La derecha ha declarado una guerra abierta contra la universidad, que se extiende como una peste. Tomaso Montanari, historiador del arte y rector de la Universidad para Extranjeros de Siena, acaba de publicar un ensayo titulado Universidad Libre (Turín, 2025) que provoca escalofríos. Es un libro muy breve, pero en él se abordan todos los asuntos clave que amenazan a la universidad pública: proliferación de las telemáticas y privadas, censura y control político, infrafinanciación.
Aunque no se trata de males exclusivos de la universidad italiana, el primero de ellos sí afecta especialmente a este país, que es, desde hace unos años, un hervidero de universidades telemáticas. En 2022, la mayor de ellas, con 90.000 estudiantes, tenía sólo 401 docentes, de los que la inmensa mayoría, más del ochenta por ciento, eran personal contratado precario. No es la excepción, en las universidades telemáticas hay una ratio de 385 alumnos por profesor, de manera que la calidad de la enseñanza impartida se la pueden ustedes imaginar. De la investigación ni hablemos. Se trata de instituciones con claro ánimo de lucro, pero que se venden a las clases menos favorecidas de la siguiente manera: no necesitas pagar alojamiento, no gastas en transporte, no compras libros. Esta propaganda funciona y desvía el foco de la atención, que debería centrarse en solucionar el problema de la vivienda, que es el principal, por encima del gasto en transporte o en material didáctico. Estas “universidades” son empresas privadas controladas por nombres conocidos de la banca y la política, máquinas expendedoras de títulos universitarios para pobres. Las clases sociales existen, la lucha de clases también, aunque la parte elevada de la pirámide, al mismo tiempo que cierra filas defendiendo sus privilegios, arrugue la nariz ante semejante falta de gusto si tal cosa se les menciona.
Pero no se trata solo de la estafa de las universidades telemáticas, Montanari advierte también del peligro del modelo húngaro al que la extrema derecha italiana mira con muy buenos ojos y que ha dinamitado la autonomía universitaria: desde 2014 se ha impuesto en las universidades de Hungría la figura del canciller, que desdibuja la del rector, y que controla de forma absoluta la gestión económica y al personal. Los sospechosos habituales son los primeros en caer: desde 2018 los estudios de género están prohibidos en la universidad húngara. Mientras tenemos que escuchar a diario tonterías sobre cancelaciones imaginarias, ahí tenemos a un país europeo eliminando por decreto unos estudios temidos y criticados por el inmenso rebaño de ignorantes que no tienen ni una lejana idea de en qué consisten y que no sabrían citar ni una teoría, ni un concepto, ni una autora (o autor) de los que se estudian en estos cursos.
Una universidad telemática no sólo genera beneficios económicos a las élites que las controlan, sino que están limpias de toda agitación
Los ataques a la universidad pública tienen que ver también con su potencial como focos de protesta. Obviamente, una universidad telemática no sólo genera beneficios económicos a las élites que las controlan, sino que están limpias de toda agitación, de cualquier asomo de conciencia crítica, desde el momento en el que los estudiantes están aislados, cada uno en su habitación, delante de una pantalla. Aunque muy por debajo de lo deseable, las universidades públicas han sido uno de los lugares en los que se han dejado oír voces contra la limpieza étnica que Israel está llevando a cabo en Palestina. Las protestas en las universidades americanas son las que más transcendencia han tenido por la violencia con la que son reprimidas, por no hablar de la deriva que ha tomado la situación con el gobierno Trump, pero, ya antes, Biden había dicho que “el derecho a la protesta no significa el derecho al caos”. Las amenazas ahora son brutales, y las cancelaciones de conferencias de profesores que han mostrado públicamente su condena del genocidio perpetrado por Israel están a la orden del día también en Europa. Reconozcamos, con vergüenza, que la universidad no está a la altura de lo que debería en estos momentos, pero reconozcamos también que existe una clara represión contra quienes denuncian al ejército criminal de Israel, lo que provoca una autocensura preventiva. Montanari, que advierte contra la caza de brujas desatada a raíz de las protestas contra el genocidio en Palestina, no duda en condenar la “enormidad de la masacre en Gaza” y “la complicidad hipócrita de Occidente”. Sólo por estas palabras claras y contundentes de parte del rector de una universidad, ya merece la pena leer este ensayo.

La infrafinanciación es también un problema grave. Cuando se dice que el gasto en defensa sube y el gasto en educación baja, se arriesga una a que la acusen de demagogia, pero como es una verdad como un templo, me arriesgo. Las universidades públicas de la comunidad de Madrid están siendo asfixiadas y las de Andalucía siguen sus pasos. Seguramente es pura coincidencia que se trate de comunidades en las que las universidades privadas campan a sus anchas (que Asturias tome nota). Recomendaciones como que los libros para la biblioteca se compren en formato digital, que es más barato que en papel, son indignas de una universidad y significan no tener ni idea de lo que es una biblioteca; alentar las defensas de Tesis en modo telemático para no financiar los viajes de los profesores externos que componen los tribunales es un desprecio absoluto a la labor de directores y estudiantes. Estos dos ejemplos, elegidos entre decenas, parecen minucias, obviamente, si las comparamos con la precarización del profesorado, o con la amenaza de cierre de titulaciones “no rentables”, pero son la carcoma que poco a poco destruye el edificio.
La universidad pública es la única merecedora de ese nombre, el resto son negocios. La universidad tiene que desarrollar una docencia de calidad (imposible con la ratio profesor /alumno de las telemáticas y privadas), una investigación también de calidad (que siempre han liderado las públicas) y una “tercera misión”, la de alimentar y renovar la cultura, la de implicarse críticamente en la sociedad, participar en el debate público de forma independiente. Esta tercera misión está también amenazada, en este caso no por la existencia de esas otras pseudo-universidades privadas y telemáticas, sino, por un lado, por el intervencionismo político de los que consideran al profesor universitario como “el enemigo” (palabras de Vance, vicepresidente de los EE. UU.) y, por otro, y más triste, por la desidia, ceguera y cobardía propias, por no atender al hecho de que la universidad, por definición, no puede conocer fronteras, que una herida en una de ellas es una herida en todas, que no podemos lamentar que cierren grados por razones de rentabilidad si callamos cuando Orban prohíbe por ley los estudios de género en las universidades húngaras, que no podemos quejarnos de que no nos dejen comprar libros y tener bibliotecas dignas de ese nombre si no denunciamos cada día que Israel haya bombardeado todas las universidades y bibliotecas de Gaza.
Por supuesto que no idealizo la universidad pública, conozco bien sus miserias, que darían para mucho más que una columna en un periódico, pero por encima de esto está la idea, la aspiración, a que cumpla con un papel que ni las telemáticas, ni las privadas pueden cumplir en defensa de la universalidad de los derechos, la condena de los nacionalismos y supremacismos, la defensa de los profesores y estudiantes que se manifiesten contra el genocidio en Gaza, en la universidad que sea. Nada de eso se puede hacer con las universidades vendidas a bancos y empresas privadas, con estudiantes y profesores comunicados telemáticamente, sin libros y sin bibliotecas y con gobiernos que amenacen con retirar la financiación a quienes llamen genocidio al genocidio y asesinos a los asesinos.



























