La disponibilidad permanente de agua para la vida y las actividades humanas depende directamente del buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados. Por ello, la protección de las aguas y sus ecosistemas debe situarse como prioridad, seguida de su uso sostenible, garantizando que ríos, acuíferos y humedales mantengan su equilibrio ecológico, previniendo la contaminación y la sobreexplotación, y adaptándose a los desafíos del cambio climático. Desde esta perspectiva ambiental, el agua no es solo un recurso, sino un bien natural cuyo cuidado garantiza la vida y la resiliencia de los ecosistemas. Al mismo tiempo, decidir sobre su gestión desde una perspectiva de justicia social implica reconocer que el abastecimiento de agua no es un servicio cualquiera ni debe tratarse como una mercancía; es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas, cuya administración debe orientarse hacia la sostenibilidad a largo plazo, la equidad, la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la eficiencia social y ambiental.
En este marco, la forma de gestión influye directamente en cómo se aplican esos principios. Diversos estudios y experiencias territoriales muestran cómo la gestión del agua en manos privadas tiende a priorizar los criterios económicos sobre los sociales y ecológicos. En Cataluña, por ejemplo, un informe de la Agencia Catalana del Agua detectó que la gestión privada encareció el precio del agua hasta un 26 % respecto a la gestión municipal. De manera similar, en Oviedo, con gestión privada, el m3 de agua cuesta 1,76 euros mientras que, en Gijón, con gestión pública, el m3 oscila entre 0,39 – 0,75 euros. Esta oscilación de precios en Gijón se debe a la aplicación del sistema de tramos, que establece tarifas progresivas en función del consumo: los primeros metros cúbicos, asociados a los usos básicos y esenciales, tienen un coste reducido, mientras que los consumos más elevados pagan precios más altos. Este mecanismo, posible en un modelo de gestión pública, permite garantizar el acceso al agua, fomentar un uso responsable del recurso y reforzar criterios de equidad social y protección ambiental frente a modelos privados orientados prioritariamente al beneficio económico.
El argumento central del alcalde de Siero para defender la privatización es que ésta facilitará inversiones inmediatas, de al menos 65 millones de euros, destinadas a reparar y renovar infraestructuras obsoletas, reducir pérdidas de agua que alcanzan hasta el 50 % de la red y ampliar el sistema de abastecimiento. Sin embargo, es necesario advertir que la inversión privada no es gratuita ni altruista pues la empresa concesionaria buscará recuperar la inversión con beneficios que acabará pagando la ciudadanía a través de las tarifas. El hecho de que la red actual presente pérdidas de agua tan elevadas constituye un problema grave, pero no puede utilizarse como argumento a favor de la privatización. Más bien es una evidencia de la falta de inversión sostenida y de una planificación política inadecuada en etapas anteriores. La externalización del servicio, lejos de ser una solución estructural, supone una huida hacia adelante que, además de incrementar previsiblemente las tarifas, reducirá el control democrático sobre un servicio esencial, al limitar la capacidad de decisión del ayuntamiento durante décadas.
Desde esta perspectiva, es importante recordar que la inversión necesaria para renovar la red de agua puede abordarse desde la gestión pública sin renunciar al control del servicio. Los ayuntamientos disponen de instrumentos de financiación pública a largo plazo para infraestructuras esenciales, con costes financieros inferiores a los de la inversión privada, y el propio servicio del agua genera ingresos estables que permiten amortizar estas inversiones de forma progresiva. A ello se suman posibles apoyos europeos orientados a la eficiencia hídrica y la adaptación al cambio climático, que pueden aliviar parte del esfuerzo inversor si existe una planificación adecuada. Esta vía no promete soluciones inmediatas ni gratuitas, pero sí una gestión más barata, transparente y alineada con el interés general, en la que cada euro que paga la ciudadanía se reinvierte en mejorar la red, proteger el recurso y garantizar el derecho al agua, en lugar de destinarse a asegurar beneficios empresariales.
