La mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, se enfrenta a un nuevo obstáculo para reanudar su actividad, clausurada desde el accidente mortal que acabó con la vida de dos trabajadores en noviembre de 2025. El Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha planteado que TYC Narcea Special Research, la empresa propietaria de la explotación, devuelva más de 31 millones de euros correspondientes a las ayudas públicas concedidas para el cierre de la minería del carbón en esta explotación. La compañía dispone hasta el próximo 18 de septiembre para presentar alegaciones, por lo que la resolución todavía no es firme.
La cantidad reclamada se corresponde con el conjunto de las ayudas al cierre percibidas en su día por Carbonar, la anterior empresa responsable de la explotación del suroccidente asturiano. El ITJ considera que existe una vinculación entre aquella unidad de producción y el proyecto que actualmente desarrolla TYC Narcea.
La resolución del Instituto supone un jarro de agua fría a la reanudación de proyectos carboníferos en Asturies. Un movimiento empresarial auspiciado por la ex consejera Belarmina Díaz, y que el nuevo consejero ha tratado de continuar. Sin embargo, como ha señalado reiteradamente NORTES, y como confirma ahora el ITJ, reabrir minas de carbón es ilegal sin la previa devolución de las ayudas públicas que las explotaciones recibieron por cerrar en 2018.
La empresa discrepa de esta interpretación. TYC Narcea sostiene que su explotación constituye una unidad de producción diferente a la de Carbonar, que trabajaba en otra zona de la mina y extraía carbón térmico, mientras que la actual compañía produce antracita de bajo volátil. Según la empresa, ambas explotaciones únicamente compartirían alrededor de una treintena de metros de galerías correspondientes a los trabajos realizados anteriormente por Carbonar.
La controversia sobre la continuidad de la unidad de producción ya había sido planteada por Ecoloxistes n’Aición d’Asturies en sus alegaciones a los nuevos procedimientos de autorización administrativa y ambiental de la explotación. La organización ecologista reclama que antes de resolver sobre el proyecto se determine oficialmente cuál fue la unidad de producción de Carbonar incluida en el Plan de Cierre de la minería del carbón y cuál es su relación material y funcional con la actividad que pretende desarrollar TYC Narcea.
Los ecologistas recuerdan que el régimen europeo de ayudas al cierre se vincula a la unidad de producción afectada y no exclusivamente a la empresa que recibió las ayudas. Por ello, consideran que un cambio de titularidad empresarial no permite concluir por sí solo que se trate de una explotación completamente independiente.
Ecoloxistes n’Aición reclama que se incorporen al expediente los antecedentes administrativos del cierre de Carbonar, las ayudas públicas recibidas y las obligaciones asociadas, así como pronunciamientos expresos del Instituto para la Transición Justa y de los organismos competentes. A partir de esa documentación, pide analizar también la posible aplicación del artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, que establece condiciones para determinadas explotaciones relacionadas con unidades de producción de carbón que hubieran recibido ayudas destinadas a cubrir pérdidas vinculadas a su cierre.
La organización, no obstante, señala que no da por acreditada de antemano la aplicación de ese precepto a TYC Narcea, pero considera que tampoco puede descartarse sin reconstruir previamente la relación entre las dos explotaciones y las ayudas concedidas.
Qué ocurrió desde 2021
Las alegaciones ecologistas ponen además el foco en las actuaciones desarrolladas por TYC Narcea desde 2021 al amparo de los permisos y autorizaciones de investigación. Ecoloxistes n’Aición reclama conocer con precisión qué trabajos se realizaron durante ese periodo, qué mineral se extrajo y qué infraestructuras fueron recuperadas o utilizadas.
A su juicio, si esas actuaciones forman material y funcionalmente parte del proyecto de explotación que ahora se pretende autorizar, deben quedar incluidas en su evaluación ambiental y no quedar al margen por haberse ejecutado con anterioridad.
La organización reclama así una evaluación del conjunto de la explotación, incluyendo sus efectos sobre las aguas superficiales y subterráneas, las aguas de mina, los residuos extractivos y las escombreras, la estabilidad de los terrenos, la restauración, las emisiones, el ruido, la biodiversidad y el cambio climático. También solicita una valoración completa de las alternativas y de los posibles efectos acumulativos.
Para Ecoloxistes n’Aición, la evaluación debe atender a la realidad funcional de la explotación y evitar que el proyecto sea analizado de forma fragmentada desde el punto de vista territorial o temporal.
