Un total de once lobos han sido abatidos de los 53 previstos en el Plan de Gestión del Lobo que el Gobierno del Principado retomó en abril, tras la salida de esta especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre), y que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2025.
Otros ocho ejemplares han muerto entre abril y octubre por causas naturales o accidentales, según los datos aportados por el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, al que el PP intentó reprobar esta semana en la Junta General por la supuesta falta de transparencia en la aplicación del plan.
Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Marcos explicó en rueda de prensa que todas las extracciones han sido planificadas y supervisadas por la Guardería del Medio Natural, y que ninguna se ha producido durante las cacerías autorizadas en las que se permitía abatir lobos.
“El plan de gestión funciona, avanza y se ajusta a los tiempos previstos. Tenemos un modelo operativo y jurídicamente contrastado”, afirmó el consejero, que subrayó que, al cumplirse la mitad del periodo previsto, se ha ejecutado el 36 % de las extracciones autorizadas, incluyendo las muertes por causas naturales o accidentales.
“De acuerdo con los últimos estudios del Principado, en Asturias hay 45 manadas, 42 de ellas reproductoras, con una población estimada entre 345 y 400 ejemplares.”
Según Marcos, estos datos demuestran que el programa “avanza” y que funciona la planificación basada en la Guardería de Medio Ambiente, que ha autorizado 174 cacerías, de las que 37 se han celebrado ya, aunque sin abatir ningún lobo.
La Consejería ofrecerá un balance detallado la próxima semana en la reunión del Comité Consultivo del Lobo, en el que participan la administración autonómica, ayuntamientos, organizaciones agrarias, cazadores, grupos conservacionistas y expertos en fauna silvestre.
El programa establece dos periodos principales para las extracciones: de enero a abril y de septiembre a diciembre, con actuaciones puntuales entre mayo y agosto, al ser el verano la época de menor eficacia, mientras que el otoño e invierno son las más propicias para la localización y control de ejemplares.
El plan prevé la extracción de seis lobos en la zona noroccidental, otros tantos en El Palo–Esva y en la centro–occidental, cuatro en el suroccidente, ocho en la centro–oriental, y cuatro en el entorno de Picos de Europa, además de once adicionales en áreas fuera del ámbito del plan, donde podrán abatirse durante todo el año.
Hasta octubre, el Principado había recibido 2.049 expedientes por ataques de lobo, con un importe estimado superior al millón de euros. De esa cantidad, se han abonado más de 580.000 euros, con un periodo medio de pago inferior a 90 días, cumpliendo el compromiso adquirido por el Ejecutivo, según el consejero.
“La política del Gobierno se basa en la protección efectiva de los ganaderos, no en la confrontación”, defendió Marcos, quien aseguró que los datos “desmienten el relato de la derecha y de algunas organizaciones agrarias”.
El lobo ocupa actualmente el 85 % del territorio asturiano, conectado con las poblaciones de las comunidades vecinas, en un hábitat de 8.300 kilómetros cuadrados.
De acuerdo con los últimos estudios del Principado, en Asturias hay 45 manadas, 42 de ellas reproductoras, con una población estimada entre 345 y 400 ejemplares. Desde 2001, cuando se registraron 22 manadas, la población ha mostrado una tendencia general de crecimiento, al igual que los daños sobre la ganadería, que en 2024 afectaron a 3.257 cabezas de ganado bovino, caprino, equino y ovino, un 19,7 % más que en 2021.
