En algún momento de 1937, mientras la guerra cercaba el norte republicano y el futuro de Asturias se medía cada vez más en semanas, alguien se sentó ante una máquina de escribir para pensar en lo que vendría después. El resultado fueron 18 artículos y unas disposiciones transitorias que describían una realidad política que nunca llegaría a existir: una región autónoma formada por Asturias, León, Zamora y Salamanca, con sus propias Cortes, presidente, Gobierno, Hacienda, justicia y policía. No sabemos quién escribió aquellas páginas, tampoco cuándo exactamente, quién ordenó redactarlas, quién llegó a conocerlas, desde cuando venía su debate y hasta dónde avanzó su tramitación. Sabemos, en cambio, que la República perdió la guerra, que los documentos de sus instituciones fueron incautados por los vencedores y que aquel proyecto desapareció del relato conocido sobre la autonomía asturiana durante casi nueve décadas.
El documento apareció recientemente en el Archivo General Militar de Ávila, entre los fondos procedentes de las instituciones republicanas asturianas. Allí lo localizó Pablo Martínez Corral, historiador y profesor del IES de La Fresneda, durante los trabajos que desarrolla La Trókola, un colectivo que lleva unos quince años investigando la historia contemporánea de Asturias, especialmente desde los primeros pasos del movimiento obrero a finales del siglo XIX. Aunque fue Martínez Corral quien encontró físicamente el documento, tanto él como Paco Iglesias, otro de los miembros que sostienen habitualmente el trabajo del grupo, rehúyen personalizar el hallazgo y lo atribuyen a una investigación colectiva que desde hace tres o cuatro años los lleva periódicamente hasta Ávila para fotografiar y analizar la documentación incautada al Consejo Regional de Asturias y León. “Si no aparece ahora, iba a aparecer más tarde”, explica Iglesias quien afirma que su intención es continuar trabajando sobre esos fondos hasta tener completa la documentación.
No estaban buscando un estatuto porque ni siquiera sabían que hubiese existido. “No, para nada, para nada, no lo sabíamos”, reconoce Paco Iglesias. El mecanoscrito apareció precisamente en una caja donde se encontraban actas del Consejo Regional de Asturias y León, además de otra documentación específica del organismo. Ese contexto es la primera pista que lleva al colectivo a vincularlo directamente con las instituciones republicanas asturianas. “Quien archivó eso consideró ponerlo ahí”, razona Iglesias. “Alguien tuvo que redactar eso y no iba a ser una persona anónima para estar entre esas actas”. Pero ahí comienzan también las preguntas. No saben si el proyecto llegó a discutirse en el Consejo ni si fue enviado al Gobierno de la República para iniciar una eventual tramitación.
Su primera página lleva un encabezamiento que, leído 89 años después, parece abrir una historia alternativa: “ESTATUTO DEL CONSEJO REGIONAL DE ASTURIAS Y LEÓN”. El artículo primero establece una “Región Autónoma” constituida sobre el territorio del antiguo e histórico Reino de Asturias y León. El hallazgo, conocido públicamente este mes de agosto, ha sido calificado de “excepcional” por el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha anunciado que el Gobierno asturiano solicitará al Ministerio de Defensa el traslado de las actas y documentos relacionados con el proyecto al Archivo Histórico de Asturias para ponerlos a disposición de especialistas e investigadores.
El hallazgo permite conocer el texto, pero no todavía su historia. No hay firma ni fecha, no sabemos quién lo encargó y no ha aparecido hasta ahora el acta que registre su discusión. El propio lugar donde fue encontrado proporciona indicios y, al mismo tiempo, conduce hacia nuevos interrogantes. Si detrás de aquellas 18 páginas hubo, como piensa La Trókola, una discusión política suficientemente seria como para diseñar hasta la Hacienda o la administración de justicia de una futura autonomía, ¿dónde están las demás huellas de ese debate?
