Vecinos de Xixón se organizan como “bloque en lucha” para seguir viviendo en sus casas

Denuncian que la empresa propietaria de su edificio, en el barrio de El Llano, se niega a renovar sus contratos.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

Ocho familias residentes en la calle Juan Alvargonzález, en el barrio gijonés de El Llano, han denunciado este miércoles su situación de “riesgo de desahucio” tras la compra del bloque donde viven por parte de la empresa New Mindset, a la que acusan de negarse a renegociar contratos y de promover un “desahucio silencioso”.

Las familias afectadas, algunas con menores a cargo y con una antigüedad en las viviendas de entre tres y veinte años, han explicado que la situación comenzó después de que la anterior propietaria vendiera los inmuebles a esta sociedad limitada, cuya actividad principal era la consultoría y que en 2021 amplió su objeto social a la compraventa y alquiler de inmuebles.

Según han señalado durante una comparecencia convocada junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y el Sindicatu Vivienda d’Asturies, la empresa tiene su sede en Madrid.

De las ocho familias afectadas, tres mantienen contratos de alquiler vigentes hasta 2027, aunque dos de ellas afrontan ya procedimientos judiciales de desahucio, según denuncian. Las otras cinco residen actualmente sin contrato en vigor y temen que, una vez expiren los contratos restantes, se inicien nuevos procesos de expulsión.

Presentación a los medios.

Los vecinos aseguran que la empresa les ha trasladado que debían abandonar las viviendas voluntariamente o afrontar acciones judiciales. Asimismo, denuncian un deterioro de las condiciones de habitabilidad del inmueble, con problemas como puertas y ventanas rotas, humedades y falta de agua caliente en una de las viviendas.

También acusan a la propiedad de no facilitar las facturas del agua, lo que, según sostienen, impediría a los inquilinos abonar los recibos y podría derivar en reclamaciones por impago.

Los sindicatos consideran que este caso refleja “una ofensiva del negocio privado contra el derecho a la vivienda” y vincula la situación con procesos de especulación inmobiliaria y expansión del alquiler turístico.

Ante esta situación, las familias y el colectivo han reclamado a la empresa la paralización de los procedimientos judiciales de desahucio, la negociación de nuevos contratos de alquiler para las ocho familias y la ejecución de las reparaciones necesarias en el edificio.

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