, memoria e igualdad”, y que aclare públicamente si piensa mantener fuera de las ayudas a las víctimas anteriores a 2025 o abrir una vía para ellas.
