El Sindicatu d’Inquilines d’Asturies ha denunciado un caso de amenazas y acoso sufrido por Camilo, inquilino desde hace ocho años de una vivienda en Oviedo, después de acumular varios meses de deuda en el alquiler tras perder su empleo. Según el sindicato, los hechos se produjeron sin que existiera orden judicial ni procedimiento de desahucio en curso.
El caso llegó al sindicato a través de una amiga del afectado. Camilo, de origen polaco y con una discapacidad leve del lenguaje, se encontraba en un estado de fuerte ansiedad y apenas salía de su domicilio. Miembros del sindicato se desplazaron hasta la vivienda y lograron contactar con él tras varios intentos.
Varias visitas nocturnas y una denuncia sin orden judicial
Según explica Javier Linares, portavoz del Sindicatu d’Inquilines d’Asturies, las amenazas se venían produciendo desde días atrás y culminaron con varias visitas nocturnas de dos hombres corpulentos al domicilio. “Le aporrearon la puerta, le rompieron la cerradura y en una de las ocasiones llegaron a agarrarlo por el cuello”, relata. El inquilino tuvo que cambiar la cerradura en varias ocasiones, con un gasto superior a los 300 euros, cuyas facturas han sido incorporadas a la denuncia.
Desde el sindicato señalan que Camilo había comunicado a la propietaria su intención de regularizar la deuda y continuar con el contrato, que sigue vigente y tiene todavía dos años de duración. Sin embargo, según su testimonio, no obtuvo respuesta. La arrendadora no ha reconocido haber contratado a ninguna empresa de desocupación.
El sindicato acompañó la semana pasada al inquilino a interponer una denuncia en comisaría y posteriormente a Fiscalía. Según explica Linares, el caso fue puesto en conocimiento del ministerio público por posibles delitos de amenazas y violencia, incluyendo la valoración de un posible delito de odio, dado el perfil migrante y la situación de vulnerabilidad del afectado. Desde la presentación de las denuncias no se han vuelto a producir nuevos episodios de acoso.
“No estamos ante una desocupación en sentido legal”, sostiene Linares. “La salida de una vivienda solo puede producirse por orden judicial. Lo que ocurre aquí es un intento de recuperar una vivienda mediante el miedo y el hostigamiento”, afirma.
Un caso sin precedentes en el Principado, según el sindicato
El Sindicatu d’Inquilines d’Asturies señala que se trata del primer caso de estas características del que tienen constancia en el Principado, aunque recuerdan que este tipo de prácticas han sido denunciadas en otras comunidades del Estado. En este contexto, reclaman que se investiguen las actuaciones de empresas de desocupación y que los conflictos entre arrendadores e inquilinos se resuelvan exclusivamente por las vías legales establecidas.
Camilo se ha incorporado ya al sindicato, que le presta apoyo jurídico y acompañamiento. Desde la organización animan a otras personas que puedan estar atravesando situaciones similares a no afrontarlas en soledad y a buscar apoyo colectivo.
