La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) ha sacado a información pública el proyecto de la mina de oro de Salave, en Tapia de Casariego, como posible proyecto de interés estratégico regional (PIER). De este modo la polémica mina podría esquivar las sucesivas negativas que la mina ha recibido por parte de los ayuntamientos de Tapia de Casariego, donde tanto PSOE como PP se han opuesto a su construcción.
De acuerdo a la reciente Ley de Proyectos de Interés Estratégico del Principado la declaración debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Una vez logrado este apoyo el proyecto recibe acceso inmediato a todas las herramientas de incentivo económico y financiero disponibles por la administración autonómica.
Para ser considerado PIER, las actividades empresariales deben crear cien empleos directos de carácter indefinido a jornada completa en el plazo máximo de tres años o ejecutar inversiones directas por valor de 30 millones de euros en dos años o mantener 200 empleos directos y de carácter indefinido a jornada completa durante de tres años.
Según la norma, cuando el proyecto se ejecute en algún concejo considerado en situación de crisis demográfica o riesgo de despoblamiento, los umbrales de estos criterios se reducirán a la mitad. Este es el caso de Tapia Casariego, calificado como concejo en “crisis demográfica”. Sin embargo, la controvertida mina cuenta con otro poderoso argumento legal en contra, y está contenido en la propia Ley de Proyectos de Interés Estratégico. Y es que la ley del 2024 prohíbe la consideración de proyectos estratégicos a aquellos que se encuentren ubicados en suelo de costas, como sucede en Salave, a escasos metros del Cantábrico.
La legislación plantea una excepción: los proyectos relacionados con actividades marítimas. No es el caso. Así lo explicita el Artículo 5.2 e) 2°:
“Los proyectos no podrán asentarse en suelos no urbanizables de especial protección, ni suelos no urbanizables de costas salvo que el proyecto esté directamente vinculado a actividades marítimas”.
El artículo, que fue fruto de las enmiendas de IU y Covadonga Tomé en la ponencia de la ley, impulsada por el PSOE, pone las cosas muy difíciles a la multinacional canadiense Black Dragon Gold, ya que 2005 el Consejo de Gobierno del Principado, presidido entonces por el socialista Vicente Álvarez Areces, rechazó la mina de Salave por afectar a suelo de costas. ¿Jaque mate? Está por ver. Como apunta un jurista consultado por NORTES, “esta gente no es tonta y buscará alguna triquiñuela legal”. El artículo y la anterior declaración de los terrenos de la mina como suelo costero se lo pone en todo caso bastante difícil a una multinacional para la que esta es la última bala. El caso podría incluso terminar judicializado en los tribunales.
Críticas de la Coordinadora Ecoloxista
Tras el anuncio publicado este viernes en el BOPA, la Coordinadora Ecoloxista ha criticado que la Consejería de Ciencia Industria y Empleo de Asturias “permita” que el proyecto continúe su tramitación como proyecto estratégico cuando es disconforme con la ordenación territorial o urbanística en vigor “como en reiteradas veces” ha advertido el Ayuntamiento de Tapia de Casariego”.
La organización conservacionista ha insistido en “el fuerte impacto ambiental que tiene la minería de oro allí donde se desarrolla”, algo que, según la Coordinadora, se puede observar en el yacimiento de Belmonte que está en explotación “con importantes vertidos de sustancias tóxicas” y una “variación sustancial del paisaje”.
La Coordinadora ha confiado que con las nuevas alegaciones “se desestime de una vez” el proyecto por parte del Principado y “se proceda a poner en valor la antigua explotación minera romana de la zona, ubicada justo en el lugar en el que pretende alzarse la nueva explotación.