La minería del norte de León estaba estrechamente vinculada a Asturias, mientras que León, Zamora y Salamanca utilizaban los puertos asturianos para dar salida a parte de sus productos
Una autonomía que llegaba hasta Salamanca
El proyecto no es una declaración de intenciones ni unas cuantas ideas arrojadas sobre un papel. En La Trókola lo tienen claro. Sus 18 artículos y disposiciones transitorias diseñan con considerable precisión un nuevo poder político: territorio, ciudadanía, Parlamento, Gobierno, elecciones, Hacienda, justicia, policía, administración local, competencias y hasta el procedimiento mediante el cual podría reformarse el propio Estatuto. La “Región Autónoma” estaría formada por Asturias, León, Zamora y Salamanca, y su órgano de Gobierno sería el Consejo Regional de Asturias y León, integrado por las Cortes, el presidente y el Consejo de Comisarios. El presidente sería elegido por las propias Cortes.
También se establecía cómo elegir aquel Parlamento. El sufragio sería universal, igual, directo y secreto desde los 18 años y se podría resultar elegido a partir de los 21. Las legislaturas durarían como máximo dos años, habría una circunscripción por cada una de las cuatro provincias y se elegiría un diputado por cada 40.000 electores, garantizando un mínimo de diez representantes por circunscripción. El texto regula además quién tendría la condición de ciudadano de aquella región y remite los derechos individuales a los establecidos por la Constitución republicana.
La extensión de las competencias sorprende incluso a quienes llevan años trabajando con la documentación del periodo. El Estatuto contemplaba una Hacienda regional nutrida mediante impuestos propios, tributos cedidos por el Estado y participación en otros ingresos estatales; atribuía al Consejo la organización de la justicia, con excepción de la militar, y dejaba en manos de la región la policía y el orden interior, aunque coordinados con el Gobierno central mediante una Junta de Seguridad. También quedaba bajo el poder regional la organización del régimen local. El articulado entra en materias como ferrocarriles, carreteras, agricultura, ganadería, montes, minería, sanidad, seguros sociales, asociaciones o expropiaciones y abre asimismo la puerta a la socialización de riquezas naturales y empresas dentro de lo permitido por la legislación republicana.
“Es un estatuto técnicamente muy bueno”, sostiene Paco Iglesias. Es precisamente ese grado de elaboración el que lleva a La Trókola a pensar que detrás del mecanoscrito tuvo que existir una discusión política más amplia de la que todavía no han encontrado pruebas directas. “Cuando lo empezamos a ver dijimos: vaya, estos se están metiendo en profundidades”, recuerda Iglesias. “No es una declaración política de que quiero la autonomía por no sé qué historia, sino que se meten en cuestiones económicas, en cuestiones jurídicas…”. No tienen ninguna hipótesis fundada sobre la identidad de sus autores, aunque el carácter técnico del articulado les hace pensar en personas con conocimientos jurídicos, económicos y administrativos. “Esto no aparece así escrito porque se le ocurre a uno: venga, voy a hacer aquí una redacción y lo meto en un cajón que luego 80 años después aparece”, resume.
La Trókola no ha localizado todavía esas huellas directas, pero sí otras piezas que permiten reconstruir algunas de las preocupaciones políticas y económicas que rodeaban al Consejo en aquellos meses. Una de ellas ayuda a entender por qué aquel proyecto reunía precisamente a Asturias, León, Zamora y Salamanca.
¿Por qué Asturias y León?
La primera pista tiene que ver con el propio territorio. El recurso al antiguo Reino de Asturias y León proporcionaba una justificación histórica, pero desde La Trókola creen que la unión de las cuatro provincias respondía también a relaciones económicas mucho más inmediatas. La minería del norte de León estaba estrechamente vinculada a Asturias, mientras que León, Zamora y Salamanca utilizaban los puertos asturianos para dar salida a parte de sus productos. A ello se añadía un importante movimiento de trabajadores y población entre ambos lados de la Cordillera. “Había un entrelazado económico”, resume Paco Iglesias.
El colectivo ha encontrado esa percepción en otros documentos del propio Gobierno republicano. Iglesias cita un programa relacionado con la Marina Mercante en el que el consejero Calleja, de UGT, hablaba de la “íntima relación” existente con las provincias de León. Aunque Zamora, Salamanca y parte de León estuvieran entonces controladas por los franquistas, desde La Trókola creen que la propuesta no debe entenderse únicamente como la recuperación romántica de una entidad medieval. Bajo la referencia histórica había también un espacio económico y humano.
