La reciente actuación de la Justicia, poniendo en cuestión y paralizando una ley aprobada por el parlamento, es un acto de apropiación de la democracia por parte de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, que es, precisamente, el menos democrático de los tres.
Para entender esta afirmación, hay que recordar que la democracia se fundamenta en el voto de todos los españoles, y toma forma en la elección del parlamento, especialmente del Congreso, o quizá únicamente, ya que el Senado, aunque también surge de la votación, no se forma exclusivamente a partir de estos votos, sino que hay un conjunto de senadores nombrados por los territorios, que llevan a que las mayorías en esta cámara resulten ser completamente diferentes de las del Congreso. Sin entrar en un análisis profundo, algo no se está haciendo bien en la composición de esta cámara, y la consecuencia es que su funcionamiento no se puede considerar realmente democrático.
Volviendo al orden democrático de los poderes, y una vez claro que el superior es el Congreso, que escogemos mediante el voto, es también mediante el voto de los congresistas como se elige el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, luego éste será el segundo poder en el orden democrático.
La elección del tercer poder, el Judicial, es tan compleja que es necesario, para la mayoría de los españoles, recordarlo, o al menos dar alguna explicación, aunque sea imprecisa, del modo en que se constituye, ya que para acceder a él únicamente caben dos caminos: ser juez, o ser jurista de reconocido prestigio.
El primer camino, el de juez, requiere una formación en Derecho, para posteriormente superar unas oposiciones, y luego una formación interna. También podemos considerar interna la formación previa para superar las oposiciones, ya que, salvo excepciones contadas, los formadores son, mayoritariamente, jueces. Y como todos los formadores, no sólo forman en conocimiento, sino que inculcan ideales y corrigen las opiniones políticas de los candidatos, y se sienten más cercanos de los que tienen sus propias ideas, o ideales, sea esto intencionadamente o no.
Respecto a la segunda vía, la de los juristas de reconocido prestigio, basta pensar quiénes son los que les otorgan este prestigio, que no pueden ser otros que los mismos jueces y magistrados ya ejercientes. No me imagino otro sector social otorgando este reconocimiento, como no imagino un matemático prestigioso si no fuera por el reconocimiento que le otorgan otros matemáticos. En definitiva, vemos que el Poder Judicial es un órgano endogámico, que se alimenta de los mismos juristas que él mismo forma, orienta y dirige.
Podemos imaginar cómo se produce el ascenso en este Poder, y no será aplicando conceptos e ideas diferentes de las de los miembros de la Cúpula, sino siguiendo con fidelidad sus postulados. Así que la endogamia de este Poder es un hecho inherente a la forma en la que se construye, siendo los jueces de hoy los que forman a los jueces de mañana. Y en sentido contrario, los jueces actuales fueron formados por los jueces anteriores, y estos por los anteriores. Y así llegamos al origen: los jueces de la democracia fueron formados y escogidos por los jueces de la dictadura. Y ningún juez de la dictadura, por muy antidemocrático que fuera, dejó de participar en esta cadena formativa-selectiva. Todos los jueces predemocráticos mantuvieron sus puestos, pasando a ser jueces de la democracia. Y digo de la democracia, que no democráticos.
El resultado es que los miembros del Poder Judicial actual son herederos de los del que existían durante la dictadura, y esto conviene no olvidarlo. Es evidente que, cuando juzgan quién fue el culpable en un choque de dos coches en una rotonda no se les aprecia su tendencia política, pero cuando pasan por sus manos cuestiones políticas, o incluso económicas, ahí es cuando podemos apreciar sus ideas y tendencias políticas.
Los recursos que estos magistrados tienen para orientar su acción, son inmensos, y como muestra, basta pensar que se están juzgando al mismo tiempo los hechos derivados de la Gürtel y los del caso Koldo. La distancia temporal entre estos dos casos es, también, inmensa.
Que los jueces pongan en cuestión una ley aprobada en el parlamento no es sólo una curiosidad. Es una anomalía democrática de rango supremo. Pero no es la primera vez que ocurre, ni será la última. El poder del que se está invistiendo el Poder Judicial está superando todos los límites de la democracia. Sin miedo a exagerar, esta actitud nos lleva a una dictadura judicial, donde ni las leyes aprobadas por el parlamento, ni las decisiones del Gobierno de la nación se libran de ser cuestionadas, incluso paralizadas, por el Tribunal Supremo.
Cabría pensar que este tipo de decisiones fueran adoptadas por el Tribunal Constitucional, en todo caso, pero tampoco su constitución se libra del peso de estar formado por juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, aunque ocho de ellos sean nombrados por las cámaras, cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, más otros dos por el Gobierno, y dos por el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, de los doce miembros, sólo cuatro están nombrados por el Congreso, que es el órgano plenamente democrático de los citados. El senado, del que ya se dijo su escasa representación democrática, escoge otros tantos, y los dos que escoge el Gobierno, están compensados con los dos que escoge el Poder Judicial. Con esta composición, mal van a representar el voto y la voluntad de los españoles.
Hay además otra reclamación que hacer a este Tribunal Constitucional, que se dedica a cuestionar la Constitucionalidad de las Leyes aprobadas por el Gobierno, o por el Parlamento, pero nunca gastó un minuto en cuestionar las leyes preconstitucionales, que mantuvieron su vigencia durante muchos años, y únicamente se revisaron a medida que se fueron reformando o modificando.
Con todo lo visto hasta ahora, es fácil entender que las decisiones de los magistrados y jueces que componen el Poder Judicial tienen muy poco respaldo democrático. Pero el lector atento ya sabía esto, no por los argumentos que aquí se exponen, sino por las sentencias y decisiones que estos organismos han manifestado. Partidos políticos investigados hasta la médula ósea de sus dirigentes, y otros que mantienen sedes pagadas con fondos procedentes de latrocinios declarados judicialmente.
Y ahora, cuando llama a filas el dirigente político que nos metió en una guerra ilegal y que destrozó el mercado de la vivienda con su ley del suelo, forman todos ellos en escuadra, por no decir en falange, y se ponen a trabajar contra un gobierno legítimo, democrático, cuyo mayor drama es tener la necesidad de pactar con un partido con un dirigente huido de la justicia, residente en Bélgica, el mismo país que acogió terroristas que la Policía española reclamaba.
Y así, la mujer del presidente del gobierno, su hermano, y cualquiera que esté relacionado con este gobierno y que se pueda poner en cuestión, puede estar seguro de que va a pasar un largo periplo judicial, probablemente sin más pruebas que las palabras de un periodista, o un informe policial redactado exprofeso. Y mientras tanto, Mario Conde, Iñaki Urdangarín, y el rey emérito, campan a sus anchas por el solar patrio.
Bien estaría terminar estas líneas con una propuesta para cambiar esta situación, pero creo que sólo es posible marcar la meta, que no es otra que democratizar el Poder Judicial. Y esto, que debería llevarse a cabo por los partidos políticos, esos mismos que no se ponen de acuerdo para ayudar a los menores que han llegado a nuestro país buscando una vida mejor y tratando de ayudar a sus familias, no parece que puedan alcanzar ningún acuerdo. Ni en este aspecto, ni en ningún otro. Mal futuro espera a nuestro país con este enconamiento de la política. Y peor aún con uno de los tres poderes volcado en ayudar en esta tarea. ¿Emigrar? Propongo África. Ceuta, por ejemplo. Ah, no, que es España. Perdón.
