Es más barato suprimir el peaje que seguir subvencionando a la empresa para que cobre menos a los usuarios. De hecho, es antieconómico para el Estado, aunque no así para Aucalsa, que ha encontrado en las bonificaciones un suculento negocio. Esa es la conclusión de un informe elaborado por dos profesores de la Universidad de A Coruña sobre la situación del peaje de la AP-66 (Huerna).
El trabajo pone fin a una discusión pública que hasta ahora se había realizado sin papeles ni cifras. Lo han presentado este viernes la diputada Covadonga Tomé y los juristas gallegos Carlos Aymerich y José Antonio Blanco. Los autores advierten que al tratarse de un rescate por nulidad “no cabe reconocer lucro cesante” en la compensación.
El estudio, encargado por Somos Asturies, es el primero que se presenta sobre el tema y desmonta los argumentos del ministro Óscar Puente para mantener el peaje, obligando a contrargumentar al Gobierno si quiere seguir defendiendo el mantenimiento de la barrera entre Asturies y Castilla y León.
Los autores, responsables de otro estudio para el BNG sobre la supresión del peaje de la AP-9, la autopista que une a Galicia y Castilla y León, concluye que no existen razones económicas ni jurídicas para mantener la situación actual al no existir penalización por lucro cesante después de que la Comisión Europea declarara ilegal la prórroga de la concesión a Aucalsa como consecuencia de una denuncia presentada por Daniel Ripa, entonces líder de Podemos Asturies, hoy expulsado del partido.
Para los expertos, solo cabe hablar de “valor de mercado”, el cual es “menos de la mitad” de lo que supone el desembolso que el Estado español haría para las compensaciones a Aucalsa, que según estimaciones hasta el año 2050 -cuando concluye la concesión- pagará 674 millones por bonificaciones de peaje. Asimismo, han establecido el valor de mercado en 285 millones y han cifrado los gastos de gestión en 4,8 millones anuales.
Según han apuntado los expertos para llevar a cabo la supresión del peaje no es necesario esperar a que se pronuncien los tribunales, y apuntan la opción de una resolución que podría producirse en cuestión de meses.
Así, han planteado que existe la posibilidad de que el Estado decida la revisión de oficio, solicitar un informe vinculante del Consejo de Estado y finalmente se resuelva y se decrete la nulidad, que podría ser impugnada por la concesionaria, aunque ya sería ejecutiva.
Covadonga Tomé ha sostenido que no hay “ningún motivo económico, ni jurídico, ni de otro tipo” para mantener un peaje que es “ilegal”, y que el Gobierno central “no tiene voluntad de suprimir”.
La diputada ha anunciado que Somos registró el jueves en el Ministerio de Transportes la petición para que este organismo proceda a la revisión de oficio de la concesión otorgada a Aucalsa, a cuya empresa ha abogado por “dejar de favorecer”.
Ante el mantenimiento del peaje, que ha calificado de “inaceptable”, Tomé ha indicado que su formación trasladará el informe elaborado por los profesores gallegos al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.
“Es importante que lo conozcan y tengan en cuenta todo los argumentos para la supresión”, ha dicho la parlamentaria, quien ha señalado que si el Gobierno quiere adoptar una postura de “morosidad” va a tener que dar “muchas explicaciones” a los asturianos.
