Ha habido mucho ruido últimamente con el aumento del gasto militar en España y ese debate sobre el 5% del PIB que Washington quiere imponer a la OTAN. Pero en este artículo vamos a dejar de lado las discusiones ideológicas sobre el militarismo o sobre si este incremento es deseable para centrarnos solo en los datos ¿cuánto ha subido de verdad la factura en defensa, de dónde venimos exactamente y en qué se está invirtiendo ese dinero?
Durante años, España ha sido uno de los países de la OTAN que menos recursos destinaba a sus Fuerzas Armadas. Tras la crisis financiera de 2008, el gasto en defensa quedó estancado por debajo del 1% del PIB, lo que obligó a retrasar inversiones, aplazar programas de modernización y prolongar la vida útil de numerosos sistemas militares.
Aquella situación, generalizada en todos los integrantes de la Alianza Atlántica, llevaba tiempo preocupando a Estados Unidos. Ya durante la presidencia de Barack Obama, Washington reclamaba a sus socios europeos un mayor esfuerzo para asumir una parte más equilibrada de los costes de la defensa común. Sin embargo, el punto de inflexión llegó con la invasión rusa de Ucrania en 2022 y se aceleró aún más con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El miedo de los países bálticos a Rusia, y las exigencias de Trump han provocado una nueva carrera armamentística y una transformación de las prioridades de inversión de las Fuerzas Armadas.
En 2016, España destinaba a defensa alrededor del 0,9% del PIB, con un gasto que rondaba los 9.000-10.000 millones de euros anuales. Era uno de los porcentajes más bajos de toda la OTAN y reflejaba todavía el impacto de los recortes posteriores a la crisis financiera. Eso implicaba que las Fuerzas Armadas fueran aplazando inversiones y alargando la vida útil de numerosos sistemas ante la falta de recursos suficientes.
Una década después, el panorama es radicalmente distinto. España ha alcanzado el objetivo del 2% del PIB en defensa, lo que supone movilizar más de 34.000 millones de euros anuales según la metodología utilizada por la OTAN. Si el compromiso actual se mantiene y la economía continúa creciendo, el gasto podría situarse durante los próximos cinco años en una horquilla aproximada de entre 35.000 y 45.000 millones de euros anuales, una cifra impensable hace apenas diez años y que explica la magnitud de la transformación que están experimentando las Fuerzas Armadas españolas.
Pero ¿a dónde se dirige realmente ese aumento presupuestario? Porque no todo son inversiones nuevas ni todo el dinero se traduce automáticamente en capacidades militares adicionales.
Una primera parte del incremento se destina a recuperar el terreno perdido respecto a los países de nuestro entorno. Durante más de una década España retrasó compras, aplazó programas de modernización y prolongó la vida útil de equipos diseñados en muchos casos durante finales de la dictadura.
Por eso una parte importante de los nuevos recursos, además de actualizar las condiciones económicas del personal militar, se está empleando en sustituir sistemas que se acercan al final de su vida útil. Es el caso de los cazas F-18 del Ejército del Aire, de parte de la flota de vehículos blindados del Ejército de Tierra o de varios sistemas navales que deben ser reemplazados en los próximos años. Este gasto permite mantener capacidades, pero no supone necesariamente una transformación de las Fuerzas Armadas.
No olvidemos que España es uno de los 10 mayores exportadores de armamento del mundo.
La segunda gran bolsa de inversión corresponde a la modernización. Aquí encontramos programas como los nuevos Eurofighter del programa Halcón, las fragatas F-110 o los submarinos S-80. No se trata únicamente de reemplazar equipos antiguos, sino de incorporar sensores más avanzados, mejores sistemas de comunicaciones, capacidades de guerra electrónica y una integración digital impensable hace apenas dos décadas.
Sin embargo, la parte más interesante del presupuesto es probablemente la que se dirige a capacidades que apenas existían hace unos años. La experiencia de la guerra de Ucrania ha introducido en los manuales militares a los drones, la inteligencia artificial y los sistemas capaces de procesar enormes cantidades de información en tiempo real.
Es decir, el aumento de gasto no está orientado únicamente a comprar más armas y renovar arsenal, sino que gran parte de esa inversión está dirigida a tres procesos diferentes: sustituir equipos envejecidos, modernizar capacidades existentes y desarrollar tecnologías que parece determinarán los conflictos de las próximas décadas.
Hay además una cuarta dimensión menos visible, pero que desde la perspectiva de la soberanía (entendida como la capacidad de un país para tomar decisiones y sostener sus propias capacidades estratégicas) puede ser tan importante como la puramente militar. Una parte de este esfuerzo inversor no está destinada únicamente a adquirir sistemas de armas, sino a desarrollar tecnología y capacidades industriales propias. Comprar un sistema extranjero permite disponer de una capacidad militar inmediata. Participar en su diseño y desarrollo permite además generar conocimiento, formar ingenieros, crear empleo cualificado y conservar tecnologías estratégicas dentro del país, reduciendo al mismo tiempo la dependencia de proveedores externos.
