El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el decreto por el que se crea y regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia respecto a su intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.
El registro, de carácter autonómico y no público, estará adscrito a la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y servirá para planificar los recursos humanos necesarios para garantizar esta prestación sanitaria, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez.
Podrán solicitar la inscripción quienes participen directamente en estas intervenciones en Asturies, tanto en la sanidad pública como en centros privados.
El decreto establece estrictas garantías de confidencialidad y protección de datos, no incluirá los motivos de la objeción y únicamente podrán acceder a la información imprescindible las personas responsables de organizar la prestación y planificar los recursos humanos.
El anuncio ha coincidido con los actos con motivo del Día Mundial del Aborto. Una concentación de Muyeres de La Escandalera en Oviedo/Uviéu exigió blindar este derecho en la sanidad pública.