Para el colectivo, el Estatuto constituye un indicio de que dentro del Consejo Interprovincial de Asturias y León se estaba pensando en el día después de la guerra
El propio texto contiene además silencios que el colectivo intenta interpretar. Uno afecta a la lengua. El artículo segundo no declara el castellano idioma oficial de toda la Región Autónoma, sino “idioma oficial del Consejo Regional de Asturias y León”. La diferencia ha llamado especialmente la atención de La Trókola, porque el Estatuto distingue con claridad entre la región y el Consejo que la gobierna. “Deberían decir: el idioma de la Región Autónoma es el castellano. Sin embargo, no lo dicen”, observa Paco Iglesias. “Dicen que el idioma del Consejo Regional es el castellano. Es decir, el idioma del presidente, del Gobierno y del Parlamento es el castellano. Es más que un matiz”.
Desde La Trókola manejan dos posibilidades. Por un lado, puede que se trate simplemente de una mala redacción o que quienes elaboraron el texto estuvieran evitando cerrar una cuestión que podía resultar conflictiva. Iglesias cree que oficializar el asturleonés en todo aquel territorio podía plantear un problema y que declarar únicamente el castellano como lengua de las instituciones podía ser una manera de aplazar el debate. “Al menos en las instituciones tenemos el idioma oficial castellano y en lo otro no nos metemos”, resume sobre lo que pudo ser el razonamiento de sus redactores. Algo parecido podría haber ocurrido con la capitalidad. El proyecto distribuye diputados entre cuatro provincias, establece las instituciones y regula minuciosamente sus competencias, pero no determina dónde estaría la capital de aquella Región Autónoma. Para el colectivo, ambos silencios podrían responder a cuestiones que se pretendía dejar para futuros acuerdos. La explicación es una hipótesis, pero parte de dos vacíos reales en un texto que, en otros asuntos, desciende a un notable nivel de detalle.
Pistas para un día después
Hay una dificultad mayor. En 1937, el territorio que describe el Estatuto ni siquiera existía políticamente sobre el terreno. Asturias permanecía bajo control republicano, al igual que una parte del norte de León, mientras Zamora, Salamanca y buena parte de la provincia leonesa estaban en manos de los sublevados. El frente norte republicano se encontraba separado del resto del territorio controlado por la República y, conforme avanzaba el año, su situación militar era cada vez más comprometida. ¿Por qué dedicar entonces tiempo y conocimientos técnicos a decidir cómo se gobernarían unas provincias que ni siquiera estaban bajo su control?
Aquí aparece otra de las pistas que La Trókola ha encontrado entre los papeles del Consejo. Para el colectivo, el Estatuto constituye un indicio de que dentro del Consejo Interprovincial de Asturias y León se estaba pensando en el día después de la guerra. “Nosotros creemos que ese debate sí que se estaba dando”, señala Iglesias. La interpretación no descansa únicamente en el proyecto autonómico. En las actas que llevan años fotografiando y estudiando aparecen otras señales de esa preocupación por un futuro que quienes escribían aquellos documentos todavía creían posible.
Una de las más sugerentes está fechada el 29 de mayo de 1937. Durante una reunión del Consejo, el consejero de Hacienda, el socialista Rafael Fernández, informó sobre los ingresos y anunció la preparación del correspondiente presupuesto de gastos. Entonces intervino el responsable de Obras Públicas, José Maldonado, de Izquierda Republicana, para proponer que se destinase solamente una pequeña parte de los recursos a las necesidades inmediatas y se reservase “la mayor cantidad posible” para un nuevo presupuesto “que bien podía llamarse de reconstrucción, para cuando termine la guerra”. La propuesta fue aprobada.
El acta no demuestra que aquel presupuesto de reconstrucción y el Estatuto pertenecieran a un mismo programa, pero acredita que mientras continuaban los combates dentro del Gobierno asturiano se discutía sobre qué hacer cuando terminasen. Desde La Trókola interpretan el Estatuto, no solamente como una respuesta a la excepcionalidad de la guerra, sino como un proyecto para organizar políticamente una victoria que todavía se consideraba posible. El propio Adrián Barbón, después de conocer el documento, ha destacado esa dimensión al hablar de dirigentes que estaban pensando también en “la gobernanza del día después”.
