La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias de investigación para esclarecer el cobro íntegro de la tarifa en la autopista del Huerna (AP-66) mientras se llevan a cabo obras en una gran parte del trazado, principal vía de comunicación entre el Principado y León, según ha asegurado la Plataforma Ciudadana contra el Peaje.
El procedimiento preprocesal se inició a partir de la denuncia presentada a finales del pasado año por el portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna y ex secretario de Podemos Asturies, Daniel Ripa, en la que se reclama la aplicación de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo para la AP-9 (Autopista del Atlántico) en noviembre de 2025. Ripa, expulsado de la formación morada, y actualmente vinculado a Somos Asturies, fue el autor de la denuncia ante la Comisión Europea que activó la declaración de ilegalidad de la renovación del peaje.
El alto tribunal declaró en aquel fallo la ilegalidad del cobro completo de los peajes en la autopista gallega durante los periodos en los que los trabajos de mantenimiento provocaron retenciones e incrementos en los tiempos de viaje.
Tras la denuncia presentada por la Plataforma y de que el órgano fiscal asturiano fuese señalado como competente, éste ha solicitado un nuevo paquete de actuaciones y requerimientos documentales tras analizar los primeros resultados de las diligencias previas sobre la gestión del trazado, según ha asegurado Ripa este martes.
“Es una excelente noticia para quienes queremos acabar con este peaje ilegal”, ha señalado el exdiputado de Podemos, ahora profesor de psicología en la Universidad Complutense, para quien la Fiscalía debe liderar, al igual que hizo en Galicia, la defensa de los derechos de los conductores ante una autopista que lleva dos años de obras.
El colectivo promotor de la iniciativa reclama la devolución de los importes abonados por los usuarios ante la acumulación de incidencias en la infraestructura durante los dos últimos años y advierte de que es conveniente conservar los justificantes de pago por si la justicia, finalmente, obliga a Aucalsa a reembolsar los viajes.
