Hace treinta años España decidió que morir sería también un mercado. El Gobierno eliminó la reserva municipal de los servicios funerarios con la promesa de abrir el sector a la competencia, favorecer la iniciativa privada y mejorar unos servicios que hasta entonces permanecían protegidos por numerosas restricciones locales. Décadas después, el país dispone de una de las redes funerarias más extensas de Europa, la cremación ha acabado superando al entierro tradicional y el sector factura más de 1.700 millones de euros al año. Sin embargo, la pregunta que justificó aquella liberalización sigue sin una respuesta clara: ¿ha servido realmente para abaratar el último adiós?
Una reforma nacida en los noventa
La liberalización de los servicios funerarios fue una de las primeras decisiones económicas del Gobierno de José María Aznar. El Real Decreto-ley 7/1996, aprobado el 7 de junio de ese año y publicado en el BOE al día siguiente, eliminó la reserva municipal que durante décadas había condicionado la prestación de estos servicios. El Congreso convalidó la norma el 20 de junio y la resolución apareció publicada en el BOE el 26 de junio. El decreto cumplió treinta años de su publicación el pasado 8 de junio y la convalidación parlamentaria los ha cumplido el 26 de junio de 2026.
Aunque la norma fue impulsada por el nuevo Ejecutivo del Partido Popular, respondía a un clima político y económico que venía gestándose desde la última etapa de los gobiernos de Felipe González. España afrontaba un amplio proceso de liberalización de mercados impulsado por la integración europea.
El decreto afectó a ámbitos muy diversos, desde colegios profesionales hasta el mercado del suelo, y también a los servicios funerarios. La filosofía, se decía, consistía en eliminar monopolios locales, facilitar la entrada de nuevos operadores y favorecer la competencia. Y la expectativa era que esa mayor competencia terminara repercutiendo en mejores servicios y precios más ajustados.
Cuando el tanatorio sustituyó al velatorio
La ley no inventó los tanatorios, pero sí aceleró un proceso que ya había comenzado algunos años antes. Allí donde antes predominaban los velatorios hospitalarios, las dependencias municipales o incluso los domicilios particulares, comenzaron a extenderse edificios específicamente concebidos para concentrar todos los servicios funerarios.
Según la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF), España cuenta hoy con más de 2.500 tanatorios y velatorios, más de 7.000 salas de vela y 537 hornos crematorios. La patronal calcula que el sector factura alrededor de 1.716 millones de euros al año y está integrado por unas 1.100 empresas.
La transformación también alcanzó las costumbres. La cremación, prácticamente testimonial hace tres décadas, ha ido creciendo hasta superar por primera vez al entierro tradicional. En 2024, según PANASEF, el 50,11% de los fallecidos fueron incinerados.
Asturias se adelantó a la liberalización
Aunque 1996 marcó un antes y un después desde el punto de vista legal, Asturias ya había comenzado esa transformación. En 1982 comenzó la construcción del Tanatorio Los Arenales, en Oviedo, que, según Funerarias Reunidas, fue el cuarto tanatorio moderno que abrió sus puertas en España, tras los de Madrid, Barcelona y A Coruña.
Once años más tarde, en 1993, Gijón inauguró el Tanatorio Cabueñes que, según Funeraria Gijonesa, fue el primer tanatorio asturiano que incorporó crematorio, anticipándose también a la expansión posterior del sector.

