La Plataforma por la Salud y la Sanidad Pública de Asturias ha denunciado este jueves que el acuerdo alcanzado entre el Servicio de Salud del Principado (SESPA) y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) “pone al Principado al servicio de las grandes empresas sanitarias privadas”, como Quirón o Ribera Salud, al facilitar la compatibilidad entre el ejercicio público y privado de los facultativos.
Según el colectivo, el acuerdo firmado esta tarde contempla un incremento salarial lineal de 600 euros para todos los médicos, a costa de “devaluar” la dedicación exclusiva, cuyo complemento económico se reduce a 400 euros. A su juicio, la medida supone “un triunfo del SIMPA, pero no de los médicos”, ya que las mejoras en aspectos como horarios, retribuciones de los MIR o agendas de Atención Primaria consideran que son “limitadas”.
La plataforma reconoce que acuerdos similares se han producido en otras comunidades autónomas, aunque subraya que “el mal de muchos no es consuelo de nadie”, y destaca que en Asturias la renuncia a la dedicación exclusiva había sido hasta ahora un fenómeno muy minoritario. En este sentido, recuerda que, según datos aportados por la propia consejera de Salud, únicamente 196 médicos habían optado por compatibilizar la sanidad pública y la privada.
En su valoración, el movimiento por la sanidad pública sostiene que el SIMPA “no está defendiendo los intereses generales de los médicos”, sino favoreciendo las expectativas de expansión de las empresas sanitarias privadas, al eliminar una de las principales barreras que dificultaban su implantación: la exclusividad en el sistema público. El reducido número de profesionales médicos, añade, es una limitación objetiva para estas compañías.
La plataforma alerta asimismo de que la devaluación de la dedicación exclusiva debilita un “vínculo de compromiso y lealtad” con el sistema público, que consideran habitual en otros sectores sin necesidad de compensaciones económicas específicas.
Finalmente, advierte de los riesgos de las denominadas prácticas bidireccionales entre la sanidad pública y la privada, que, según denuncia, pueden derivar en el traslado de costes a lo público, el uso de tiempo y recursos públicos para actividades privadas, la captación de pacientes del sistema público y el uso preferente de medios diagnósticos públicos para pacientes privados. El colectivo aclara que no pretende cuestionar la existencia de la sanidad privada, sino “poner fin a prácticas nocivas que perjudican al sistema público”.
