En una pequeña localidad cántabra, Cartes, ha estallado un conflicto vecinal a raíz de la posible instalación de un centro de menores extranjeros no acompañados. El diagnóstico rápido —y cómodo— es tachar a la vecindad de racista. Racismo hay, sin duda, y además es alentado activamente por la derecha y la extrema derecha para ampliar su base electoral. Pero quedarse ahí es no querer ver el problema de fondo.
Cartes no es una excepción, sino un síntoma. Una localidad pequeña, como tantas otras, con servicios públicos cada vez más deteriorados. En los vídeos del pleno municipal que circulan por redes sociales puede verse a un vecino decir: “¿Y a estos les van a dar médico aquí, si yo tengo que ir al pueblo de al lado?”. Una mujer le responde: “Pero si aquí no hay médico”. Más allá de la literalidad del intercambio, la escena es reveladora.
La pauperización de los servicios públicos crea el caldo de cultivo perfecto para el discurso de odio. Cuando faltan médicos, cuando la trabajadora social está saturada, cuando el transporte público es insuficiente, la frustración se acumula. Y esa frustración busca culpables. El problema es que el culpable nunca es “el otro”, sino quienes gestionan —y desmantelan— lo público mediante privatizaciones y recortes.
Cuando necesitas el coche para ir a trabajar porque no hay alternativas viables, pero cada vez se restringe más su uso; cuando no puedes permitirte cambiar de vehículo y sigues con un diésel antiguo mientras ves circular coches de alta gama con etiqueta ecológica; cuando llegar a final de mes se convierte en una carrera de obstáculos, el enfado es comprensible. Y ese enfado, busca culpables.
En este contexto entran en juego los servicios sociales, cada vez más privatizados. En lugar de una intervención pública directa, se delega la gestión en asociaciones o entidades privadas cuyo funcionamiento responde, en muchos casos, a lógicas económicas. Según lo señalado en el propio pleno municipal, el piso destinado al centro cuenta con tres habitaciones y se pretende alojar en él a dieciocho chavales. El término adecuado para describirlo es hacinamiento.
¿Por qué no se reduce el número de menores? Porque el modelo lo desincentiva. Cuantos más chicos, más dinero.
¿Por qué no se reduce el número de menores? Porque el modelo lo desincentiva. Cuantos más chicos, más dinero. No importa si están bien atendidos, integrados o acompañados adecuadamente: importa que estén. Los menores dejan de ser sujetos de derechos para convertirse en unidades económicas. No personas, sino cifras.
Las consecuencias de este sistema recaen sobre dos colectivos. El primero, los propios chavales: menores, solos, en un país que no conocen, hacinados y señalados como problema en un entorno hostil. El segundo, quienes trabajan en estos centros: profesionales del ámbito social sometidos a una presión constante, lidiando con historias de vida complejas, con la tensión vecinal, con posibles agresiones racistas y, además, con la falta de medios y apoyo por parte de las entidades gestoras. Todo ello por salarios bajos, apenas suficientes para sobrevivir.
Mientras tanto, quienes dirigen estas entidades permanecen alejados de la intervención directa, con sueldos holgados y una presencia pública limitada a actos institucionales donde se exhibe una solidaridad de escaparate, compartida con administraciones que miran hacia otro lado.
El resultado es un cóctel explosivo: trabajadores precarios y quemados, menores convertidos en chivos expiatorios, vecinos con servicios públicos degradados y una sensación generalizada de abandono. Aquí es donde entra la política.
La derecha y la extrema derecha no tienen ninguna intención de mejorar la sanidad, el transporte, la vivienda o los servicios sociales. Su estrategia es otra: agitar el miedo, asociar migración con delincuencia y capitalizar el malestar. Pero la llamada izquierda parlamentaria tampoco sale indemne. Como señala Diego Ruzzarin, “el problema es prometer de más y entregar de menos”. Se celebran datos macroeconómicos mientras los salarios no alcanzan, la vivienda es inaccesible y hacer la compra semanal roza lo imposible.
Cartes es un espejo del momento actual. No basta con consignas ni con señalar moralmente a quien protesta. Si no se transforman las condiciones materiales de vida, estos conflictos se repetirán. Y, como siempre, se enfrentará al último con el penúltimo, mientras los responsables permanecen intactos.
