Asturias vivió tres revoluciones en la década de los 30. Así fueron caracterizadas y descritas por sus contemporáneos, que nunca rehuyeron el término, con toda su carga de resonancia épica, para referirse a los acontecimientos que les tocaron vivir en un muy breve periodo de tiempo: apenas seis años. Los transcurridos entre la caída de la Monarquía de Alfonso XIII y el triunfo de la sublevación franquista.
Fueron tres revoluciones diferentes en sus objetivos y composición de clase, pero profundamente entrelazadas entre sí. Una primera alegre, pacífica y democrática: el 14 de abril de 1931. Otra obrera, insurreccional y fallida: en Octubre de 1934. Y una tercera, popular, antifascista y armada, entre julio de 1936 y octubre de 1937.
Fue en ese último periodo, inseparable de la Guerra Civil española, en el que Asturias se convirtió por primera vez en su historia contemporánea, en un territorio autónomo, gobernado por una coalición de izquierdas que reunió a los partidos republicanos de clase media y a las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero.
Las circunstancias especiales de la guerra brindaron a Asturias una autonomía sin estatuto, pero de facto comparable a la de Catalunya o Euskadi.
Las circunstancias especiales de la guerra brindaron a Asturias una autonomía sin estatuto, pero de facto comparable a la de Catalunya o Euskadi
Durante estos catorce meses de guerra y autogobierno las izquierdas en general, y el movimiento obrero en particular, desplegaron las grandes transformaciones que históricamente había anhelado, pero que hasta entonces no había podido poner el práctica. Desde el control sindical de fábricas, minas, puertos o almacenes, hasta el reparto de la tierra entre los campesinos no propietarios, pasando por la creación de un nuevo sistema de asistencia social, la rebaja drástica de los alquileres a los inquilinos, la nacionalización de la banca y los sectores estratégicos de la economía asturiana, así como otros cambios, no menores, relacionados con la educación, la cultura y los espectáculos, el urbanismo, las relaciones de género o la vida cotidiana.
Muchas de estas transformaciones, como la toma de empresas y tierras, o el control de los abastecimientos, se habían producido de manera espontánea, es decir, sin un plan previo, en los primeros días de la guerra, durante el verano de 1936, cuando las milicias obreras se armaron para combatir el golpe de Estado, y muchos patronos y propietarios fueron detenidos, asesinados o se dieron a la fuga, temiendo no sin motivo, la represión de los revolucionarios.
El golpe fracasa a medias, el Estado republicano se hunde
Provistas de armas, legitimadas por su papel en la resistencia al golpismo, y eufóricas por lo que parecía una cercana derrota del fascismo, las milicias de sindicatos y partidos de izquierdas aprovecharían la quiebra del Estado para desbordar la legalidad republicana y proclamar la revolución social. Así, al mismo tiempo que se asediaba a los sublevados del cuartel de Simancas, en Gijón, y se ponía cerco a Oviedo, donde Aranda se había adueñado de la ciudad tras engañar con buenas palabras a republicanos y socialistas, los comités locales desplazaban en buena parte de Asturias a los ayuntamientos, asumiendo funciones de abastecimiento y control del orden público. Esto último lo realizarían con frecuentes excesos y actos de arbitrariedad contra religiosos y personas de ideología conservadora. La mayor parte de las 2.000 víctimas mortales de la represión izquierdista en Asturias perderían sus vidas entre agosto y septiembre de 1936, los dos meses más sangrientos de la retaguardia, en pleno apogeo del poder de los comités locales.
La revolución había estallado al mismo tiempo que la guerra, y ordenar ambas sería el reto del antifascismo asturiano en los meses siguientes, marcados por la contraofensiva de los militares golpistas.
La construcción de un gobierno autónomo y revolucionario capaz de tomar el control de la región, organizar de manera eficaz los frentes de batalla, retomar la producción, asegurar el abastecimiento de la población, y poner orden en una retaguardia plagada de abusos, llevaría todo un verano de negociaciones entre los múltiples poderes locales que habían ido emergiendo en Asturias.
