La directora del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, María José Álvarez, ha presentado su renuncia al cargo tras un informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del centro tras haberse detectado una serie de “disfunciones importantes”.
El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ya ha aceptado esa renuncia y ha agradecido los servicios prestados por Álvarez, informa el Gobierno del Principado en un comunicado.
La consejería encargó hace semanas un informe sobre el funcionamiento del centro a la Inspección General de Servicios, tras haber detectado una serie de disfunciones relevantes y, tras serle trasladado su contenido, la directora tomó la decisión de renunciar al cargo.
Este departamento había abierto un expediente para investigar una denuncia por acoso laboral interpuesta por la jefa de seguridad del centro de menores de Sograndio contra su directora el pasado 3 de febrero, un día antes de que también se registrase la fuga de uno de los 44 menores que viven en este centro.
Mejora integral
Como consecuencia de ese informe, “y en aras de garantizar el correcto funcionamiento del centro y proteger tanto a los menores como a la plantilla”, la consejería de Hacienda ha anunciado la puesta en marcha de una “estrategia de mejora integral de Sograndio en la que se enmarca también la renovación de la dirección”.
Dicha estrategia, contempla un incremento del personal con el objetivo fijado en consolidar como puestos estructurales los siete contratos de refuerzo que se han suscrito recientemente para reforzar el centro con tres educadores y un auxiliar educador, en turno de tarde, de lunes a viernes, y un educador y dos auxiliares educadores, en turno de tarde, para fines de semana y festivos.
También se prevé mejorar el contrato de seguridad, cuyo coste pasaría de los 1,7 millones acuales a 2,5 millones, y una actualización de los protocolos con el fin de adaptarlos a la situación actual, tanto para la plantilla como a los integrantes de la contrata que presta la seguridad.
Además se ha realizado un estudio técnico sobre las actuaciones necesarias en el inmueble, en función de su urgencia. y se está buscando la vía adecuada para poder afrontar los trabajos mientras se convive con la actividad diaria del centro.
Un centro en el ojo del huracán
No es la primera vez que el centro de menores es objeto de polémica. Ya con anteriores direcciones hubo protestas y denuncias de malos tratos, llegando incluso a hacerse eco de ellas las instituciones europeas.
En 2017 un informe del Comité Antitortura del Consejo de Europa denunció un “trato inhumano y degradante” a los menores internados en el centro de Sograndio. Anteriormente, en 2012, en un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Gobierno del Principado de Asturias –en cuya comisión participaba la entonces jefa de servicios de Justicia del Menor–, quedó recogida por escrito la preocupación expuesta por trabajadores del equipo educativo del centro de Sograndio sobre las órdenes dadas por su equipo directivo por ser contrarias a los valores educativos y a la normativa vigente.
En junio de 2015, la Asociación de Vigilantes de Seguridad del Principado de Asturias (AVISPA) presentó una queja ante el Defensor del Pueblo por la situación “caótica” que vivía el centro, denunciando que los internos sufrían “castigos desproporcionados y arbitrarios, ordenados por la propia Dirección del Centro en base a criterios personales y no objetivos o pedagógicos”.
