La Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) ha advertido de que Asturies avanza hacia un modelo sanitario con mayor presencia del sector privado y ha señalado que la comunidad registra un incremento del 95,8 % en su índice de privatización sanitaria desde 2014, según los datos del Duodécimo Informe sobre la Privatización Sanitaria de las Comunidades Autónomas, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
Según el análisis presentado por el sindicato, el índice de privatización sanitaria de Asturies ha pasado de 12 puntos en 2014 a 23,5 en 2026, por encima de la media estatal, situada en 21,8 puntos. CSI considera que esta evolución cuestiona el discurso del Gobierno del Principado sobre la comunidad como referente en la defensa de la sanidad pública.
La organización sindical también alerta del aumento del gasto sanitario privado que asumen directamente las familias asturianas. Según los datos que recoge del informe, el gasto de bolsillo por habitante ha pasado de 336 euros en 2014 a 625,28 euros en 2026, mientras que el destinado a seguros sanitarios privados ha aumentado de 78 a 193 euros por habitante.
«Quien puede pagar, paga; quien no puede, espera. Eso no es libertad de elección, es desigualdad», sostiene CSI, que relaciona esta evolución con las dificultades de acceso a consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos en el sistema público.
El sindicato incluye entre los factores que, a su juicio, favorecen la expansión del sector privado el crecimiento de las universidades privadas con titulaciones sanitarias en Asturias y los convenios que permiten a su alumnado realizar prácticas en centros del Servicio de Salud del Principado (SESPA). En este ámbito, reclama garantizar que la capacidad docente y los recursos asistenciales de la red pública respondan prioritariamente a las necesidades del sistema público y de la Universidad de Oviedo/Uviéu.
El análisis también aborda la implantación del grupo Quirón en Xixón y las responsabilidades de las administraciones públicas en el desarrollo del proyecto. CSI distingue entre la operación urbanística impulsada por el Ayuntamiento gijonés y la posición del Gobierno del Principado, aunque critica que se facilite la expansión de grandes grupos sanitarios privados mientras persisten necesidades de inversión, personal y mejora de la atención pública.
«No estamos diciendo que Asturias sea Madrid. Estamos advirtiendo de que avanza cada vez más rápido hacia una mayor presencia del negocio privado en la sanidad», señala la organización.
Ante esta situación, CSI reclama reforzar las plantillas, aumentar la capacidad asistencial y docente del sistema público, reducir las listas de espera y garantizar que los recursos y las decisiones de las administraciones respondan al interés general.
El sindicato defiende que la sanidad pública debe ser universal, accesible y de calidad, con independencia de la capacidad económica de cada persona, y sostiene que su protección requiere frenar la expansión del negocio privado y mejorar la gestión y los recursos de la red pública.
