El pasado 8 de agosto se conoció que Melania Álvarez, exconsejera de Derechos Sociales y Bienestar, será la nueva directora del clúster asturiano de cuidados, apoyado por la Cámara de Comercio de Oviedo. El detalle que ha encendido el debate: ella misma autorizó durante su etapa al frente más de 3,9 millones de euros públicos para financiar el proyecto que ahora va a dirigir.
Entre 2022 y 2025, la Consejería que dirigía Álvarez firmó convenios nominativos con las cámaras de Oviedo, Gijón y Avilés, sin concurso público, amparándose en el “interés público y social” y en la “idoneidad” de estas entidades como ejecutoras, según recogen las resoluciones del BOPA nº 44/2023 y BOPA nº 63/2025.
En 2022, la aportación fue de 600.000 euros. Un año después, ascendió a 1,4 millones. Y en 2025, la cifra comprometida se situó cerca de los 1,96 millones, lo que supuso triplicar la inversión inicial.
En total, la Cámara de Oviedo recibió casi 2 millones; la de Gijón, algo más de 1,3; y la de Avilés, 666.000 euros. La Sindicatura de Cuentas advirtió en 2023 sobre el uso abusivo de este tipo de subvenciones nominativas, recordando que deberían reservarse a actuaciones puntuales y no emplearse como mecanismo de financiación ordinaria.
El proyecto que lo une todo
Los fondos públicos se destinaron a desarrollar el Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC), definido en documentos oficiales y en la revista Social Asturias como un laboratorio de innovación social para transformar el modelo de cuidados mediante tecnología, formación y colaboración con empresas, en el marco del Plan de Recuperación y la Estrategia CuidAs. La estructura se impulsó desde las cámaras de comercio, corporaciones de derecho público con una larga trayectoria de colaboración con la administración autonómica, aunque hasta ahora sin un papel tan directo en el ámbito de los servicios sociales.
En una comunidad como Asturias, que según el INE cuenta con la mayor proporción de personas mayores de 65 años del país (28 % en 2024) y que podría aumentar en los próximos quince años, según proyecciones del propio instituto, el sector de los cuidados se considera estratégico. Para sus defensores, el CECOEC es una apuesta por modernizarlo; para sus detractores, es la puerta de entrada de intereses empresariales en un servicio que debería ser estrictamente público.
El debate sobre las “puertas giratorias”
Diversas voces políticas y sindicales han enmarcado el nombramiento de Álvarez dentro de lo que se conoce como “puerta giratoria”: el paso de un alto cargo público a una entidad privada vinculada a su área de responsabilidad. Este concepto está regulado en España por la Ley 3/2015, que fija un periodo de incompatibilidad de dos años para que ex altos cargos trabajen en empresas afectadas por sus decisiones, un plazo que también recoge la Ley 4/1995 sobre incompatibilidades en Asturias.
En la práctica, el control es escaso y la ley resulta poco restritiva. Según datos de RTVE, en casi dos décadas la Oficina de Conflictos de Intereses solo ha rechazado 18 solicitudes de paso al sector privado. Durante el debate parlamentario previo a la aprobación de la Ley 3/2015, el Grupo Parlamentario Izquierda Plural propuso ampliar el plazo de incompatibilidad de dos a cinco años, en línea con lo que aplican algunos países europeos. La eficacia de la norma, apuntan diversos análisis académicos, depende no solo del tiempo de carencia, sino del rigor con el que se evalúe cada caso.
“El cuidado debe ser un derecho universal, no un negocio para exconsejeros”, concluyen.
Reacciones políticas y sindicales
El nombramiento ha provocado críticas en diferentes frentes. “¿Tiene pinta de puerta giratoria o es que soy una mal pensada?”, se preguntaba Cova Tomé, diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies. Desde Podemos Xixón, la concejala Olaya Suárez comentaba: “Las puertas giratorias no paran en vacaciones… Decir vergüenza es quedarse corto”.
El sindicato Izquierda Sindical Asturiana (ISA) ha sido especialmente duro: califica la operación como “la culminación de un modelo que ella misma impulsó” y denuncia que, “mientras como consejera desviaba fondos públicos a las cámaras de comercio mediante convenios cuestionables, desmantelaba la red pública de cuidados”. ISA reclama una auditoría de los más de 3,9 millones transferidos y el fin de las subvenciones directas sin concurrencia. “El cuidado debe ser un derecho universal, no un negocio para exconsejeros”, concluyen.
Críticas en redes sociales
En redes sociales, numerosos usuarios han recuperado la expresión “puerta giratoria” para referirse al caso, en hilos y comentarios publicados al hilo de las noticias en medios regionales. Algunos recuerdan episodios de su gestión como consejera, especialmente la firma de convenios con las cámaras de comercio; otros cuestionan que abandone el Senado para incorporarse a un cargo privado directamente vinculado con su labor anterior. Hay quienes hablan de “premio” por su gestión pasada y quienes lo ven como la confirmación de que “lo público se convierte en trampolín para lo privado”. También aparecen voces que, sin compartir la decisión, consideran legítimo su fichaje si cumple con los requisitos legales, lo que evidencia que el debate se mueve entre la crítica frontal y la apelación al marco normativo vigente.
Un debate que continúa
El clúster arranca su actividad con financiación garantizada para, al menos, el próximo año. Sus impulsores lo presentan como un espacio para “innovar en los modelos de cuidado” y aprovechar la experiencia empresarial en un sector en transformación. Pero las críticas políticas, sindicales y ciudadanas evidencian que el debate sobre los límites entre lo público y lo privado seguirá vivo mientras Melania Álvarez dirija una estructura sostenida con fondos que ella misma autorizó. Hasta el momento no se ha difundido ninguna reacción ni comunicado de Álvarez ni del Gobierno asturiano al respecto, lo que añade incertidumbre al debate.
(*) Por error, el artículo menciona la Ley 3/2015 y Ley 4/1995 sobre incompatibilidades en Asturias. La ley vigente es Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés que, en cualquier caso, dice exactamente lo mismo que la anterior sobre el fondo de lo tratado en este artículo.
