Un total de 85 abogados laboralistas y graduados sociales de distintos puntos de España, entre ellos numerosos profesionales asturianos, han suscrito un manifiesto de apoyo a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, en el que reclaman medidas contra la precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos.
Los firmantes, profesionales del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, aseguran conocer de primera mano, a través de su actividad en los tribunales y las mesas de negociación, las dificultades estructurales que atraviesa la clase trabajadora y advierten del riesgo de retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas.
Entre los profesionales asturianos que respaldan el manifiesto figuran los abogados Raúl Martínez Turrero, Nuria Fernández Martínez, Mónica Capín Prieto, Almudena Llamazares Méndez, Rafael Velasco Rodríguez, Alejandro Alonso Sanchís, José Cué Alonso, Diego Cué Alonso, Marcelino Suárez Baró, Ana Taboada Coma y Beatriz González Álvarez, así como el graduado social José Manuel Mesa Durán.
También aparecen entre los firmantes asturianos Sonia Redondo García, Virginia Hernández Meert, Eladio Cué Alonso, Jonatan Tobío Fernández, Alba Francos Santamarina y Carlos Suárez Peinado.
La iniciativa cuenta asimismo con el respaldo de profesionales de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Huelva, Vigo, Bizkaia, Valencia, León y Canarias, entre otros territorios. Entre los primeros firmantes se encuentran Esther Comas López, Javier Alberti Fernández, Luis Fernández Pallarés, Amanda Meyer Hidalgo, Paula Fraga Arias y Francisco García Cediel.
El manifiesto expresa su apoyo a las principales reivindicaciones de la huelga, entre ellas la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la intervención sobre el mercado del alquiler para combatir la especulación inmobiliaria y el incremento de la financiación de los servicios públicos y del sistema de cuidados.
Los juristas también defienden la reducción de la temporalidad, la conciliación laboral y familiar y la equiparación de las condiciones de trabajo entre colectivos, al tiempo que alertan contra posibles reformas que debiliten el sistema público de pensiones, la protección de las bajas laborales, el salario mínimo o el derecho constitucional a la huelga.
Una de las principales reivindicaciones del documento es la reforma del sistema de indemnizaciones por despido improcedente, que consideran insuficiente para reparar los perjuicios sufridos por las personas trabajadoras y disuadir a las empresas de efectuar despidos injustificados.
En este sentido, recuerdan los pronunciamientos del Comité Europeo de Derechos Sociales y la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa de noviembre de 2024, que cuestionan la adecuación del sistema español de indemnizaciones tasadas a las exigencias de la Carta Social Europea.
Los firmantes reclaman indemnizaciones ajustadas al daño real sufrido por cada trabajador, así como mayores mecanismos de control frente al uso abusivo de las causas objetivas de despido, el fraude en la contratación y la utilización del periodo de prueba como mecanismo para extinguir contratos sin indemnización.
También denuncian el uso abusivo de la contratación fija-discontinua, que, según advierten, está favoreciendo la extensión de un modelo de trabajo a demanda que incrementa la inseguridad económica de las personas trabajadoras.
Los profesionales concluyen con un llamamiento a participar en la huelga general del 11 de noviembre, convencidos de que la defensa colectiva del empleo, los salarios y los servicios públicos constituye una garantía para avanzar hacia unas condiciones de vida y de trabajo dignas.
