Cada proceso democratizador en la historia de España ha llevado consigo parejo un replanteamiento de la organización territorial del país. Sucedió en la Transición democrática, pero también en las dos breves repúblicas españolas. Recordemos que en Catalunya, principal motor de las reivindicaciones soberanistas, el vigoroso republicanismo local defendería tanto en 1873 como en 1931 una organización federal del Estado.
Asturies no sería del todo indiferente a los vientos de autonomismo que se respiraban en todo el país desde el 14 de abril de 1931. Y es que además de los tres estatutos votados durante la Segunda República, Catalunya (1932), País Vasco (1936) y Galicia (1936), en casi todos los territorios de España llegarían a debatirse con mayor o menor intensidad proyectos de autonomía. Estatutos, unos más avanzados y otros más embrionarios, que el abrupto final de la República dejó aparcados hasta 1977.
Así, tras algunas discusiones previas, y siempre a remolque del proceso autonomista catalán, el 10 de noviembre de 1931 la Diputación provincial de Asturies, presidida por Ramón González Peña, hombre fuerte del PSOE asturiano y ex dirigente del Sindicato Obrero Minero, creaba una comisión formada por el también socialista Teodomiro Menéndez, antiguo trabajador de la fábrica de armas de La Vega, y tres intelectuales republicanos: el escritor Ramón Pérez de Ayala, y los juristas Manuel Rico Avello y José Buylla. Grupo de diputados al que se uniría el historiador y filólogo Ramón Menéndez Pidal, al que David Guardado define como “una especie de oráculo” para los políticos y la intelectualidad asturiana, y cuyas posiciones sobre el Reino de Asturias como “cuna de España” se encontraban, eso sí, muy alejadas de cualquier tipo de veleidad federalista.
¿Un Estatuto sin autonomistas?
Pese a la formación de esta comisión estatutaria, el órgano llegaría a las elecciones de noviembre de 1933 con las manos vacías y siendo algo más parecido a una tertulia de caballeros que al grupo redactor de un texto legal sobre la personalidad jurídica de Asturies.
El historiador Carlos Gordon, autor de la única monografía sobre el fallido estatuto asturiano “¡Esperemos! Así nos lo mandan El debate sobre l’estatutu asturianu na II República” apunta que “verbalmente todos defendían la autonomía”, incluso las derechas, pero en la práctica para casi nadie la cuestión autonómica era una prioridad. Aunque los socialistas, muy divididos sobre la cuestión nacional, formalmente defendieron una autonomía asturiana “únicamente administrativa, sin ahondar en otros regionalismos de los que estamos muy lejos”, como diría González Peña, sus preocupaciones en aquel momento eran otras: consolidar la República y llevar a cabo el extenso programa de reformas sociales que se habían marcado desde el Gobierno.
Fuera de la comisión quedarían sin embargo algunos de los sectores que más interesados estaban en potenciar la autonomía, como el grupo El Aldeano y los republicanos agrarios, presentes sobre todo en el Occidente asturiano, los grupos de la emigración asturiana en Cuba, partidarios incluso de un Estado Libre de Asturias en una federación de repúblicas ibéricas, así como los republicanos federales, cuya fuerza se encontraba sobre todo en Xixón. No obstante, estos últimos, explica Gordon, llegarían a la Segunda República ya muy diezmados y lastrados por sus constantes luchas internas.
Fuera de la comisión quedarían sin embargo algunos de los sectores que más interesados estaban en potenciar la autonomía
Los herederos de Pi i Margall serían incapaces de presentar un texto propio, y terminarían por reciclar el Proyecto de Constitución Federal del Estado Asturiano, un vetusto documento de 1883. El republicanismo federal carbayón, más minoritario, y enfrentado al gijonés, sí parece que llegó a avanzar algo en la redacción de un texto del que en todo caso no han llegado más que ecos.
En opinión de Guardado la presencia de Menéndez Pidal y Pérez de Ayala, ambos muy temerosos de despertar algún tipo de separatismo asturiano, posiblemente lastró más que ayudó a la redacción de un estatuto que la Revolución de Octubre de 1934 terminó de truncar. Tanto González Peña como Teodomiro Menéndez acabaron en la cárcel y tras la fallida huelga general revolucionaria los problemas en Asturies eran otros.
Tanto Guardado como Gordon coinciden no obstante en apuntar que el proyecto estatutario más serio llegaría no de la izquierda, sino de la derecha, gracias al trabajo del abogado ovetense Sabino Álvarez Gendín, autor del libro “Regionalismo. El problema de Asturias”, en el que al igual que los socialistas se manifestaba favorable a una autonomía administrativa sin referencias identitarias ni al asturiano, “un romance rezagado que no se habla sino entre la gente del campo”.
Tras las elecciones de febrero de 1936 la cuestión autonómica recuperaría algún interés, al calor de la reactivación del debate sobre los estatutos vasco y gallego. Sin embargo, el desinterés de los partidos del Frente Popular por reimpulsar la autonomía asturiana terminaría agotando la paciencia de republicanos como el gijonés Pachín de Melás, que ante la pasividad de unos políticos asturianos que en muchos casos eran sus amigos personales, ya había escrito con anterioridad una irónica y lapidaria proclama: ¡Esperemos! Así nos lo mandan!
