La plataforma de movilidad Uber, que hace nueve días empezó a operar en Asturias, ha sido objeto ya de un expediente sancionador por la prestación de servicios de transporte urbano sin la preceptiva autorización, hechos que podrían ser constitutivos de una infracción muy grave.
Según informa la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el expediente se ha abierto al constatar que la empresa está prestando servicios de transporte de viajeros con origen y destino dentro del mismo municipio, algo que no está permitido.
La normativa vigente establece que las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) tienen carácter estrictamente interurbano, lo que supone que solo pueden realizar servicios cuyo origen y destino excedan del ámbito urbano, salvo las excepciones previstas en la legislación para determinados contratos de, al menos, dos días de duración.
Según el Principado, las labores de inspección y control iniciadas la semana pasada continuarán en los municipios de Gijón, Oviedo y Avilés, “para asegurar el respeto a la normativa vigente por parte de todos los operadores”.
Por otro lado, el Ejecutivo asturiano ha finalizado el texto del primer reglamento autonómico que ordena el transporte público discrecional de viajeros en turismos, una norma pionera en la comunidad que establece por primera vez un marco jurídico común para el sector del taxi y regula de manera específica la actividad de los VTC en recorridos estrictamente interurbanos.
Reglamento autonómico
La nueva regulación refuerza el papel del taxi como servicio público esencial y elemento vertebrador de la movilidad en Asturias, especialmente en un territorio caracterizado por la dispersión de la población, la complejidad orográfica y el envejecimiento.
Al mismo tiempo, establece reglas claras para la actividad de los VTC, con el fin de preservar el equilibrio entre los distintos operadores y asegurar una ordenación eficiente del sistema de transporte.
El reglamento desarrolla la Ley del Principado 12/2018, de Transportes y Movilidad Sostenible, para adaptar la regulación del sector a los profundos cambios tecnológicos, sociales y normativos producidos en los últimos años.
