El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para sacar adelante un nuevo decreto de vivienda que incluirá una prórroga extraordinaria para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028, además de nuevas medidas dirigidas a limitar el fraude en los alquileres de temporada y a desincentivar el uso turístico de viviendas.
El texto está previsto para su aprobación en el próximo Consejo de Ministros y, posteriormente, deberá obtener el respaldo del Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo necesitará negociar con los distintos grupos parlamentarios después de que una iniciativa similar fuera rechazada el pasado mes de abril.
Según el acuerdo alcanzado entre los dos socios del Gobierno, la nueva prórroga permitirá que los inquilinos cuyos contratos expiren antes del 30 de junio de 2028 puedan mantener las condiciones vigentes durante un máximo de dos años. Desde Sumar calculan que la medida podrá beneficiar a cerca de cuatro millones de personas, repartidas en alrededor de un millón y medio de hogares, ampliando el alcance de la protección prevista en el decreto anterior.
Regulación del alquiler de temporada
El nuevo texto incorpora también una regulación específica para los alquileres de temporada y por habitaciones con el objetivo de impedir que estas modalidades se utilicen para eludir la normativa del alquiler de vivienda habitual o los límites de precios establecidos en las zonas tensionadas.
Entre las medidas pactadas figura asimismo el incremento del IVA de las viviendas de uso turístico hasta el 21 % y un endurecimiento del régimen sancionador para la publicidad de anuncios irregulares en plataformas digitales.
El Ministerio de Vivienda también plantea incentivos fiscales para los propietarios que rebajen el precio del alquiler, además de otras medidas orientadas a favorecer la incorporación de vivienda al mercado residencial, aunque parte de estos aspectos continúan abiertos a la negociación parlamentaria.
Protección frente a los desahucios
El decreto incorpora además una propuesta para negociar con los grupos parlamentarios nuevas medidas destinadas a proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y evitar que puedan ser desalojadas sin una alternativa habitacional.
La inclusión de una moratoria de los desahucios ha sido una de las principales reivindicaciones de Podemos, mientras que Junts, cuyo apoyo resulta decisivo para la convalidación del decreto, mantiene posiciones distintas sobre este punto y reclama, entre otras cuestiones, mayores incentivos fiscales vinculados a la vivienda.
El anterior decreto de vivienda, que había entrado en vigor el 22 de marzo, fue derogado a finales de abril tras no lograr la convalidación parlamentaria por los votos en contra de PP, Vox y Junts, además de la abstención del PNV.
Con este nuevo acuerdo, el Ejecutivo intenta reunir una mayoría suficiente para que las medidas puedan mantenerse en vigor, aunque la negociación con los grupos continuará durante el verano y la votación definitiva en el Congreso no está prevista hasta después del parón estival.
