Las tres universidades privadas en marcha en Asturies, la Nebrija, la Alfonso X y la Europea, seguirán su camino para entrar en funcionamiento como centros adscritos. ¿Adscritos a quién? A sí mismos. Una fórmula que CCOO e Intersindical Asturiana consideran de dudosa legalidad y que tratarán de tumbar mediante sendos recursos contencioso administrativos.
A pesar de haber barajado esta opción, IU finalmente no presentará recurso contra una decisión tomada por el PSOE en solitario, y que se llevó ya precocinada a su socio de gobierno. Cuando Ovidio Zapico se revolvió, los socialistas se pusieron chulos y amenazaron con expulsar del Ejecutivo a IU-Convocatoria por Asturies, para la que legalmente tampoco era fácil recurrir una decisión tomada por su propio gobierno, aunque fuera con su voto en contra. El artículo 20 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa limita, con excepciones, la posibilidad de interponer recursos en este tipo de situaciones. Ahora la FSA ofrece como discreta compensación a IU pactar restricciones a la instalación en el futuro de nuevas universidades privadas, así como una ley que reafirme la centralidad académica e investigadora de la universidad pública.
La apuesta de la FSA por la privada
¿Por qué Barbón ha hecho de las universidades privadas un empeño tan personal, hasta el punto de tensionar de este modo el gobierno de coalición? Existen varias razones. Desde los estrechos vínculos de una parte de la FSA con las universidades privadas y sus promotores, hasta las amenazas del alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, de montar un partido propio, opuesto a toda limitación a las grandes empresas. No obstante, es probable que tanto o más que esto haya pesado en la decisión de Barbón la creencia, entre lo naif y lo neoliberal, de que las universidades privadas son un negocio privado más, que viene a complementar la oferta pública. Los cargos socialistas se han expresado de hecho de un modo parecido al referirse a la educación privada concertada o a la sanidad privada. La privada no compite, complementa, es, con muy pocas excepciones, el mantra de los políticos de la FSA.
Las universidades privadas no son sin embargo instituciones que no interfieran en el desarrollo de la universidad pública. Al contrario, en el momento en el que una universidad privada entra en escena su principal objetivo será siempre limitar el desarrollo de la pública, sobre todo en aquellos estudios en los que entre en competencia directa con su oferta. Es decir, si el Principado autoriza a tres universidades privadas para que oferten estudios de enfermería, lo lógico es que Nebrija, Alfonso X y Europea hagan frente común para que la Universidad de Oviedo/Uviéu no aumente sus plazas de enfermería.
Estrangular la oferta pública para que los estudiantes se dirijan a la privada. Esto es básicamente lo que ha pasado en España desde principios del siglo XXI. Mientras el crecimiento de la universidad pública se estancaba a finales de los 90 con la creación de la última universidad pública, la de Cartagena, Murcia, en el año 1998, las privadas han pasado en el mismo periodo de ser 14 a superar las 46, solo cuatro menos que las públicas. Hoy los estudiantes de la privada son ya el 23% en los grados y el 50% en los posgrados. En las carreras de ciencias de la salud, las más rentables, la proporción es todavía mayor. La oferta de plazas de Medicina en universidades privadas ha crecido un 37% desde 2019, mientras que en la pública el aumento ha sido inferior al 1%.
Esta asfixia de la pública en beneficio de la privada no podría ser posible sin la colaboración subterránea de algunos políticos, decanos y rectores, es decir, de quienes toman las decisiones estratégicas sobre la planificación universitaria, no siempre pensando en el interés general. Si finalmente las tres privadas salen adelante, también en Asturies veremos las puertas giratorias moviéndose.