“Se dieron cuenta de que podían gobernar”
Seguir esa pista conduce a una hipótesis política más profunda. El Consejo Interprovincial de Asturias y León estaba formado por representantes de las organizaciones del Frente Popular y los sindicatos, algunas de las mismas fuerzas que habían protagonizado la Revolución de Octubre de 1934. La guerra las había colocado, apenas dos años después, ante una experiencia completamente diferente.
“Entonces ellos forman un gobierno y se dan cuenta de que pueden gobernar”, resume Paco Iglesias. En ausencia de un Parlamento y debido a las necesidades de la guerra, aquellas organizaciones no solamente administraban el territorio, sino que legislaban y tomaban decisiones que alcanzaban incluso al ámbito militar. Discutían entre sí, tenían proyectos políticos distintos y gobernaban bajo las enormes limitaciones impuestas por el conflicto, pero, en opinión de Iglesias, consiguieron resolver problemas y mantener funcionando una estructura de gobierno.
Desde La Trókola consideran que estaría “muy por encima” del actual Estatuto asturiano en determinadas competencias y que incluso podría llevar más lejos algunos límites que los estatutos vasco y catalán de la época.
Desde La Trókola creen que aquella experiencia pudo modificar la manera en que esas organizaciones imaginaban la posguerra. Iglesias afirma que después de “tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tantos muertos”, podían no estar dispuestas a regresar sin más a la República anterior a la contienda, a “esa república democrática en la que podía gobernar la ultraderecha sin ningún problema”. Su hipótesis es que el Estatuto buscaba conservar, dentro de una región autónoma, una parte del poder político que las organizaciones obreras habían adquirido durante la guerra: “Posiblemente, pensaron en hacer al menos una región autónoma donde ese poder que se había conseguido para las organizaciones obreras durante la guerra continuara al menos en esa región autónoma”.
No hay un documento que formule expresamente ese propósito y La Trókola lo presenta como una interpretación de las piezas que van encontrando, pero el contenido del Estatuto permite al menos entender por qué se hace esa pregunta. El proyecto no se limitaba a reclamar una identidad territorial. También distribuía poder, otorgaba competencias y diseñaba unas instituciones capaces de gobernar. Si detrás hubo realmente el debate que el colectivo sospecha, reconstruirlo requerirá seguramente localizar más documentos. La investigación no ha hecho más que comenzar.
Un Estatuto que “tensionaba” la República
Pablo Martínez Corral ha señalado que el Estatuto podía haber supuesto, en algunos aspectos, un “paso atrás” respecto al grado de autonomía que Asturias ejerció de hecho durante la guerra. El aislamiento del frente norte y las dificultades para comunicarse con el Gobierno republicano habían obligado a las autoridades asturianas a asumir competencias que, en circunstancias normales, habrían correspondido al Estado. “No sé si llamarlo autonomía o soberanía”, explica Paco Iglesias. “Aquí se hacían los decretos ley y se cumplían, y después, si había problema con el Gobierno de la República, pues se trataba de subsanar”.
Una victoria republicana habría cambiado completamente ese escenario. Si se quería conservar un gobierno autónomo una vez terminada la guerra, tendría que volver a someterse a la Constitución de 1931. “Eso sí que lo tenemos claro. No querían salirse de esa Constitución, no querían salirse de la República”, insiste Iglesias. Pero algunas competencias ejercidas en Asturias por necesidad bélica tendrían entonces que haber regresado al Estado. De ahí que el Estatuto pudiera significar simultáneamente una reducción del poder efectivo alcanzado durante la guerra y un proyecto autonómico extraordinariamente ambicioso dentro de una República funcionando de nuevo con normalidad.