Los submarinos S-80 son probablemente el mejor ejemplo. España podría haber adquirido submarinos ya existentes en el mercado internacional, pero optó por desarrollar un modelo propio a través de Navantia. La decisión implicó retrasos y sobrecostes, pero también permitió mantener capacidades de diseño e ingeniería submarina que sólo poseen un reducido número de países. Algo parecido ocurre con las fragatas F-110 o con la participación española en el FCAS, el futuro sistema aéreo de combate europeo ahora en duda. En estos casos, el objetivo no es únicamente disponer de un submarino, una fragata o un avión más avanzado, sino participar en el desarrollo de tecnologías relacionadas con sensores, inteligencia artificial, aviónica, guerra electrónica, comunicaciones seguras o sistemas de combate en red, que luego puede retornar en modo de ventas a terceros países. No olvidemos que España es uno de los 10 mayores exportadores de armamento del mundo.
Por eso una parte importante del rearme europeo está destinado a consolidarse también como una política industrial. Empresas como Indra, Navantia, Airbus España, ITP Aero, GMV o Sener no sólo reciben contratos militares; también desarrollan capacidades tecnológicas que pueden tener aplicaciones civiles futuras y que sitúan a España en una posición más relevante dentro de la industria europea de defensa.
(Asturies ilustra bien las consecuencias de este aumento del gasto. La Fábrica de Armas de Trubia, los programas de munición de Rheinmetall Expal o las nuevas inversiones de Indra están convirtiendo a la Asturies de tradición industrial vinculada a la minería a una Asturies con importantes contratos vinculados a la industria militar como los blindados 8×8 Dragón, además de otros vehículos militares como el Castor o el Ajax británico.)
Las cifras ayudan a entender hacia dónde se dirige ese esfuerzo. El programa Eurofighter Halcón moviliza más de 4.500 millones de euros para sustituir parte de los F-18 y modernizar la capacidad de combate aéreo. Las cinco nuevas fragatas F-110 suponen una inversión cercana a los 4.300 millones. Los cuatro submarinos S-80 superan ya los 4.000 millones de euros. El programa de blindados 8×8 Dragón ronda los 2.000 millones y, por encima de todos ellos, aparece el FCAS, donde España ha comprometido miles de millones a largo plazo para participar en el desarrollo del futuro sistema de combate aéreo europeo. Un programa que ahora parece que corre peligro de no desarrollarse.
A estas inversiones hay que añadir otras menos conocidas por la opinión pública pero que son cada vez más importantes: drones, satélites, guerra electrónica, inteligencia artificial, ciberdefensa y sistemas de mando y control. Tecnologías que no veremos en los desfiles militares pero que probablemente tendrán más influencia en los conflictos futuros que muchos de los sistemas tradicionales.
En última instancia, estamos ante una auténtica reconversión económica con uniforme militar.
La imagen que emerge de todo este esfuerzo inversor no es la de un país preparándose para movilizar grandes ejércitos, sino la de unas Fuerzas Armadas que intentan ser más eficaces con menos recursos humanos. Menos volumen y más tecnología. Menos músculo y más información. Menos cantidad y más capacidad para operar en un entorno cada vez más digitalizado.
Un ejército donde los drones tendrán un papel creciente en vigilancia, reconocimiento y ataque; donde la inteligencia artificial ayudará a procesar enormes cantidades de información en tiempo real; donde la guerra electrónica será tan importante como la potencia de fuego convencional; y donde los satélites y las comunicaciones seguras serán elementos esenciales de cualquier operación militar.
Es inevitable que el debate público termine girando en torno a los porcentajes del PIB. Quedan abiertos, por supuesto, interrogantes de calado: cómo se financia este esfuerzo a largo plazo o qué recursos podrían dejar de destinarse a áreas tan sensibles como la sanidad, la educación o la investigación civil. Son debates sobre la propia concepción de país que en ciertos sectores de la izquierda generan una comprensible urticaria. Pero este artículo no pretendía resolver ese dilema político, sino responder a una cuestión mucho más práctica: qué se está haciendo exactamente con el dinero.
Y la respuesta es clara. El aumento del gasto en defensa no se está traduciendo únicamente en acumular más armamento en los almacenes. Está financiando la sustitución de sistemas envejecidos, la modernización de capacidades que se habían quedado obsoletas y el desarrollo de tecnologías e industrias consideradas estratégicas. En última instancia, estamos ante una auténtica reconversión económica con uniforme militar. España ha decidido jugar en la liga de las potencias europeas que diseñan su propia tecnología en lugar de limitarse a importarla, desplegando una política industrial que revierta en el país en vez de limitarse a comprar patentes a un socio como Estados Unidos, que ya no parece tan predecible ni fiable como antes.
El tiempo dirá si la apuesta, en el plano estrictamente militar y operativo, es la acertada o si nos habremos quedado cortos en el mundo real. De momento, confío en que estas líneas hayan servido para aclarar un poco (si se me permite el chiste malo) por dónde van los tiros en el sustancial aumento del presupuesto de defensa.