Por otro lado, Avilés se incorporó a esa transformación el 20 de septiembre de 1996, apenas tres meses después de la liberalización. La apertura del tanatorio de El Montán coincidió con el nuevo marco legal y con la consolidación del progresivo abandono del velatorio doméstico en buena parte de la comarca. La instalación incorporaría posteriormente dos hornos crematorios, inaugurados en 1999 y 2001, coincidiendo con el progresivo aumento de las incineraciones.
Del duelo familiar al servicio integral
Durante generaciones el velatorio formó parte de la vida doméstica. El fallecido permanecía en casa mientras familiares, vecinos y amigos acudían a despedirse. La funeraria intervenía principalmente en el traslado y el entierro.
El tanatorio modificó profundamente esa realidad. El duelo salió del domicilio y pasó a desarrollarse en espacios especializados donde se concentraban la práctica totalidad de los servicios: salas de vela, cafetería, floristería, gestión administrativa, ceremonias religiosas o civiles, cremación y atención a las familias.
Para muchas familias supuso una mejora evidente en comodidad y organización. También abrió nuevas posibilidades empresariales en un sector que dejó de limitarse al entierro para convertirse en un servicio integral.
¿Cuánto cuesta morirse?
Treinta años después, el precio continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos del sector. Cada año fallecen en España en torno a 440.000 personas.
Los servicios básicos de entierro parten de algo más de 1.300 euros más IVA
La Organización de Consumidores y Usuarios sitúa el coste medio de un funeral en España en torno a los 3.700 euros, aunque la factura final puede superar ampliamente esa cantidad dependiendo del municipio y de servicios como el tanatorio, el tipo de féretro, la ceremonia, las flores, las esquelas, el cementerio o la cremación.
En Asturias no existe una estadística pública que permita calcular un precio medio regional. Sí existen, en cambio, tarifas orientativas publicadas por distintas empresas. Según los precios consultados en junio de 2026 en Funerastur, los servicios básicos de entierro parten de algo más de 1.300 euros más IVA —en función de la modalidad contratada—, mientras que las incineraciones básicas comienzan en torno a 1.795 euros más IVA.

Esas tarifas básicas no representan el coste medio real de un funeral. Cementerio, nicho, lápida, tasas, flores, esquelas, tanatorio, ceremonia o mejoras del féretro pueden elevar de forma notable la factura final, según el caso.
Un mercado cada vez más concentrado
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado en diversos informes y expedientes que la competencia en el sector funerario continúa condicionada por barreras regulatorias locales y por la integración vertical entre aseguradoras de decesos y empresas funerarias, una situación que puede dificultar la libre elección de los consumidores, según este organismo.
Los principales operadores mantienen distintos vínculos con grandes grupos aseguradores. Entre ellos figuran Mémora (Occident), Albia (Santalucía), Enalta (Mapfre), Servisa (Ocaso) y Grupo ASV, integrado por ASV Servicios Funerarios y Seguros Meridiano.
Lejos de fragmentarse, el sector ha seguido protagonizando operaciones de concentración empresarial supervisadas por la CNMC, que en distintos expedientes ha impuesto condiciones para preservar la competencia en determinados mercados locales.
Junto a estos grandes grupos continúan operando centenares de funerarias familiares y empresas de ámbito local, especialmente implantadas en comunidades como Asturias.
Barcelona reabrió el debate
El último gran intento de ampliar la presencia pública en el sector tuvo lugar en Barcelona. Entre 2017 y 2019, el gobierno municipal de Ada Colau impulsó una funeraria pública con tanatorio propio para introducir competencia y ofrecer servicios de menor coste en un mercado que consideraba excesivamente concentrado.
Entre 2017 y 2019, el gobierno municipal de Ada Colau impulsó una funeraria pública con tanatorio propio para ofrecer servicios de menor coste
El proyecto pretendía operar mediante la adquisición de un tanatorio ya existente, pero quedó bloqueado políticamente y no obtuvo mayoría suficiente en el pleno municipal. En 2020, además, el Ayuntamiento vendió su participación en Serveis Funeraris de Barcelona. Desde entonces no ha prosperado ninguna iniciativa de alcance comparable para crear una nueva funeraria pública. No obstante, España mantiene algunos operadores públicos históricos, como la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, la Empresa Funeraria Municipal de Palma o SERFUNLE, la entidad pública que presta servicios funerarios en León y otros municipios de su entorno.

La pregunta sigue abierta
Pocas cosas han cambiado tanto en tan poco tiempo como la manera de despedir a los muertos. En apenas tres décadas Asturias pasó del velatorio en casa al tanatorio; del entierro casi exclusivo a una cremación cada vez más frecuente; de un servicio gestionado en muchos casos desde la esfera municipal a un mercado dominado por operadores privados.
La liberalización amplió la oferta, favoreció la expansión de los tanatorios y profesionalizó un sector que durante décadas había permanecido prácticamente inalterado. Mucho más discutido sigue siendo si consiguió reducir el coste para los consumidores, es decir, para los fallecidos o sus familiares.
En Asturias, donde el tejido funerario sigue combinando grandes operadores nacionales con empresas históricas de implantación local, ese debate también permanece abierto. Treinta años después de la liberalización, la forma de despedir a los muertos ha cambiado. La duda es si ese cambio ha hecho también más accesible el último adiós.



























