La Transición española fue mucho más violenta que la revolución portuguesa, un proceso extraordinariamente pacífico pese a su radicalidad política. En contraste con la veintena de víctimas mortales entre 1974 y 1976 el país vecino, en España más de 100 personas murieron entre 1975 y 1977 a causa de la represión de las Fuerzas del Orden Público o de los atentados de la ultraderecha. Un saldo todavía más inquietante si prolongamos el marco cronológico hasta los primeros años de la democracia.
Javier Almazán perdió en 1976 a su hermano Ángel, asesinado por la policía durante una manifestación contra la Ley de Reforma Política. Olga Guitérrez a su cuñado Arturo en 1977, tiroteado por un fascista. Pablo Mayoral fue juzgado en consejo de guerra y condenado a muerte. Faltó muy poco para que fuera fusilado. Todavía hoy, 50 años después se pregunta por qué la dictadura decidió perdonarle la vida a él y ejecutar en cambio a sus compañeros.
Todos ellos forman parte del colectivo Los Olvidados de la Transición, un grupo que lucha por mantener viva la memoria de quienes lucharon por las libertades, la democracia y la justicia social en los convulsos años 70, entre el final de la dictadura y el inicio de una democracia fágil, todavía muy marcada por la brutalidad policial, el terrorismo de Estado y la actividad de los grupos fascistas. Este miércoles tres de sus integrantes hablaron en Llangréu, invitados por IU y el PCE, y el jueves lo harán en La Rexa de Candás.
Los Olvidados de la Transición recuerdan que que el proyecto de un franquismo sin Franco no fue posible gracias a la fortísima movilización social de los años 1975-1977, cuando una eclosión de huelgas, acciones y protestas impuso a la Monarquía la democratización del país. Una democratización mucho menos profunda de lo que aquellos militantes de izquierdas deseaban, pero probablemente mayor de lo que los aperturistas del régimen estaban en un primer momento dispuestos a conceder.
Pablo Mayoral era un chaval de 24 años cuando la policía le detuvo por ser miembro del PCE (Marxista-Leninista) y del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, el FRAP. Trabajaba en una fábrica y se había politizado con 18 años, cuando estudiaba electrónica y había comenzado una militancia clandestina que sabía, implicaba grandes riesgos, como ser detenido, torturado y encarcelado.
Juzgado en un consejo de guerra “sin pruebas, testigos, ni posibilidad real de defenderse”, le condenaron a la pena capital, acusado de colaborar en la muerte de un policía armado, Lucio Rodríguez, asesinado en julio de 1975 por el FRAP en Madrid.
El régimen respondería con dureza a la estrategia armada del FRAP, adoptada en el verano de 1975 en un contexto de radicalización de la organización. Las condenas a muerte a militantes del FRAP y de ETA pretendían ser una demostración de fuerza de la dictadura ante el desafío de la oposición antifranquista. Sin embargo, terminarían siendo, según Mayoral “la gota que colmó el vaso” del hartazgo con la dictadura.
Miles de personas se manifestaron contra las ejecuciones en España, desafiando así las prohibiciones y la represión de la dictadura, y muchísimas más lo hicieron en toda Europa. Los estibadores de Génova y otros puertos boicotearon los barcos españoles, en la Lisboa revolucionaria una multitud asaltó y prendió fuego a la embajada de España, y hasta el Papa intervino para pedir clemencia al dictador.
En las calles de Estocolmo pudo verse al primer ministro sueco, el socialdemócrata Olof Palme, hucha en mano, pidiendo donativos para los presos políticos españoles. La presión social fue tan grande que varios países europeos tuvieron que retirar a sus embajadores. Las relaciones entre la Comunidad Económica Europea y la España franquista se suspendieron, enfriando así las aspiraciones de normalización y asociación del régimen, pero sobre todo del capital español, que empezó a ver la dictadura más como un obstáculo que como una ayuda. El régimen estaba dejando de ser útil para contener al movimiento obrero, y al mismo tiempo se estaba convirtiendo en una losa para hacer negocios en los mercados europeos.
Franco no frenó las ejecuciones, pero conmutó algunas penas de muerte. Mayoral sigue preguntándose los motivos de que su vida fuera perdonada y la de otros compañeros no. De todo ello están hablando en una gira que está sirviendo para presentar el libro “Los olvidados de la Transición”, un recordatorio del coste en vidas humanas que tuvo la lucha por la democracia, y una advertencia frente a un regreso de las peores pesadillas del siglo XX.