Tan ambicioso que, según Iglesias, “tensiona mucho” la propia Constitución republicana. Desde La Trókola consideran que estaría “muy por encima” del actual Estatuto asturiano en determinadas competencias y que incluso podría llevar más lejos algunos límites que los estatutos vasco y catalán de la época. Iglesias pone como ejemplo la justicia. El proyecto reconoce al Estado la organización de la Fiscalía, pero atribuye al Consejo Regional el nombramiento de funcionarios. También destaca las posibilidades de expropiación y socialización y la capacidad que el texto concedía al poder regional sobre la organización municipal, incluida la creación o supresión de ayuntamientos. “Aquí tuvo que haber un debate sobre qué cosas poner, qué competencias coger, qué competencias no coger”, insiste.
La cuestión autonómica tenía antecedentes anteriores a la guerra. La Trókola sitúa el comienzo del debate asturiano en 1932 y recuerda cómo el cambio político de 1933, la revolución de octubre de 1934 y finalmente el inicio de la Guerra Civil impidieron su tramitación parlamentaria. El propio Iglesias señala que se conoce la existencia de iniciativas para redactar un Estatuto durante aquellos primeros años republicanos, aunque el texto que pudiera haber resultado de ellas no ha aparecido. Lo que añade el hallazgo de Ávila es la constatación de que la discusión autonomista sobrevivió a 1936 y que en plena guerra alguien llegó a plasmarla en un proyecto articulado.
El viaje de los papeles
La pista se interrumpe en octubre de 1937. Para entonces, desde el 24 de agosto, el Consejo Interprovincial se había transformado en el Consejo Soberano de Asturias y León, presidido por Belarmino Tomás, en el contexto extremo creado por el aislamiento del norte. La caída de Asturias acabó con aquel Gobierno y con cualquier posibilidad de desarrollar el Estatuto.
Según la reconstrucción realizada por La Trókola, los franquistas se incautaron de documentación de organismos republicanos que después fue utilizada por los servicios del nuevo régimen con fines de información y control político. Parte de los fondos procedentes del Gobierno de Asturias y León permaneció durante décadas en dependencias del antiguo Gobierno Militar de Asturias, en Oviedo, hasta que a comienzos de la década de 2010 fue trasladada al Archivo General Militar de Ávila. El colectivo lleva varios años viajando hasta allí y trabajando sistemáticamente con esas cajas, fotografiando los papeles para poder estudiarlos posteriormente.
“Este documento, si se hubiera sacado años antes, podría haber colocado a Asturias como nacionalidad histórica”.
Es un recorrido de cientos de kilómetros y casi nueve décadas. El Estatuto apareció entre las actas del Consejo Regional de Asturias y León y otra documentación vinculada al organismo. Su ubicación proporciona una pista fundamental sobre su procedencia, pero sigue sin decir quién lo escribió. “Puedes tener muchas ocurrencias”, reconoce Iglesias sobre una posible autoría, “pero no encontramos todavía nada que nos pudiera acercar a quién pudo redactar eso, ni qué reuniones pudo haber o qué debates en concreto”. Tampoco saben si llegó a ser aprobado por el Consejo, si quedó como documento de trabajo o si fue remitido al Gobierno de la República. El hallazgo, de momento, no resuelve ese misterio.
El misterio de la democracia
Hay otra pregunta cuya respuesta quizá no esté en Ávila. Si resulta comprensible que un documento incautado tras una guerra pudiera desaparecer entre fondos militares durante la dictadura, para La Trókola resulta más difícil explicar qué ocurrió con aquel debate cuando regresó la democracia y Asturias comenzó a construir su autonomía actual. Es aquí donde el colectivo formula su hipótesis más atrevida y donde también reconoce que carece por ahora de una prueba documental que permita convertirla en certeza.
Una persona enlaza de manera especialmente llamativa ambos momentos. Rafael Fernández, el consejero de Hacienda que en mayo de 1937 participaba en aquella reunión donde se habló de reservar dinero para la reconstrucción posterior a la guerra, sobrevivió al conflicto y al exilio, regresó a Asturias y, cuatro décadas después, se convirtió en el primer presidente del Consejo Regional preautonómico. “Él y toda esa gente que sobrevivió a la guerra y volvió, algo tendrían que saber”, razona Paco Iglesias. No afirma que Fernández conociera dónde se encontraba el mecanoscrito que ahora ha aparecido en Ávila, ni sostiene que alguien hubiese cogido físicamente aquellas 18 páginas para esconderlas. Su sospecha es diferente y afecta a la memoria del propio debate político.
