El 72% de las unidades de la concertada del Nalón y el Caudal podría cerrarse a coste cero, afirma SUATEA

Educación rectifica y no suprimirá una unidad de Educación Infantil en el colegio público José Bernardo, en Sama.

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Redacción Nortes
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Te contamos lo ocurrido centradas en la periferia.

La Consejería de Educación ha dado marcha atrás en su decisión de cerrar una unidad de Educación Infantil de 3 años en el colegio público José Bernardo de Sama, una decisión que ha sido celebrada por el sindicato SUATEA, que ha atribuido la rectificación a la presión ejercida por el profesorado, las familias y el conjunto de la comunidad educativa.

El sindicato ha recordado que el pasado viernes protagonizó, junto con la comunidad educativa del centro, una movilización a las puertas del colegio para reclamar el mantenimiento del aula y denunciar lo que consideraba “otro ataque más a la escuela pública” en el Valle del Nalón.
SUATEA ha felicitado a las familias y al profesorado por el resultado de la movilización y también a la Consejería de Educación por haber rectificado, aunque ha lamentado que haya sido necesario recurrir a la protesta para que la Administración atienda las necesidades planteadas por la comunidad educativa.

A juicio del sindicato, la decisión demuestra que “cada avance hay que arrancarlo luchando”, en un contexto en el que, según ha denunciado, se producen “constantes intentos de precarizar y desmantelar la escuela pública”. SUATEA ha contrapuesto esta situación al incremento de la financiación destinada a la enseñanza concertada en Asturies, que, según sus datos, habría aumentado un 20 por ciento en los últimos cinco años.

El sindicato ha señalado además que un estudio elaborado por su organización concluye que el 72 por ciento de las unidades de la enseñanza concertada en las cuencas del Nalón y del Caudal podrían cerrarse “a coste cero”, al considerar que existen plazas suficientes en la red pública para asumir al alumnado. Esta situación supone, a juicio de SUATEA, que se está financiando dos veces un mismo servicio educativo con el objetivo de mantener un modelo privado y segregador, mientras las familias tienen que movilizarse para reclamar los recursos necesarios para garantizar una educación pública de calidad.

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