La comunidad científica pide reforzar la protección del lobo ibérico con su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de vulnerable, en un contexto marcado por el avance de planes de control poblacional impulsados por varias comunidades autónomas y cuestionados por organizaciones ecologistas.
Mientras gobiernos como los de Asturies, Galicia, Cantabria y La Rioja desarrollan medidas que incluyen la muerte de ejemplares, la Sociedad Ibérica para la Conservación y Estudio de los Mamíferos ha publicado un documento en el que insta a reforzar la conservación de la especie.
La entidad científica, fundada en 1991, reclama a los gobiernos de España y Portugal, así como a las comunidades autónomas, que trabajen de forma coordinada en el seguimiento y protección del lobo ibérico, considerándolo como una única población amenazada en toda la península.
Según la SECEM, un amplio grupo de especialistas de ambos países coincide en mostrar su preocupación por la situación actual de la especie. A su juicio, la población ibérica no tiene garantizada su viabilidad a largo plazo, una conclusión que coincide con datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
El último censo oficial, publicado en junio de 2025, estima la existencia de 333 grupos reproductores en España, una cifra alejada de los 500 que los expertos consideran necesarios para asegurar una estabilidad poblacional.
Además, se calcula que en territorio español hay menos de 1.000 individuos maduros, lo que ha llevado a su clasificación como “Vulnerable” en la Lista Roja nacional de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En Portugal, la especie está catalogada como “En Peligro” desde 1990, estatus que se mantiene en el último Libro Rojo de los Mamíferos publicado en 2023.
El documento de la SECEM, remitido a las autoridades nacionales y autonómicas, también plantea la necesidad de desarrollar estrategias conjuntas de conservación y mejorar la coordinación institucional entre ambos países.
Entre las propuestas, destaca la apuesta por reforzar las medidas de prevención de daños al ganado, con un seguimiento continuo de su eficacia, así como agilizar los sistemas de compensación a los ganaderos para reducir el conflicto y favorecer la coexistencia con la especie.
Desde el ámbito ecologista, el informe ha sido valorado positivamente. Ernesto Díaz, coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, ha subrayado “el rigor” del análisis y ha criticado los discursos “alarmistas” de algunos gobiernos autonómicos.
Díaz ha acusado a ejecutivos como los de Asturies y Cantabria de utilizar al lobo como “elemento político” y ha advertido de que las acciones de control que han supuesto la muerte de cerca de un centenar de ejemplares en los últimos meses serán recurridas judicialmente por distintas organizaciones.
Según el responsable ecologista, la evaluación científica “deja en evidencia” estas políticas y refuerza la idea de que la coexistencia con el lobo es posible mediante medidas de prevención adecuadas.
