La Unión de Consumidores de Asturias ha denunciado públicamente el incumplimiento sistemático del suministro domiciliario de gas butano en zonas rurales del Principado, una situación que, según la organización, está afectando de manera especial a las personas más vulnerables. Así lo ha manifestado su presidente, Dacio Alonso, quien acusa a Repsol Butano de priorizar las entregas en áreas urbanas por ser “más rentables y cercanas”, dejando desatendidos a los clientes del medio rural.
Según Alonso, los consumidores con contrato de suministro tienen derecho a recibir las bombonas de gas butano en un plazo máximo de 48 horas, tal y como establece la normativa vigente. Sin embargo, asegura que este plazo “se está incumpliendo de forma grave”, lo que atribuye directamente a la responsabilidad de Repsol como operador obligado a garantizar el servicio.
Desde la Unión de Consumidores se exige a la Consejería de Industria del Principado que investigue estos hechos y sancione a los distribuidores que no estén cumpliendo con sus obligaciones contractuales. “El Principado no sabe, no contesta”, lamenta Alonso, que critica la falta de respuesta de la administración autonómica ante un problema que considera de gran impacto social.
El presidente de la organización advierte de que esta situación perjudica especialmente a personas mayores, con menos recursos económicos y residentes en zonas rurales, donde el gas butano es, en muchos casos, la única fuente de energía disponible. En este sentido, considera “inadmisible” que consumidores con contrato se vean obligados a recoger firmas para denunciar lo que califica como un “desprecio”, especialmente por parte de Repsol.
“Que esto esté ocurriendo en Asturias pone de manifiesto la desidia de la administración y nos sitúa en una región tercermundista”, afirma Alonso.
La Unión de Consumidores recuerda que, según la Resolución de 21 de mayo de 2024 de la Dirección General de Política Energética y Minas, Repsol Butano, S.A. es el operador designado para garantizar el suministro domiciliario de gas licuado del petróleo (GLP) en bombonas tradicionales en todo el territorio peninsular, lo que refuerza, a su juicio, la gravedad de los incumplimientos denunciados.
