Hace algo más de un año escribía en este mismo espacio sobre el revival nuclear y la ofensiva impulsada por PP y Vox, alentada desde las grandes eléctricas, para alargar la vida de las centrales. Entonces, las empresas gestoras aún no habían presentado ninguna solicitud formal, no era políticamente digerible pedir abiertamente que se rompiera el acuerdo que ellas mismas habían firmado con el Gobierno hacía escaso años, ni exigir que la prolongación de la actividad nuclear la pagáramos entre todos los españoles. Por eso la presión se canalizó a través de medios de comunicación afines y bien regados y de los partidos del bloque conservador encargados de abrir brecha en la opinión pública.
Hoy, casi un año después, el terreno ya está abonado, el debate se ha crispado lo suficiente como para que la solicitud sea bien recibida y las prebendas fiscales y regulatorias que reclaman las eléctricas encuentren un contexto favorable. Las compañías propietarias han dado el paso, han pedido oficialmente que Almaraz I y Almaraz II prolonguen su vida útil tres y dos años, respectivamente, de modo que su cierre quedaría fijado en 2030.
Como la memoria en política es frágil, y esto, no nos engañemos, es política por otros medios, conviene recordar que hace apenas quince años las propias empresas gestoras querían cerrar las centrales porque no eran rentables. En 2012, Nuclenor, sociedad participada por Endesa e Iberdrola, decidió clausurar Santa María de Garoña pese a la oposición del Gobierno, al considerar que continuar su actividad no era económicamente viable. El conflicto que derivó de aquel cierre con sanciones económicas, tensiones regulatorias y la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de gravar con mayor dureza la actividad nuclear, acabó desembocando en el acuerdo de 2019 entre el Gobierno ya de Pedro Sánchez y las compañías gestoras para un cierre escalonado del parque nuclear entre 2027 y 2035, dicho cierre reordenó por completo la estrategia energética española.
En 2012, Nuclenor, sociedad participada por Endesa e Iberdrola, decidió clausurar Santa María de Garoña pese a la oposición del Gobierno, al considerar que continuar su actividad no era económicamente viable
Por primera vez, el país disponía de un calendario ordenado de salida de potencia nuclear, lo que permitió al Gobierno y a Red Eléctrica planificar una sustitución ordenada basada en energías renovables, almacenamiento y refuerzo de red. Ese marco aportó certidumbre al mercado, facilitó la entrada de grandes inversiones en generación renovable, y sentó las bases de una política industrial capaz de acompañar la reconversión de las zonas afectadas ( aspecto este, claramente a mejorar). Además permitió que el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) se convirtiera en uno de los más ambiciosos de Europa, con el objetivo de alcanzar en 2030 un 81 % de electricidad de origen renovable con el objetivo de descarbonizar nuestra economía para 2050.
Mientras el espectro conservador (político y mediático) defiende la prolongación de las nucleares en nombre de la “energía barata” y la “soberanía energética”, la realidad cuenta otra historia. España es hoy uno de los países con la electricidad más barata, y no precisamente por la nuclear, sino gracias al peso de las renovables. Los PPA (Power Purchase Agreements) firmados por industrias y comercializadoras están ahí para consultarse y confirman esa ventaja estructural, los precios de la electricidad a largo plazo en España se sitúan entre los más bajos del mundo, a unos niveles con los que la energía nuclear no puede competir, daros cuenta de lo poco competitiva que es la nuclear frente a las renovables que el debate de construir nuevos reactores ni siquiera ha sido puesto encima de la mesa por la falta de rentabilidad de las centrales nuevas si no hay participación pública, el libre mercado que le gusta a un liberal español, beneficios privados costes socializados.
Si caemos en el error de prolongar la vida de las centrales, esos precios dejarán de ser sostenibles, romper el acuerdo de cierre, asumir con dinero público las costosas inversiones en seguridad necesarias para mantenerlas en funcionamiento y rebajar los impuestos a la carta a las eléctricas solo lograría frenar la inversión renovable pendiente, deteriorar nuestra competitividad y poner en duda la credibilidad de la estrategia energética española, en un mundo donde el dinero es miedoso y huye de la incertidumbre España no puede permitirse dar marcha atrás cuando por una vez habíamos hecho los deberes.
En cuanto a la supuesta soberanía energética que, según algunos, nos garantizarían las nucleares, conviene recordar un detalle que no es menor, España no tiene uranio. El yacimiento de Retortillo (Salamanca), que algunos presentan como “el mayor de Europa”, ni lo es ni resulta rentable explotarlo, pero incluso si lo fuera, serviría de poco, porque el proceso de enriquecimiento del uranio depende de potencias extranjeras, algunas de ellas, cuando menos, poco fiables.
Hoy, buena parte del combustible que emplean las centrales occidentales se procesa en instalaciones controladas por Rosatom, la empresa estatal rusa responsable de cerca del 50 % del enriquecimiento mundial de uranio. No parece sensato sostener que la soberanía energética de España deba depender del uranio de una dictadura beligerante, y eso es en esencia, lo que nos proponen PP y Vox. En el caso de Vox no sorprende ya que las simpatías de Abascal por Putin son bien conocidas, pero lo del Partido Popular debería como mínimo, invitar a una reflexión seria sobre a qué intereses sirve realmente su concepto de patriotismo.
Se puede debatir si alguna central debería prolongar su vida unos años más mientras se consolida la inversión renovable, pero ese no es el debate real. Lo que se plantea ahora es alargar dos reactores para que en 2030 y con un posible gobierno afín, se pueda consumar la felonía de revertir el cierre pactado. Imaginen el escenario, en 2030 deberían cerrarse cuatro centrales a la vez, ( Almaraz I, Almaraz II, Ascó y Cofrentes) un problema serio para un sistema que fue diseñado precisamente para un cierre escalonado, aplazar las dos primeras implicaría, además, paralizar parte de la inversión renovable prevista con el consiguiente coste económico y pérdida de confianza.
Y por si eso fuera poco, el plan de fondo de las eléctricas es que ese eventual gobierno “amigo” congele el calendario, subvencione la energía nuclear con dinero público y mantenga precios fuera de mercado que acabaríamos pagando entre todos, sostener el oligopolio eléctrico a costa de las clases populares.
España llegó tarde a la revolución industrial, pero hoy vivimos una revolución que por fin nos favorece porque no depende de que tengamos recursos fósiles como petróleo o gas sino de recursos naturales que tenemos en abundancia como, sol, viento y agua Sin embargo, la avaricia de las eléctricas y la necedad de una parte de la derecha, que ha convertido la energía en un campo de batalla woke, amenazan con llevar al desastre a un país que por una vez se había situado en el lado bueno de la historia, y todo esto sin entrar siquiera en el debate sobre la seguridad de las centrales, la gestión de los residuos nucleares y el coste desorbitado que supone su tratamiento y almacenamiento, un gasto que (como siempre) acabaría recayendo sobre los españolitos de a pie.