“No digo que se cogiera el papel y se ocultase, sino que ese debate, eso que había, se ocultó.” Recuerda que durante la Transición sí aparecieron en otras partes de España discusiones públicas sobre precedentes autonómicos, configuraciones territoriales y proyectos anteriores a la guerra, mientras que en Asturias, según su investigación, aquella experiencia apenas reapareció. Para él, el silencio pudo tener además consecuencias políticas, porque disponer entonces de un precedente estatutario de 1937 habría permitido defender una historia autonómica diferente: “Este documento, si se hubiera sacado años antes, podría haber colocado a Asturias como nacionalidad histórica”.
La hipótesis tiene un límite que el propio Iglesias reconoce porque no sabe si hubo una voluntad deliberada de ocultación. “Si se ocultó adrede o no, no lo sé, pero tiene toda la pinta de que sí”, afirma contundente. También existe la posibilidad de que quienes habían participado en el Gobierno de 1937 conocieran las discusiones generales de la época, pero no este proyecto concreto; que el mecanoscrito hubiese quedado perdido entre la documentación incautada sin que nadie supiera dónde estaba; o que su importancia no fuese percibida.
Lo que puede quedar en las cajas
El Gobierno asturiano quiere que los documentos regresen a Asturias. La Trókola trasladó esa petición a Adrián Barbón y el presidente anunció que intentará conseguir el traslado de los fondos vinculados al proyecto o, si no fuese posible, disponer al menos de copias para su consulta. Para el colectivo, el argumento parte de la propia procedencia de los papeles, ya que fueron incautados en Asturias a unas instituciones que tenían aquí su sede y, aunque el Estatuto proyectase una futura región que incluía León, Zamora y Salamanca, esos territorios no formaban parte entonces en su totalidad de la administración efectiva del Gobierno asturiano.
La dispersión documental no se limita a este fondo. Desde La Trókola recuerdan también las aproximadamente 20.000 causas de consejos de guerra que permanecieron en dependencias militares asturianas hasta su traslado al Archivo Intermedio Militar Noroeste, en Ferrol. Reunir o al menos facilitar el acceso conjunto a documentación dispersa permitiría algo más que recuperar físicamente unos papeles. Podría reconstruir las relaciones entre las actas, los borradores, la correspondencia y las decisiones administrativas que hoy están separadas y que tal vez tienen algunas de las respuestas a muchas preguntas.
Para La Trókola, el trabajo acaba de adquirir una dimensión inesperada. “Esto va para largo”, reconoce Paco Iglesias, que describe el impacto inicial del hallazgo como una especie de “shock”. Después de varios años trabajando sobre aquellos fondos, saben que una nueva caja o la relación entre dos documentos aparentemente independientes puede modificar lo que ahora creen saber. Por eso Iglesias resume en tres palabras lo que significa para ellos la aparición del Estatuto: “Esto es el principio”.
La frase adquiere otra dimensión al leer hoy aquel Estatuto. Nosotros conocemos el desenlace que ignoraban quienes lo redactaron: Asturias caería en octubre de 1937, el Consejo Soberano de Asturias y León desaparecería y muchos de sus protagonistas acabarían en el exilio o sufrirían la represión. Cuando Asturias recuperase finalmente la autonomía, lo haría bajo otra Constitución, dentro de otro sistema político y con unas fronteras que ya no incluirían León, Zamora ni Salamanca. Quienes escribieron aquel Estatuto no podían saber nada de eso y, sin embargo, mientras el presente era una guerra, dedicaron tiempo a decidir cuántos diputados tendría cada provincia, quién recaudaría los impuestos, cómo funcionaría la justicia, qué poder tendría el Gobierno regional o de qué manera podría reformarse algún día aquel sistema. El documento es, en ese sentido, el rastro de un futuro que alguien creyó posible. Nueve décadas después, La Trókola lo ha sacado del olvido.
