Las primeras movilizaciones por la libertad de las sindicalistas de La Suiza tuvieron lugar todavía en pandemia, con mascarillas y distancia de seguridad. Participaron en ellas apenas un puñado de personas. En lo más crudo del invierno, la movilización de los afiliados en toda España del sindicato CNT fue clave en arropar las primeras manifestaciones, celebradas en Xixón y en Madrid, cuando el caso era todavía poco conocido fuera del mundo anarcosindicalista, y las condenadas se encontraban en una situación de enorme soledad, incluso en Asturies, donde los apoyos fueron llegando poco a poco.
La apuesta por una política de alianzas amplia, unitaria, y el modelo de lucha inteligente, imaginativo, tenaz y constante adoptado por Sofitu y CNT, dosificando entre grandes movilizaciones puntuales y un goteo de pequeñas acciones e iniciativas a lo largo de los meses, fue permitiendo un progresivo ensanchamiento de la base social de un movimiento solidario que a lo largo de cinco años de lucha fue sacando el caso de la criminalización y la marginalidad hasta llevarlo no solo a las calles y las redes, sino también al mainstream, al plató de La Revuelta y el Consejo de Ministros.
El caso de La Suiza deja a todos los que lo hemos seguido desde cerca un sabor agridulce. Agrio porque las seis sindicalistas hayan terminado entrando en la cárcel, aunque fuera con un tercer grado. Dulce por la reacción social que, contra viento y marea, ha logrado organizarse a lo largo de estos cinco años, y sin la que no se explica un indulto que todavía siguen esperando dos de Los 6 de Zaragoza, todavía en prisión.
El caso de La Suiza deja también una advertencia y un mandato. La advertencia es que tras ocho años de gobiernos de Pedro Sánchez, en solitario o con distintas fórmulas de coalición, la Ley Mordaza sigue ahí, intacta, así como el delito de injurias a la Corona, un delito usado para condenar a los raperos Valtònyc y Pablo Hassel, este último todavía en prisión. ¿Cómo podría ser la aplicación de estas u otras leyes, de signo reaccionario, bajo un Gobierno de PP y Vox, amparando a los sectores más ultramontanos de la policía, la judicatura y los medios de comunicación?
El mandato, seguir organizándonos en defensa de las libertades democráticas. Gobierne quien gobierne.
