El Ministerio de Transportes analizará la resolución enviada por la Comisión Europea, que considera que la concesión del peaje de la autopista AP-66 es contraria a las normas europeas de licitación pública, y agotará “las opciones de respuesta, además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos”.
La Comisión Europea dio este jueves un ultimátum a España en el que advierte que la llevará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no modifica las concesiones de los peajes de las autopistas AP-9 y AP-66, porque a su entender son contrarias a las normas europeas de licitación pública. La resolución de la Comisión llega tras una denuncia en 2021 de Daniel Ripa, ex secretario de Podemos Asturies.
España extendió las concesiones a la AP-9 (Galicia) y a la AP-66 (que une Asturias y León) por 25 y 29 años respectivamente y después vendió las concesionarias sin haber abierto un proceso de licitación ni haberlo publicado en el Diario Oficial de la UE, tal como exige la directiva sobre contratos públicos.
Según han informado fuentes ministeriales, esta fase “no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas, puesto que ahora nuevamente España tiene la oportunidad de responder al mismo”.
“Analizaremos la resolución y agotaremos las opciones de respuesta además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos”, han añadido. Según han apuntado estas fuentes, la prórroga de la concesión de la autopista de peaje AP-66 fue aprobada en el año 2000 por el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, por lo que esta situación es “responsabilidad” de los ejecutivos populares.
Han añadido que las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que actualmente defiende el actual Gobierno “van en la dirección contraria y desde el Ministerio se ha colaborado y respondido “a todos los requerimientos realizados por la Comisión Europea por responsabilidad y para velar por el interés común”.
También han subrayado que apuesta por una política de bonificación de peajes de esa autopista, y que desde 2018 y hasta final junio de este año, los usuarios se han ahorrado más de 58,5 millones al circular por la AP-66, en bonificaciones directas o limitando la subida de los peajes.
Bruselas considera que a ojos de esa normativa y de los principios de igualdad de trato y transparencia, “estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales que equivalen a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación competitivo”, según dijo en un comunicado. Por eso, envió un dictamen motivado a España y le dio dos meses para responder y adoptar “las medidas necesarias” para cumplir con la directiva. Si no lo hace, la Comisión podría enviar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por violar el derecho comunitario.
