Izquierda Unida ha planteado este jueves ampliar los plazos de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley de Vivienda que permita facilitar un acuerdo entre las fuerzas progresistas que garantice la aprobación de la que sería la primera norma autonómica en esta materia.
La secretaria de Organización de IU, María Miranda, lo ha planteado un día después de que la diputada en la Junta General y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, advirtiese de que no apoyaría esta norma si se no incluía siete enmiendas dirigidas a frenar la especulación y proteger la vivienda pública.
Tomé lanzó este aviso de que la ponencia parlamentaria cerrara esta semana la primera revisión del texto sin incorporar ninguna de las enmiendas que su grupo trasladó hace semanas al PSOE y a IU-Convocatoria por Asturias, los dos socios que sostienen al Ejecutivo regional.
Para Miranda, a pesar de que es urgente sacar adelante esta ley, la ampliación del plazo resulta “imprescindible” para dar margen a la negociación, conseguir un “consenso sólido” entre las fuerzas progresistas y evitar que quienes se oponen a la regulación encuentren una oportunidad para bloquearla.
“Su tramitación está siendo torpedeada por los grupos de presión y la derecha económica, pero aquí la izquierda no debe actuar dividida ni desde posiciones maximalistas, mucho menos de chantajes” ha señalado la dirigente de IU, para quien la negociación entre las fuerzas progresistas no debe estar marcada por imposiciones o posturas excluyentes.
Para Miranda, en lo que respecta a esta ley, “la batalla no puede ser entre la izquierda ni el enemigo son el PSOE e IU; el enemigo es la avaricia de algunos empresarios” a los que no hay que dar ventaja.
Este proyecto de ley baraja prohibir la venta de las viviendas públicas, fija la vivienda como un derecho subjetivo, incorpora de forma expresa la salud como principio rector de este tipo de políticas y plantea la creación del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, que integrará la promoción, gestión, adjudicación, uso, inspección y control de los pisos protegidos.
Otras novedades del proyecto pasan por la protección permanente de las viviendas protegidas calificadas con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, el destino al alquiler de todas las de titularidad pública y el reconocimiento de que sus condiciones (habitabilidad, salubridad, confort térmico y entorno residencial) influyen directamente en la salud y en el bienestar de las personas.
Exigencias de Tomé al proyecto
Desde Somos Asturies Tomé ha reclamado actuar con mayor firmeza en las zonas tensionadas, de modo que toda vivienda comprada en estas áreas tenga que destinarse a residencia habitual o alquilarse como tal, y lo mismo en caso de edificios completos, así como aumentar la consideración de grandes tenedores.
La diputada también pide sancionar con multas de entre 90.000 y 900.000 euros el acoso inmobiliario a inquilinos, un importe que, según ha apuntado, ya se establece en leyes de vivienda de otras comunidades autónomas, frente a los 30.000 que plantea el actual proyecto.
Otra de las exigencias de Tomé es frenar el fraude en los alquileres de temporada y por habitaciones, obligando a los portales inmobiliarios a señalar cuándo el anunciante es un gran tenedor y exigiendo que los contratos justifiquen la temporalidad real. Asimismo se pide movilizar la vivienda vacía con incentivos, garantías públicas y ayudas a la rehabilitación.
Por último, la diputada pide reservar un 30% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida en suelo urbanizable, porcentaje que subiría al 40% en las zonas tensionadas.