Finalmente en septiembre de 1936 se llegaría a un acuerdo entre los dos poderes fuertes que se habían constituido en la región. El Comité Local de Gijón, liderado por la CNT, y el Comité Provincial del Frente Popular, con sede en Sama de Langreo. Este último, liderado por el socialista Belarmino Tomás, nombrado de urgencia gobernador provincial de Asturias y León por el Gobierno de la República, controlaba todo el territorio que no estaba en manos de los golpistas, pero su autoridad quedaba en entredicho en Gijón, la principal ciudad asturiana. Un pacto entre socialistas y cenetistas llevaría a una solución de consenso entre ambos poderes, el provincial y el local. Los términos del acuerdo serían salomónicos. La CNT y la FAI se integraban en el Comité del Frente Popular, que pasaba a asentarse en un céntrico edificio de Gijón, y a cambio socialistas, republicanos y comunistas asumían la primacía de los anarquistas en los asuntos gijoneses. Fin de la discusión.
El pacto sería el paso previo a otros acuerdos, como la renuncia de los anarquistas a la colectivización de toda la economía, a cambio del reconocimiento por las fuerzas del Frente Popular de cuatro formas de propiedad: la estatal, la sometida a intervención o incautación, la cooperativa y la puramente privada.
El proceso revolucionario asturiano tendría pues un carácter frentepopulista. Con una economía socialista, pero en la que se reservaban importantes parcelas al mercado y la iniciativa privada. Sería también un proceso relativamente ordenado. Sobre todo si comparamos a Asturias con otros territorios de la España antifascista, como Catalunya, donde los conflictos dentro del campo antifascista acabarían con enfrentamientos armados en las calles. En Asturias las tensiones y conflictos dentro del Frente Popular también existisía, pero nunca en esos niveles.
El movimiento obrero renunciaba a sus propuestas más radicales, admitía, no sin resistencias y tensiones internas, un cierto grado de propiedad privada y desigualdad, y a cambio los republicanos de clase media, muy debilitados, asumían el papel director del Estado y de las organizaciones obreras en la economía.
Amador Fernández, el eficaz líder minero reconvertido en gestor económico, pondría todo su empeño en lograr la reapertura del pequeño comercio y los bares, así como en retomar la confianza de pequeños empresarios, técnicos e ingenieros, cuadros vitales para lograr la recuperación de los niveles de producción minera e industrial previas al 18 de julio de 1936. A finales de ese año la minería de carbón comenzaba a dar muestras de recuperación. Desde la consejería de Agricultura los comunistas tratarían de cuidar a los pequeños campesinos, tratando de evitar el boicot de un grupo social clave para el abastecimiento de los frentes y la retaguardia.
Tras un verano de colpaso, el Estado se recomponía, pero con una inédita participación de los sindicatos en las instituciones republicanas. El uso del término “popular” vendría a simbolizar ese pacto, no siembre bien avenido, entre los tres vértices del frentepopulismo: los obreros, los campesinos y las clases medias democráticas.
El resultado sería una revolución de carácter frentepopulista, y relativamente ordenado.
En otoño nacían el Tribunal Popular Provincial de Asturias, encargado de ordenar la represión a espías y quintacoluministas, con un mínimo de garantías legales, así como el Ejército Popular de Asturias, que sustituía a las milicias de partidos y sinbdicatos. El 15 de octubre de 1936 se reconstituía el Ayuntamiento gijonés con el anarquista Avelino Mallada como alcalde, y el 23 de diciembre de 1936 el Gobierno de la República, refugiado en Valencia, reconocía la autonomía de los consejos de Aragón, Santander, Palencia y Burgos, y Asturias y León.
La formación del Consejo Interprovincial de Asturias y León vendría a legalizar el autogobierno que de facto ya funcionaba en la región.
La izquierda asturiana, escasamente interesada por la autonomía hasta entonces, desplegaría sin embargo en los meses siguientes una frenética actividad legislativa, extralimitándose en sus recién estrenadas competencias. El Gobiernín llegaría incluso a emitir moneda propia mientras hacía frente a la ofensiva de los franquistas, el bombardeo de las aviaciones alemana e italiana, y la llamada “política de no intervención” del Reino Unido y Francia.
Las posibilidades políticas y revolucionarias de contar con un gobierno propio, sin apenas tutelas, estaban ahí. La inesperada evolución autonomista de socialistas y anarquistas culminaría con la proclamación del Consejo Soberano de Asturias y León del 24 de agosto de 1937, en contra de la opinión del PCE y las Juventudes Socialistas Unificadas. Para entonces Santander había caído y todo ya estaba perdido. Asturias había quedado “sola en mitad de la tierra”, como escribiría por esos días el poeta Pedro Garfias. A pesar de ello, la resistencia asturiana todavía se prolongaría algunas semanas más. En total, sería más tiempo de lo que resistiría Francia a la invasión de la Alemania nazi en la primavera de 1940.
El desafío revolucionario había sido grande. El castigo que estaba por llegar también lo sería.
