La comisión parlamentaria encargada de tramitar el proyecto de ley LGTBI elaborado por el Gobierno ha acordado este martes con un amplio consenso que incluye al PP elevar a pleno para su aprobación definitiva un texto que el Ejecutivo se comprometió a aprobar la pasada legislatura sin conseguirlo y lograr que Asturias deje de ser la única comunidad junto a Castilla y León sin legislación propia en esta materia.
La decisión se ha adoptado en el seno de la comisión con el respaldo de todos los grupos parlamentarios presentes en el momento de la votación en la que no ha participado el representante de Vox, que había tramitado una enmienda de totalidad para devolver el texto al Gobierno, y que fue rechazada con el voto en contra PSOE, PP, IU, Foro y Somos Asturies.
La redacción final que se someterá a votación en el pleno de una ley que busca garantizar y consolidar los derechos de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales para erradicar la discriminación y asegurar que puedan vivir su orientación e identidad sexual sin menoscabo de sus derechos, superó en su tramitación las discrepancias mostradas inicialmente por PP y Foro con su redacción inicial.
Así, los populares advirtieron de que su “línea roja” para respaldar el texto se situaba en el consentimiento de las familias en los casos de tratamientos de transición de sexo en menores de 16 años, una cuestión finalmente incorporada al proyecto de ley para cualquier solicitud o actuación administrativa que afecte a las personas de esa edad tanto en el ámbito educativo como en el asistencial.
La futura normativa se alinea así con la normativa estatal de manera que en él ámbito educativo la adecuación del nombre en la documentación de los centros solo pueda realizarla de forma individual el alumnado sin el consentimiento de sus tutores legales en caso de que tenga entre 16 y 18 años.
También en el caso del ámbito sanitario el texto reconoce a los menores de edad el derecho a su desarrollo físico de forma saludable y adecuada a su desarrollo evolutivo en condiciones de libertad y dignidad conforme a su identidad sexual y expresión de género, pero prevé que las solicitudes realizadas por menores de 16 años cuenten con el consentimiento previo de sus representantes legales.
Además, prevé la sustitución del antiguo Observatorio contra la LGTBI-fobia por un órgano consultivo como el Conseyu de Participación LGTBI y contempla que el sector público pueda incorporar a las bases para dar subvenciones como aspectos a valorar positivamente la existencia de planes o estrategias para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad sexual y expresión de género.
Una vez superado el trámite de ponencia, los grupos parlamentarios dispondrá de tres días para solicitar que las enmiendas que fueron rechazadas -en conjunto se registraron 68-, se mantengan en el texto para que sean debatidas y votadas en el pleno que aprobará la ley.
