La Inspección General de Servicios del Principado de Asturias ha confirmado múltiples incumplimientos en los procesos de contratación de la empresa pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias (SERPA), adscrita a la Consejería de Hacienda. El informe, fechado en julio de 2025, y al que ha tenido acceso NORTES, responde a una denuncia ciudadana presentada en octubre de 2024 y concluye que SERPA no respeta los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigidos por la Ley de Empleo Público.
La investigación se inició no de oficio, sino tras una denuncia presentada en octubre de 2024 que señalaba posibles irregularidades en los procesos de selección.
Procesos internos, tribunales incompletos y falta de publicidad
El SERPA es una sociedad pública dedicada a la prestación de servicios de desarrollo rural, de interés agrario, de acuicultura y pesca marítima, de interés medioambiental, turístico, docente, cultural y deportivo. El informe detalla que 29 procesos de contratación temporal en 2024 y 13 en 2025 nunca se publicaron en el Portal de Transparencia ni en la web de SERPA. Las convocatorias fueron comunicadas únicamente por correo electrónico a la plantilla, bajo la figura de una supuesta “promoción interna” que, según la Inspección, no tiene base legal en las empresas públicas.
Los tribunales de selección —normalmente compuestos por el gerente y la responsable de Recursos Humanos— tampoco cumplen con las garantías mínimas de imparcialidad y pluralidad. La propia Inspección subraya que con solo dos miembros, el voto del presidente (el gerente) resulta siempre decisivo, lo que vulnera el principio de objetividad.
A esto se suma la ausencia de actas firmadas, bases sin baremos de puntuación claros, plazos de inscripción de apenas 24 horas y la inexistencia de ofertas públicas de empleo desde 2016. Aun así, en 2023 se realizaron nueve contrataciones indefinidas sin que se reservaran plazas para personas con discapacidad, como exige la ley.
Una empresa pública con lógica de empresa privada
El informe constata que SERPA, pese a ser medio propio del Gobierno asturiano, opera con una lógica interna más cercana a la empresa privada que a la administración pública. Se ampara en un convenio colectivo del sector de oficinas y despachos para justificar su sistema de promociones internas, ignorando la normativa autonómica de empleo público y las instrucciones de transparencia de 2016.
La Inspección recuerda que los convenios colectivos no pueden derogar las leyes, y cita sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que confirman la nulidad de los procesos que eluden los principios de igualdad y publicidad.
Recomendaciones y antecedentes
El órgano fiscalizador insta a SERPA a revisar a fondo sus procedimientos de selección, a publicar todas las convocatorias y bolsas de empleo activas, a establecer tribunales imparciales con al menos tres miembros y a garantizar plazos razonables en las convocatorias. También recomienda consultar a la Dirección General de Empleo Público antes de implantar cualquier sistema de promoción interna.
El informe no es el primero que advierte sobre el funcionamiento de la sociedad pública. Ya en 2022, otro documento oficial señalaba la elevada temporalidad de su plantilla —entonces del 51%— y la conversión en indefinidos de trabajadores temporales por vía judicial. Aunque la empresa asegura haber reducido la litigiosidad y completado su plan de estabilización, la Inspección concluye que persisten deficiencias estructurales y falta de transparencia.
Otra de las irregularidades detectadas por inspección es que no se cumplen con las reservas mínimas de puestos para personas discapacitadas.
